A los escándalos por corrupción penitenciaria en Bouwer, se sumó el hecho de que en 2022 tres presos tomaron de rehenes a otros internos para exigir dinero y drogas a sus familiares a cambio de la liberación, tras lo cual uno de aquellos reos-secuestradores fue ahora detenido y otro está prófugo, ya que ambos habían cumplido sus condenas originales, pero ahora quedaron implicados en la nueva causa del secuestro.
El grave hecho de secuestro extorsivo cometido en el interior del complejo carcelario de Bouwer es investigado por el fiscal federal N° 3, Maximiliano Hairabedian, en coordinación con el Departamento Antisecuestro, de la Dirección de Delitos Complejos, de la Policía.
Córdoba: el secuestro extorsivo en Bouwer
En 2022, mediante engaños, dos internos de origen extranjero (condenados por narcotráfico) fueron trasladados a una de las celdas del pabellón de máxima seguridad MX1. Una vez allí, fueron retenidos por tres presos que portaban armas blancas.
Amenazándolos con herirlos, los obligaron a llamar por teléfono a sus familiares que se encontraban fuera del establecimiento para exigirles dinero y drogas (configurando un secuestro extorsivo) a cambio de la liberación.
“Hicieron una videoconferencia con celulares y con cuchillos, exhibiéndoselos a los familiares de las víctimas. Les pidieron dinero y drogas a las personas que estaban afuera”, indicó el fiscal.
Finalmente, y luego de varios llamados, sus familiares pagaron el rescate al cabo de una hora. “Por la urgencia de la situación (los presos captores) terminaron liberándolos cuando un hermano de un preso (secuestrado en la misma cárcel) se encontró con un sujeto (fuera de la prisión) en el centro. El dinero fue menos que el pedido”, precisó.
Producto de la larga investigación, debido a que los dos presos secuestrados no quisieron denunciar quiénes habían sido sus captores, fueron identificados los tres presos sospechosos cuando los abogados de las víctimas pidieron en la Justicia provincial un cambio de pabellón por el hostigamiento que luego habrían sufrido de sus otrora secuestradores.
“La demora (en comunicar el hecho) tiene que ver principalmente con la reticencia de las víctimas para individualizar a los autores del hecho. Los presos rehenes, por razones obvias del propio Servicio Penitenciario, nunca quisieron decirlo con nombre y apellido. Hubo que hacer una tarea artesanal de la Dirección de Investigaciones de la Policía”, precisó.
El hecho se conoció ahora y derivó en varios allanamientos realizados en barrio Marqués Anexo en busca de dos de los tres presos, sospechados de haber secuestrado a los dos internos, ya que habían recuperado la libertad respecto de la condena que estaban cumpliendo al momento del secuestro extorsivo.
Uno de esos dos ex-presos implicados fue detenido, ahora por la causa del secuestro, e imputado por Hairabedian por secuestro extorsivo agravado por la cantidad de intervinientes y por haber cobrado rescate. Otro sigue prófugo, mientras que el tercer captor continúa en Bouwer, donde purga su pena original en el marco de una causa provincial, a la que se le suma ahora esta federal (por secuestro extorsivo).
El fiscal dijo que no surgieron elementos probatorios que hicieran pensar en la complicidad del personal penitenciario. “No tenemos información de complicidades porque en testimoniales no se ve participar a personal del Servicio Penitenciario”, añadió.
Negó que la cárcel de Bouwer estuviera “liberada”. “No, pero sí hay una cuestión de inseguridad dentro del pabellón, que fue evidente porque esto sucede dentro de una cárcel, con captores y víctimas dentro de una cárcel”, consideró.
Corrupción penitenciaria en Córdoba
La corrupción penitenciaria dio paso a la intervención del Servicio Penitenciario de Córdoba (SPC), a cargo del exfiscal federal y General de la Provincia Gustavo Vidal Lascano. En mayo, el funcionario pidió al Órgano de Control de las Fuerzas de Seguridad de Córdoba que iniciara una investigación administrativa contra todos los oficiales y suboficiales carcelarios que siguieron tratando como su jefe del SPC a Juan María Bouvier, tras su detención.
Le permitieron privilegios muy diferentes a los de cualquier interno, sin impedimentos para mantener y usar un teléfono celular, atender a su contador e incluso recibir a un amigo que le llevó de regalo gaseosas y chocolates.
Los privilegios del interno Bouvier –durante 15 años, jefe del SPC– salieron a la luz en un capítulo de la resolución del fiscal provincal Enrique Gavier, quien le dictó la prisión preventiva por considerarlo el líder de una asociación ilícita que cometió una larga serie de delitos en las cárceles: desde la venta de favores a los internos hasta la operación de bandas dedicadas a estafas telefónicas, conocidas como “call centers tumberos”.
Incluso, con un tarifario para cada producto o servicio ofrecido a este auténtico mercado “cautivo”: por autorizar una visita íntima, $ 180 mil; por habilitar el traslado de un establecimiento a otro, $ 400 mil; y si fuera a otra provincia, hasta U$S 25 mil; por permitir el ingreso de un celular, de $ 600 mil a $ 800 mil, dependiendo del modelo. El cargo de “pluma” –jefe del pabellón– pagaba un canon de $ 1,2 millones de pesos los primeros seis meses y luego, de $ 600 mil por mes.
La acusación del fiscal Gavier por integrar una asociación ilícita y producir varios hechos de extorsión alcanza a Bouvier y a Guadalupe Barbero, a Darío José Tello Pajón, a Víctor Hugo Vivas, a Diego Martín Ayala y a Héctor Hugo Robledo, todos exjefes penitenciarios, subordinados de Bouvier.
