La fiscal Betina Lacki amplió la imputación a la banda liderada por el puntero massista Julio “Chocolate” Rigau, junto a los hermanos Facundo y Claudio Albini, quienes habrían perpetrado una maniobra de fraude que se extiende desde 2002 hasta 2023, afectando a la administración pública y causando un perjuicio económico superior a los $ 4.000 millones. Esta ampliación de la investigación revela que las actividades de la banda en las sombras de la Legislatura bonaerense abarcan más de dos décadas, mucho más de lo que se había estimado en un principio.
Inicialmente, la causa se centraba en una maniobra detectada entre 2012 y 2023, basada en un chat encontrado en el teléfono de Rigau, que indicaba que los contratos fraudulentos se habían iniciado en 2012.
Sin embargo, las nuevas pruebas apuntan a un esquema mucho más amplio que se remonta a 2002. Según la fiscal Lacki, “el alcance temporal de la investigación se amplía desde el 1° de enero de 2002 hasta al menos el 9 de septiembre de 2023”, lo que implica un daño económico mucho mayor al estimado inicialmente.
Los documentos hallados en la vivienda de Rigau, incluyendo cuadernos con nombres y papeles relacionados con la incorporación de personal al Estado, revelan cómo los miembros de la banda manejaban contratos de “ñoquis” y prestanombres, muchos de ellos contratados antes de 2012. En total, se identificaron 48 tarjetas de débito asociadas a esta red, cuyo valor total superaría los $ 4.000 millones, tomando en cuenta los sueldos de los prestanombres desde su contratación hasta la fecha de la investigación.
A su vez, las pesquisas relacionaron este caso con otro esquema de fraude similar conocido como los “Chocolates del Senado”, que involucra tarjetas del Senado provincial y actores vinculados al PRO, aunque sin detenidos por el momento. El análisis de videos de Rigau en los cajeros automáticos de la ciudad permitió descubrir este otro modus operandi.
El juez de Garantías Federico Guillermo Atencio advirtió que este caso podría implicar “un acto de corrupción de inmensurable trascendencia”. En este sentido, la Fundación Poder Ciudadano, querellante en la causa, solicitó que se rechace la morigeración de la prisión preventiva de los imputados, argumentando que persisten los peligros procesales debido a la capacidad de los acusados para influir en otros involucrados.
Los hermanos Albini, ambos con roles clave en la estructura de la banda, solicitaron el beneficio de la prisión domiciliaria. Claudio, de 68 años, argumenta problemas de salud, mientras que Facundo, padre de una hija pequeña, pide una mayor consideración por su situación familiar. Sin embargo, la fiscal y los querellantes sostienen que los riesgos procesales siguen vigentes, dado el poder de los Albini y su implicación en el manejo de los recursos ilícitos.
Por su parte, el Fiscal de Estado de la Provincia de Buenos Aires, Hernán Gómez, también se presentó como particular damnificado en la causa, aunque no asistió a la audiencia de morigeración.
La causa sigue avanzando, con un total de 50 procesados por asociación ilícita y estafas reiteradas, y tres personas detenidas, incluido Rigau. La investigación continúa bajo el escrutinio público, con la certeza de que el caso “Chocolate” es solo la punta del iceberg de una trama de corrupción que involucra a figuras políticas de alto perfil en la provincia de Buenos Aires.
