En un fallo de las últimas horas, la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal anuló el sobreseimiento a los directores de la cadena de heladerías Grido, por lo que deberían enfrentar un juicio oral por el presunto delito de asociación ilícita fiscal en Córdoba.
La sentencia alcanza a Oscar Lucas Santiago, a Lucas Santiago y a Sebastián Oscar Santiago.
El fallo, por mayoría, rechazó la decisión que oportunamente había adoptado el Tribunal Oral Federal 2 de Córdoba, que determinó, en agosto de 2024, que ese delito estaba alcanzado por la ley de blanqueo.
La causa se inició por supuestos delitos cometidos entre los años 2007 y 2012. Se acusó a los tres directivos de integrar presuntamente una “asociación destinada a cometer delitos tributarios para aumentar sus ganancias”.
El año pasado, los empresarios adhirieron al blanqueo habilitado por la ley 26.860, reconocieron el delito y suscribieron certificados de depósito para inversión (Cedin) por U$S 2 millones.
Los empresarios apuntaron a extender los beneficios del régimen al delito de asociación ilícita fiscal. La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal rechazó la solicitud.
Entonces, los ejecutivos ofrecieron una “reparación integral del daño causado” por $ 240 millones, destinados a distintas organizaciones de bien público. En paralelo, sus abogados solicitaron la aplicación retroactiva del régimen de regularización excepcional de obligaciones tributarias aprobado el año pasado, que plantea que la extinción de la acción penal aplica también a los imputados por delitos fiscales comunes.
El fiscal federal Carlos Gonella se opuso, pero el TOF 2, en fallo dividido, accedió al pedido. Ahora, la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal revocó el sobreseimiento.
Las acciones por las que los ejecutivos llegaron a la Justicia incluían presuntas irregularidades fiscales en las operaciones de producción, de distribución y de comercialización de helados e insumos, involucrando incluso a terceros y a franquiciados.
Fuentes de la empresa, consultadas por La Nación, indicaron que la resolución “no está firme” y que la causa “vuelve a instancias anteriores, en las que se proponían alternativas de solución”.
La firma cordobesa es la cuarta vendedora de helados del mundo. En total, elabora cada año cerca de 90 millones de kilos de cremas heladas en su planta de la ciudad de Córdoba. Grido cuenta con más de 1.900 locales distribuidos entre Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile y Perú.
Cuando oportunamente se opuso al ofrecimiento de los empresarios, el fiscal Gonella señaló que, al reglamentar la ley 27.743, el presidente Javier Milei fue más allá de la letra de la norma, porque ese instrumento no incorporaba dentro de la amnistía a la asociación ilícita y el Presidente incluyó justamente el “delito más grave” de los ilícitos tributarios.
Para Gonella, esa “extralimitación” tiene que ver con haber asumido el Ejecutivo facultades legislativas que no le corresponden, por lo que considera que el decreto era inconstitucional.
Añadió, en su momento el fiscal, que el objeto de un decreto reglamentario es establecer la operatividad de una norma, no la de incorporar lo que el legislador no dice.
Antes de acudir a la Cámara de Casación Penal, el fiscal Gonella señaló que “es un típico caso en el que tiene que fallar la Corte Suprema, porque hay una clara cuestión federal”.
