Avanza la causa judicial por la presunta asociación ilícita dedicada a ingresar teléfonos, droga y otros elementos prohibidos en la Cárcel de Varones de Bouwer.
La investigación a cargo del fiscal de Delitos Complejos 1 de Córdoba, Enrique Gavier, tiene imputados como presuntos jefes de asociación ilícita a Alicio Dagatti (empresario frigorífico, de medios y presidente del Club Estudiantes de Río Cuarto), a su hijo Ignacio Dagatti, titular del frigorífico Livorno, y al director de esa empresa, Luis Mina.
Fue en diciembre del 2023 que se detectó un camión de Livorno con teléfonos, droga y otros elementos prohibidos, escondidos entre las medias reses destinadas al Establecimiento Penitenciario.
En diciembre del 2024, Alicio Dagatti, su hijo Ignacio y Luis Mina fueron detenidos. Luego se apresó al guardiacárceles Ramón Farías y a un empleado del transportista, Maximiliano Irusta.
En paralelo, el chofer del camión, Néstor Lucero, fue condenado a cinco años y dos meses de prisión, en otra causa, por el ingreso de los estupefacientes.
La investigación de Gavier se centra en el intento de ingresar teléfonos en el camión frigorífico. Cabe recordar que el fiscal ya desbarató una megabanda de fraudes telefónicos, el llamado “call center tumbero” que arrastró a las máximas autoridades de Bouwer en el 2023.
Abogada complicada
La novedad es que, en las últimas horas, Gavier dictó la prisión preventiva a los últimos tres detenidos como presuntos miembros de la asociación ilícita endilgada a los Dagatti. Se trata de la abogada Virginia Collosa; el veterinario Roberto González y el encargado de las cámaras frigoríficas de Livorno, Federico Giardina.
Lo que más complica a estos últimos imputados es una situación generada con las medias reses entre las que estaban escondida la droga y los celulares interceptados en diciembre del 2023. Esa carne le fue devuelta a Livorno en mal estado y se presume que la “reperfilaron” y la volvieron a introducir.
Según la investigación de Gavier aunque Livorno declaró haber destruido esa partida y deslindó todas las responsabilidades en la transportista (hasta le reclamó un resarcimiento por la carne perdida), con una maniobra aceitada e irregular, los ahora imputados lograron volver a ingresar en Bouwer esa carne en mal estado, según la causa.
“Las probanzas reunidas a lo largo de la investigación permitieron acreditar fehacientemente el grado de planificación que caracteriza a esta agrupación y la especial habilidad que sus integrantes exhibieron para desarrollar su actividad criminal de forma eficaz”, explica la resolución del fiscal.
Y adelanta: “Si bien aún no han sido atribuidos otros hechos a los imputados, las constancias probatorias evidencian que resulta plausible que hayan lesionado bienes jurídicos, como la propiedad, la fe pública y la salud pública”.
Investigan el destino del dinero
Hasta el momento, son ocho los imputados por supuesta asociación ilícita. Gavier deja entrever que justifica las prisiones preventivas por la “importante estructura de la organización” .
“Se trata de una organización criminal muy compleja que permitió la introducción y comercialización ilegal de elementos prohibidos dentro del complejo carcelario, para lo cual debió contar con proveedores, la complicidad de las personas encargadas de realizar los controles, los receptores de tales elementos en cada establecimiento y los comercializadores”, expresa. Y remarca: “Paralelamente, comercializaba productos cárnicos en mal estado, omitía dar cumplimiento a la normativa de Senasa (…) engañaban al funcionario estatal que controlaba”.
Para el fiscal, la organización presuntamente liderada por Alicio Dagatti, su hijo y el titular de Livorno, Luis Mina era “una organización criminal especialmente preparada, con una gran cantidad de recursos y capacidades para llevar a adelante su quehacer delictivo”, según la causa..
Gavier argumenta que tal capacidad podría ser utilizada por los imputados para entorpecer la investigación o darse a la fuga, con lo que justifica el dictado de las prisiones preventivas.
El fiscal menciona que también investiga el destino del dinero obtenido por la presunta banda.
“A esta altura no ha podido establecerse el real alcance ni el destino del dinero espurio obtenido a través de los fraudes, habiendo quedado acreditado que las sumas de dinero que manejaban eran altas, que para la actividad desplegada se utilizaba dinero en efectivo dificultando su rastreo, desconociéndose el destino real que la agrupación le dio a estos fondos dinerarios ilegalmente obtenidos”, advierte.
En el caso particular de Collosa, se cree que, valiéndose de su profesión de abogada llevó adelante la tramitación y gestión de documentación para conferir apariencia de regularidad a actividades de la agrupación criminal. Hay registros de que Ignacio Dagatti, le refirió a Mina que ella era “la encargada de ir viendo y calzando” documentación presuntamente falsa. Se consigna que trabajó unos nueve años para diferentes empresas de la familia Dagatti, que tenía con ellos una relación de confianza, y entre otros datos, que el supuesto jefe de la banda le habría entregado una suma cercana a los 22 mil dólares para comprar un vehículo.
Con respecto a Roberto González, el fiscal sostiene que habría ocultado numerosas irregularidades en la planta frigorífica, “consintiendo el uso de su sello registral del Senasa y suscribiendo documentación falsa”. Se menciona que para la contratación de un profesional recomendó buscar a alguien “que ponga el gancho en el sentido de mentir en los papeles sabiendo que algunas cosas se hacen mal o no se hacen”.
En la causa también se revela como Giardina habría “perfilado” la carne en mal estado de Bouwer para volverla a enviar y varias maniobras más para ocultar hechos irregulares y hasta casos de triquinosis.
El fiscal también subraya, como indicador de “peligrosidad procesal”, la “especial habilidad de la organización para sumar entre sus filas a funcionarios públicos, quienes, como se vio reflejado, no tuvieron escrúpulos para lesionar los deberes y responsabilidades que tienen a su cargo”.
