La justicia federal de Chaco resolvió este miércoles levantar el secreto fiscal, financiero y bancario de Emerenciano Sena y su esposa Marcela Acuña, ambos detenidos por el presunto femicidio de Cecilia Strzyzowski, para investigar su patrimonio y determinar si cometieron delitos como lavado de dinero, ya que en su domicilio se secuestraron más de seis millones de pesos en efectivo.
Así lo dispuso la jueza federal chaqueña Zunilda Niremperger, al hacer lugar a una serie de medidas de prueba solicitadas por el fiscal Patricio Sabadini, según lo informado por las fuentes judiciales.
En el escrito que elevó el fiscal se indicó que se vislumbra “una hipótesis de investigación inicial vinculada a maniobras presuntamente ilícitas compatible con el delito de lavado de activos y/u otros de orden penal económico”.
Por ello, entre las medidas requeridas pidió al fiscal de la causa por el presunto femicidio de Cecilia que remita una “copia certificada del acta de allanamiento concretado el día viernes 9 del corriente mes y año en el domicilio de los dirigentes sociales Emerenciano Sena y Marcela Acuña”, en el cual “se habría producido el hallazgo y secuestro de más de seis millones de pesos en efectivo”.
En ese marco, solicitó a la justicia federal que “disponga el relevamiento” del “secreto fiscal, secreto financiero y secreto bancario” en relación al matrimonio detenido y su fundación “Doctor Saúl Andrés Acuña”, a efectos de efectuar “una amplia investigación patrimonial en aras de establecer el perfil fiscal, económico y financiero y su evolución respecto de los sujetos investigados y los extremos de configuración de delitos de acción pública, como así sus posibles autores y participes en los mismos”.
El fiscal planteó que, una vez relevado esos secretos, se le pida a la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip) “un informe completo y actualizado sobre el perfil fiscal y estado general económico” y a la Unidad de Investigación Financiera (UIF) “si las personas físicas investigadas registran reportes de operaciones sospechosas (ROS)”.
También pidió informes al Colegio Público de Escribanos de Chaco; el Registro de la Propiedad de Chaco, Resistencia, Roque Sáenz Peña y de la ciudad de Corrientes; Prefectura Naval de Barranqueras -para saber si estas personas proseen embarcaciones-; la Dirección Nacional de los Registros de la Propiedad Automotor y Créditos Prendarios, la Superintendencia de Seguros de la Nación, la Secretaría General de Gobierno de Chaco, la Dirección de Cooperativas de la Provincia de Chaco, la Inspección General de Personas Jurídicas y Registro Público de Comercio del Chaco.
Además, pidió que la Procuración General chaqueña y Registro Nacional de Reincidencia Criminal informes si los sospechosos tienen causa penales y antecedentes.
