El fiscal de Delitos Complejos de la ciudad de Córdoba Enrique Gavier avanza en la investigación abierta en diciembre del 2023, tras el descubrimiento de teléfonos celulares, droga y otros elementos prohibidos entre la carne ingresada en el Establecimiento Penitenciario de Bouwer.
En las últimas horas ordenó la detención de Luis Claudio Casiraghi (38) quien trabajaba en el frigorífico Livorno de Río Cuarto y se habría ocupado del despacho de las medias reses y su documentación.
Ya están con prisión preventiva en la causa, como presuntos jefes de la asociación ilícita, Alicio Dagatti, empresario frigorífico y de medios y presidente de Estudiantes de Río Cuarto, su hijo Ignacio Dagatti, titular del frigorífico Livorno, y el director de la empresa, Luis Mina.
Además están detenidos la abogada de Dagatti, Virginia Collosa; el veterinario Roberto González; el empleado del frigorífico, Federico Giardina; el guardiacárcel Ramón Farías, y transportista Maximiliano Irusta.
Gavier presume que los celulares ingresados ilegalmente estaban destinados a un “call center tumbero”, organización que, con complicidad oficial, se dedicaba a cometer estafas telefónicas desde los pabellones carcelarios.
Pero además, la fiscalía supone que cuando se frenó en Bouwer del llamado “camión narco”, toda la carne que le devolvieron a Livorno, que habría estado parada horas y no estaba en condiciones, fue reingresada al complejo con documentación falsa.
En este sentido hay escuchas que comprometería a los Dagatti, a su abogada, al director del frigorífico, al veterinario y otros empleados que hasta se ocuparon de “reperfilar” las medias reses, para que no se advirtiera su mal estado.
Se presume que el aporte del último detenido, Casiraghi, a la organización era falsificar la documentación. Todos los detenidos están alojados en Bouwer.
Según Gavier, la asociación ilícita presuntamente liderada por Alicio Dagatti, su hijo, y el titular de Livorno, Luis Mina era “una organización criminal especialmente preparada, con una gran cantidad de recursos y capacidades para llevar a adelante su quehacer delictivo”.
Para el fiscal, tal capacidad podría ser utilizada por los imputados para entorpecer la investigación o darse a la fuga, con lo que justifica el dictado de las prisiones preventivas.
El fiscal dejó entrever que también investiga el destino del dinero obtenido por la presunta banda. “A esta altura no ha podido establecerse el real alcance ni el destino del dinero espurio obtenido a través de los fraudes, habiendo quedado acreditado que las sumas de dinero que manejaban eran altas, que para la actividad desplegada se utilizaba dinero en efectivo dificultando su rastreo, desconociéndose el destino real que la agrupación le dio a estos fondos dinerarios ilegalmente obtenidos”, menciona Gavier.
