El mismo día que el juez federal Alejandro Sánchez Freytes excarceló a Diego Sebastián "Pritty" Sánchez (43) en la causa de las financieras con duros reproches al fiscal Carlos María Casas Nóblega, este firmó la apelación en contra de la liberación del líder de la financiera de Villa Belgrano.
"No comparto los argumentos esgrimidos por el señor juez" y existen "claros y concretos indicios de peligrosidad procesal que justifican el mantenimiento de las medidas coercitivas", dice Casas Nóblega en un escrito en el que utiliza expresiones respetuosas hacia el magistrado.
Sin embargo, también se ocupa de responderle a Sánchez Freytes que haber dicho que boicoteaba y hacía peligrar el éxito de la investigación no implica una falta de respeto. Entiende que el magistrado lo tomó como algo "personal".
Como lo viene haciendo en otros recursos, Casas Nóblega, para refutar las decisiones del juez de liberar a los acusados en la causa de la financiera de Villa Belgrano, en el noroeste de la ciudad de Córdoba, cita el procesamiento del magistrado del 14 de octubre en el cual coincidió en que existían indicios de peligrosidad procesal de los imputados. Insiste el fiscal en que esas condiciones no variaron, a pesar del avance del proceso.
Por esto, en un tramo de su escrito firmado a última hora de este martes 13, el fiscal federal califica el accionar del juez como un "festival de excarcelaciones". En los últimos meses de 2020, obtuvieron la prisión domiciliaria los dos jefes de la presunta asociación ilícita, "Pritty" Sánchez y Martín Azar (43), el padre y la madre de este, Miguel Ángel "Mili" Azar (69) y María Isabel "Marilí" Valoni (63), respectivamente, y su esposa Agustina Cherro (28).
Posteriormente, en marzo recibieron la libertad plena, bajo caución, los padres y la esposa de Martín Azar. Este martes la obtuvo también Sánchez y queda Martín como único detenido con prisión domiciliaria. Casas Nóblega muestra en este último escrito su preocupación porque este diario publicó que el abogado de este imputado, Esteban Yangüez Papagenadio, anticipó que pedirá la excarcelación. "Ha trascendido por medios periodísticos que la defensa de Martín Azar, envalentonada con la nueva postura del decisor, está por pedir también la excarcelación, que me imagino será analizada con lupa por el magistrado de garantías, ya que es el jefe máximo de la banda", sostiene el representante del Ministerio Público Fiscal (MPF).
Fundamentos de peligrosidad
En sus fundamentos para oponerse a la excarcelación de Sánchez, Casas Nóblega enumera la "naturaleza y circunstancia de los ilícitos" como organizador de asociación ilícita, intermediación financiera no autorizada y lavado de activo de origen delictivo. También le adjudica tenencia de arma de fuego de uso civil sin autorización.
Además de insistir en que la pena que le correspondería no sería de ejecución condicional, el fiscal sostiene que hay "riesgo de entorpecimiento de la investigación por parte de los imputados, toda vez que esta aún se encuentra en curso".
Casas Nóblega reconoce que hubo avances en la investigación, pero cita como pendientes "las solicitudes de informes a la Unidad de Información Financiera (UIF) y las fiscalizaciones pendientes por parte de Afip-DGI, que podrían sumar información sobre los hechos, como así también en relación con bienes ocultos y otras personas involucradas".
Para el instructor, "los jefes de la asociación ilícita tienen una identidad de maniobra en relación con el lavado de activos de origen delictivo, que implica utilizar terceras personas vinculadas a ellos –sobre todo familiares– para ocultar su patrimonio y así disimular la ganancia espuria conseguida de las maniobras ilícitas".
También cita como peligro procesal "la disolución voluntaria de las sociedades extranjeras utilizadas por la asociación ilícita con fines delictivos (Valoni Corp. y Angel USA Corp.) a nombre de los padres de Martín Azar, el cual encabezaba la asociación junto al encartado Sánchez, luego de darse la primera imputación".
Mencionando el conocido fallo "Díaz Bessone" de la Cámara Federal de Casación Penal de la Nación, enumera como indicadores de peligrosidad, presentes en esta causa, "el peso de la prueba o solidez de la imputación", la "facilidad de irse del país u ocultarse" y la "complejidad de la causa".
Poniendo énfasis en los delitos cometidos contra el fisco o perseguidos por el Estado, Casas Nóblega le recuerda al juez en su pedido de apelación los "altos compromisos internacionales asumidos por nuestro país en cuanto a la persecución y represión de estos delitos de orden económico-financiero, lo cual vislumbra la gravedad de los hechos bajo investigación".
Aclaraciones
Casas Nóblega está cumpliendo casi un año a cargo de la Fiscalía Federal Nº 2, lo que habla de la vigencia de su nueva relación con el juez Sánchez Freytes. El actual incidente es el primer choque que tiene con el magistrado que le reprochó haber hablado de boicot a la investigación, como así también incurrir en "descortesía y atrevimiento" y usar "lenguaje insolente".
En esta apelación dirigida al magistrado, el fiscal señala: "Mis dichos en modo alguno han constituido una posición personal contra el señor juez, sino simplemente enrolada con mi función de velar por los intereses generales de la sociedad, que están cansados de ver que en este país no se hace justicia".
Luego, explica: "Quizá el término \'boicotear\' la investigación como adjetivo calificativo puede haber sido fuerte; tan es así que el magistrado lo significa como una descortesía y un atrevimiento de mi parte, pero no es tal la intención que tuve en proferirla".
"En modo alguno, quien me conoce desde mis 27 años de trayectoria en la Justicia –incluso como juez de sentencia– alguien dijo algo semejante, incluso la alusión a un lenguaje \'insolente\'. Claramente el juzgador lo ha tomado de modo personal, incurriendo en adjetivos calificativos que no se esperan de quien debe guardar equidistancia con las partes en condiciones de imparcialidad y así poder administrar justicia con la sobriedad y prudencia que tal cargo requiere".
"De las partes puede esperarse vehemencia para persuadir al juez que resuelva en un determinado sentido y es obvio que en tal consecución pueden efectuar adjetivaciones", le dice a Sánchez Freytes.
Luego, Casas Nóblega insiste y vuelve a la carga: "El juez sabe que los acusados han entorpecido el proceso, incluso estando presos, y no obstante los libera. Por eso es que se afirmó y se sigue afirmando que claramente se ha desentendido del éxito de la investigación, porque pueden seguir interfiriendo con la investigación como lo hicieron, pero ahora gozando de amplia autonomía en libertad".
Para terminar, el fiscal resume los argumentos que justifican su apelación: "Atento a que las actuaciones no se encuentran culminadas; que restan medidas de instrucción por diligenciar; que el mencionado tenía un rol superior en una asociación ilícita donde personas de confianza trabajaban organizadamente estando conectadas por diversos medios y por el vínculo afectivo y de lealtad familiar que los une, quienes poseían firmas comerciales y cuentas bancarias en distintos países, con domicilios constituidos en el exterior; que entorpecieron la investigación en cuanto ocurrió la primera imputación; que poseen conocimientos y medios económicos suficientes para egresar del país en forma irregular e incluso vivir en la clandestinidad; y que a su vez resta determinar aún, por la instrucción, la participación de otras personas en el accionar delictivo de estos hechos y el peligro que entrañaría para los fines del proceso que los miembros de la organización se contactaran con ellos para procurar desviar y entorpecer el curso de la investigación".
