Mientras se aguarda que el fiscal provincial Enrique Gavier decida sobre la prisión preventiva de la abogada de Alicio Dagatti, Virginia Collosa y otros imputados, el empresario frigorífico detenido en diciembre del 2024 tuvo otro revés en la Justicia federal.
Este viernes, la Sala B de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba descartó un reclamo de nulidad de su defensa y confirmó el rechazo del planteo de incompetencia vía inhibitoria resuelto por el Juzgado Federal N° 1, a cargo de Alejandro Sánchez Freytes.
Alicio Dagatti, presidente de Estudiantes, empresario frigorífico y de medios de Río Cuarto, fue detenido a fines del año anterior por un hecho cometido el 26 de diciembre del 2023. Un camión con carne del Frigorífico Livorno, propiedad del hijo de Dagatti, Ignacio, fue interceptado cuando intentaba ingresar al establecimiento penitenciario de Bouwer. Llevaba, entre las medias reses, celulares, cargadores, alcohol y droga.
El 4 de diciembre del 2024, en el marco de la investigación de los llamados “call center tumberos”, el fiscal de delitos complejos Enrique Gavier, detuvo a Alicio e Ignacio Dagatti; al director de Livorno, Luis María Mina; a un empleado del transportista, Maximiliano Irusta, y, luego, al guardiacárcel Ramón Alexis Farías. Les imputó asociación ilícita.
En marzo último, el mismo día en que una camarista declaró la nulidad de los decretos de detención de los Dagatti, por falta de fundamentos, el fiscal Gavier dictó la prisión preventiva con una abultada cantidad de argumentos.
Con ese panorama, con la expectativa de cambiar la situación y obtener la libertad de Dagatti, la defensa viene insistiendo para que la causa pase al fuero federal.
Pero el viernes obtuvo otro revés. Sánchez Freytes ya había entendido que correspondía que a Dagatti lo siga investigando Gavier. Ahora, el camarista Abel Sánchez Torres confirmó esa posición en resguardo de “la autonomía provincial”.
Entre otros argumentos se menciona “lo avanzado del proceso”, porque ya existe hasta una condena firme de la Justicia provincial (caso Lucero) por este hecho.
Y deja sentado que el tema central de la investigación de Gavier sería el ingreso de teléfonos para cometer otros delitos, y no tanto la droga secuestrada que encuadraría en narcomenudeo (casi dos kilos de marihuana, 14 gramos de cocaína y dos blíster de diez pastillas).
Más investigaciones contra Dagatti
En la Justicia de Córdoba ya fue juzgado y condenado a cinco años y dos meses de prisión Néstor Lucero, el chofer del llamado “camión narco”.
Se los juzgó por intentar ingresar en Bouwer, aquel 26 de diciembre del 2023, droga escondida entre la carne de Livorno. El arrepentido de esa causa declaró que Dagatti le habría pagado en tres oportunidades para que también ingresará celulares.
La Justicia federal menciona que el empresario del sur provincial tiene abierta otra investigación (sin imputación), en una Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico.
Los defensores Matías Pueyrredón y Germán Garavano consideraron “arbitraria” y “huérfana de fundamentación” la calificación del hecho de Bouwer como “narcomenudeo”.
Con la idea de que la causa cambie de fuero, llegaron a sostener que “no puede descartarse sin más que la presunta organización criminal no estuviera involucrada en hechos de transporte, suministro o comercio de estupefacientes en los establecimientos carcelarios de forma organizada y con distribución de roles, lo cual daría motivos para declarar la competencia de la Justicia federal”.
En definitiva, insistieron para que se inhiba a la Justicia provincial. El camarista Sánchez Torres, del tribunal de alzada, les retrucó que la competencia federal “es de carácter excepcional, estricto y limitativo, reservado para los delitos que expresamente le sean atribuidos”, aquellos que ponen en juego “un interés concreto del Estado federal”.
Recordó que por ley 26.052, se investigan en la órbita de la Justicia provincial los casos de comercio de estupefacientes “fraccionados en dosis destinadas directamente al consumidor” y les rechazó el planteo.
En la resolución federal se mencionan, en total, ocho imputados en la causa por asociación ilícita. Además de los Dagatti y Mina (considerados jefes) Farías, Irusta, los últimos detenidos: Virginia Collosa (exabogada y colaboradora de Dagatti en Río Cuarto), Roberto Adrián González y Federico Emanuel Giardina. Se espera que en cuestión de horas Gavier resuelva si les dicta la prisión preventiva.
Además se consigna que la fiscalía de Gavier también está investiga la posible comisión de delitos contra la salud pública, concretamente de propagación de enfermedades peligrosas.
En el decreto de prisión preventiva de Dagatti, Gavier adelantó que “el ingreso de elementos prohibidos de manera clandestina a los establecimientos penitenciarios no habría sido la única actividad ilícita que la empresa criminal desarrollaba, sino y si bien aún se encuentran en su etapa investigativa, también con otras conductas habrían violentado otros bienes jurídicos como la propiedad del estado provincial y de particulares, la salud pública, la fe pública y la administración pública”.
Gavier busca determinar si las empresas frigoríficas de la familia Dagatti, también comercializaban productos cárnicos de escasa calidad, con indiferencia sobre el impacto en la salud de sus consumidores.
Por información rescatada de los teléfonos de los imputados, la investigación presume que los Dagatti volvieron a ingresar reses en mal estado que habían sido rechazadas en Bouwer (causa que complica la situación de Collosa); que estuvieron vinculados con casos de triquinosis en el sur provincial, y hasta con un ofrecimiento de dinero ante una queja pública por parásitos y gusanos en carne comercializada por una carnicería de Río Cuarto.
