El final del extenso alegato del fiscal Marcelo Hidalgo se vio coronado con pedidos de pena elevados para los acusados del encubrimiento del crimen de Valentino Blas Correas (17) y la remisión de antecedentes para investigar judicialmente a funcionarios policiales y políticos que no habrían tenido una actuación acorde con la ley.
Respecto de esto último, el acusador público pidió que se envíen antecedentes de la causa a un fiscal de turno para que investigue la actuación del exministro de Seguridad Alfonso Mosquera, a su exsecretario Lucas Mezzano y al comisario mayor Gonzalo Cumplido.
Los tres habían quedado envueltos en operaciones que se vivenciaron a finales de 2023 cuando este juicio los tuvo como testigos. Quedó pendiente acaso la realización de un careo, pero si se emprende una investigación judicial agotará con creces lo que cada uno de ellos pueda aportar, eventualmente como imputados.
Cumplido atacó a Mosquera por supuestas órdenes que había recibido, lo que fue desmentido por el ministro. Mezzano, a su vez, desnudó algunas incoherencias sobre la asignación de un Toyota Corolla al comisario, la que se prolongó hasta mucho más allá de su actividad como policía.
“Maquinaria tropera”
Al alegar por los hechos relacionados con las actividades de encubrimiento, el fiscal de cámara Marcelo Hidalgo reiteró que hay efectivos policiales que funcionan como “maquinaria tropera”. Así lo había manifestado al iniciar el juicio, a la hora de presentar el caso ante el jurado popular.
Antes del pedido de condenas, Hidalgo pidió al jurado popular que condene a esos imputados y que los damnificados sean declarados víctimas de “violencia institucional”, otra de las expresiones que el fiscal perteneciente a la Cámara 3ª utilizó al iniciar el debate oral.
Hidalgo sostuvo que desde las altas esferas policiales se deja a “los juanes” y subordinados que actúen con libertad y que, si surge un ilícito, luego se ve de qué forma se encubre el hecho.
Hay que recordar que en la primera audiencia de alegatos, el miércoles pasado, el fiscal Fernando López Villagra solicitó penas de prisión perpetua para los dos acusados del crimen de Blas, los cabos 1° Lucas Damián Gómez y Javier Catriel Alarcón.
Pedidos de pena
Entre los pedidos de pena a los 11 uniformados involucrados entre otros cargos como encubrimiento y falso testimonio, el fiscal solicitó para Yamila Florencia Martínez cinco años y nueves meses de prisión; a Wanda Micaela Esquivel, cinco años; a Walter Eduardo Soria, seis años; a Enzo Gustavo Quiroga, cinco años y nueve meses; a Jorge Ariel Galleguillo, seis años; a Juan Antonio Gatica, seis años; a Leonardo Alejandro Martínez cinco años; a Ezequiel Agustín Vélez, cinco años; a Leandro Alexis Quevedo, cinco años y cuatro meses; a Sergio Alejandro González, seis años; y Rodrigo Emanuel Tolosa, cinco años.
En este punto, fue crucial para el fiscal que estas penas sean de cumplimiento efectivo por “el daño por el injusto causado” y porque la personalidad moral de ellos actuó para evitar el estupor que podía causar el crimen de Blas.
En tanto, a estos 11 acusados el representante del Ministerio Público les pidió inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos e inhabilitación absoluta por tres años más del plazo de su condena.
Remisión de antecedentes
Entre estos mismos acusados, Hidalgo también pidió que se los investigue por nuevos delitos a Soria, Galleguillo, Gatica, Alarcón, Esquivel, Martínez y Toloza por el supuesto delito de falsedad ideológica; en tanto que a Vélez, por omisión de los deberes de funcionario público.
Por otra parte, para todos los funcionarios que asistieron a la esquina céntrica de Chacabuco y Corrientes, donde quedó el Fiat Argo con Blas agonizando en su interior, se pidió que se los investigue por omisión de auxilio.
Entre otros pedidos, también se solicitó que Cumplido sea investigado por encubrimiento, al igual que otros altos jefes policiales. Lo mismo sucederá con miembros del Tribunal de Conducta Policial que pasaron a situación pasiva el día anterior al inicio de este juicio.
En el plano político, a Mosquera y Mezzano, la Fiscalía les reprocha los cargos de abuso de autoridad y malversación de caudales públicos, esto último por haberle entregado un vehículo a Cumplido, el que se mantuvo durante meses después del crimen y después de que este comisario haya sido pasado a retiro.
Cumplido ya había sido imputado durante la instrucción de esta causa por el fiscal instructor José Mana, pero luego fue sobreseído -con la defensa de Darío Vezzaro- cuando su expediente pasó al fuero Anticorrupción.
En algunos pasajes el fiscal Hidalgo fue genérico en cuanto a la responsabilidad de algunos funcionarios policiales que debían ser investigados por su desempeño en este caso.
También sostuvo que se debían rever los protocolos que permitieron que el cabo 1° Alarcón estuviera en la calle con un arma luego de haber reprobado en los exámenes de tiro.
