- El magistrado Miguel Vaca Narvaja ratificó que el exvicepresidente de la financiera no fue víctima de un homicidio.
- Quejas de familiares del empresario.
Un largo recorrido judicial terminó por confirmar que el vicepresidente de la financiera Cordubensis (CBI), Jorge Suau, se suicidó entre el 12 y el 13 de febrero de 2014. Así lo dispuso ayer el juez federal Nº 3 de Córdoba, Miguel Hugo Vaca Narvaja, tras concluir que no hubo delito alguno en la muerte, en respuesta a un reciente pedido de archivo del fiscal Enrique Senestrari.
La muerte que ofrecía algunas dudas sobre su etiología fue el prólogo de la caída de CBI en medio de una corrida financiera, decenas de ahorristas estafados y un iceberg de delitos federales que emergieron y terminaron en condenas de prisión efectiva el 27 de junio de 2019 a cargo del Tribunal Oral Federal 2.
Quien fuera presidente de la firma, Eduardo Rodrigo, sus socios y Miguel Vera, el principal responsable de lavado a través de una sucursal del Banco Nación, fueron los principales condenados de una causa cuya sentencia aún no está firme.
Casualmente, para el próximo 3 de marzo está previsto el comienzo del segundo juicio de esta megacausa con el núcleo de socios de vuelta en el banquillo de acusados y otros supuestos responsables de maniobras financieras, evasiones y lavado, entre otras figuras penales.
Por fallecimiento, Suau fue sobreseído de los delitos de intermediación financiera, estafas reiteradas, lavado de activos, evasión tributaria, entre otros. A partir de ese momento, la incógnita sobre el vicepresidente se redujo a determinar cómo había muerto y si era el autor de la carta póstuma dirigida a través de su última pareja a la Justicia federal. Esa misiva terminó transformándose en hoja de ruta de la investigación.
Ahora, Vaca Narvaja respondió a un pedido de archivo formulado por Senestrari en los últimos días de diciembre de 2020. El juez archiva al señalar que no se constata delito.
A la par que se apoya la idea de una muerte autoinfligida, se sostiene que Suau ingresó en su computadora personal para ver formas de suicidarse y se indica que falleció envenenado por monóxido de carbono, con quemaduras en su piel.
La asfixia provocada por ese gas se produjo por la combustión de nafta, cuya explosión dañó la carrocería pero no los vidrios. En la misma línea, se indica que Suau no sufrió amenazas en sus últimas horas y, en cambio, atravesaba una situación psicológica delicada.
Querellante disconforme
Ayer, al caer la tarde, el juzgado notificó a las partes de este proceso. En representación de uno de los hijos de Suau, la abogada Mercedes Arinci lamentó que se haya cerrado la causa porque aún quedaban “cabos sin atar y pruebas sin ordenar”.
Para ella, el pedido de desestimación de Senestrari es “contradictorio” porque en la primera parte habla de un suicidio y, más adelante, concluye que “parece que fue un accidente”.
Para Arinci, quedó por hacer la prueba del ADN cadavérico de un policía sospechado de haber estado con Suau poco antes de su muerte, como así también determinar qué otra sustancia era la que estaba mezclada con la nafta en el bidón que estalló dentro del habitáculo. “Nunca se estableció cuál era ese otro componente químico”, dijo la abogada.
Si bien se hizo la prueba genética a rastros hallados en la tapa del bidón que no eran de la víctima, para Arinci nunca se determinó a quién pertenecía ese ADN.
Pero una de las discrepancias más grandes de Arinci con esta investigación es que nunca se les explicó, como sostiene que le habían indicado desde la instrucción, cuál fue el resultado de la investigación de las comunicaciones telefónicas de Suau con terceros durante sus últimas horas de vida. “Es una pericia muy técnica y nunca nos explicaron”, recordó la querellante.
Como en 2014
Apenas se produjo la muerte de Suau, la investigación recayó en la Justicia provincial y el encargado fue el entonces fiscal de Alta Gracia Emilio Drazile. Comandando un equipo de peritos expertos, en pocos meses determinó que la muerte había sido por suicidio.
Pero con el antecedente del llamado “narcoescándalo” y la muerte del policía Juan Alós, cuya investigación también estuvo a cargo de Drazile (que también determinó suicidio), ambas causas terminaron en manos de Senestrari. Pasaron los años y la misma Justicia federal terminó por concluir -otra vez- que los dos se habían quitado la vida.
Hay que recordar que en aquel momento el fiscal provincial fue duramente cuestionado y se sembró su proceder de dudas y sospechas.
El funcionario llegó a ser investigado por la Justicia federal y, al final, terminó sobreseído. Del mismo modo soportó pedidos de jury de los que también fue liberado.
Al respecto, Arinci reflexionó: “El que más investigó y puso más garra fue Drazile; hay que reivindicar el esfuerzo que hizo porque investigó muy bien”.
