Luego de que el Ministerio Público se pronunciara en contra de la prescripción de la causa Nora Dalmasso (51), a 18 años del crimen, renunciaron este jueves los abogados del único imputado, Roberto Marcos Bárzola (45).
Bárzola fue imputado de abuso sexual seguido de muerte en diciembre último, por el fiscal Pablo Jávega. Hay pruebas genéticas en su contra, porque su ADN aparece en varias muestras del cinto de la bata con el que estrangularon a Nora Dalmasso y en un vello púbico hallado en la entrepierna de la mujer.
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Además, al inicio de la investigación el hombre admitió haber estado frente al domicilio de Dalmasso en horas cercanas al crimen, aunque aseguró no haber entrado a la casa.
Sus defensores, Cristian Titarelli y Aquiles Rodríguez, lo acompañaron en la indagatoria y en la pericia psiquiátrica. Enseguida, formularon un planteo de excepción de falta de acción, esto es un pedido de prescripción por el tiempo transcurrido (más de 15 años desde que se cometió el hecho).
Argumentaron que Bárzola no cometió ningún delito en los últimos años, enfatizaron que no se trata de un crimen imprescriptible de lesa humanidad, y descartaron otras causales de suspensión de la acción que incidan en los términos de prescripción.
“Confirmo que renunciamos, fue una decisión de común acuerdo y en muy buenos términos. Las razones quedan en un ámbito de privacidad”, se limitó a informar Titarelli.
El interés social, un argumento contra la prescripción
Tras la feria de enero, los hijos de la víctima y el viudo Marcelo Macarrón (absuelto de la acusación de crimen por encargo en el 2022), constituidos como querellantes, rechazaron enfáticamente la prescripción.
Consideraron “irrefutable” la prueba genética y denunciaron a los fiscales anteriores porque desde 2007 la agencia de investigación privada dirigida por el exFBI Stephen Walker informó a la Fiscalía General de la Provincia que debería investigarse a Bárzola “el parquetista” o lustrador de pisos en la casa de Macarrón, atento a las contradicciones detectadas en su testimonio.
Los querellantes apuntaron que también en 2011, el propio FBI dictaminó que debería apuntarse a los que trabajaron en la casa, pero Barzola nunca fue investigado.
En las últimas horas se conoció que el fiscal Pablo Jávega produjo un dictamen en contra de la extinción de la acción. A diferencia de los querellantes, no aludió a razones de inconstitucionalidad ni a la cuestión de género (Nora Dalmasso fue reconocida como víctima de violencia de género por el Tribunal de juicio a Macarrón).
Pero respaldó a los querellantes al interpretar que, en este caso particular, no se cumplen los objetivos que sustentan jurídicamente la prescripción de la acción penal.
En un extenso dictamen, aludió a que en la causa Dalmasso no se observa la “desaparición del reclamo social” ni la “dificultad probatoria” que suelen justificar la prescripción. Destacó las particularidades de este caso y que el crimen sigue generando un importante interés y conmoción social, y que el acervo probatorio se ha mantenido intacto a pesar del paso del tiempo.
“Aspectos de su evolución temporal han derivado en una suerte de memoria perenne del suceso y la expectativa de amplio rango espacial (excede claramente la órbita local, con reverberancia en órbita nacional) e incluso atravesado por un evento histórico y global como fue la pandemia con su consecuente afectación de impulso procesal”, expresó el fiscal.
Entre otros argumentos contra la prescripción, Jávega también consideró que los familiares de Nora Dalmasso, en su carácter de querellantes, se vieron impedidos de ejercer efectivamente sus derechos procesales porque fueron perseguidos e imputados, lo que habría afectado sus garantías constitucionales.
El ADN del presunto asesino fue determinado en el cinto en el 2007 y el 2008, junto a huellas del linaje Macarrón. Tras la fallida acusación del pintor Gastón Zárate, la investigación nunca más se ocupó de los obreros que trabajaban en la casa. Apuntó durante cinco años contra el hijo de la víctima y luego contra el viudo, hasta su absolución.
Recién a partir del 2023, la investigación, en manos de Jávega, apuntó a determinar a quién pertenecía el ADN desconocido identificado en el cinto considerado el arma homicida. Los investigadores identificaron a unas 200 personas que pasaron por la casa de Macarrón en las jornadas previas al crimen. Los convocaron. Bárzola fue el número 45. Se presentó voluntariamente y su ADN dio positivo. Luego, se comprobó que su perfil genético también coincidía con el estudio mitocondrial de un vello púbico hallado en la entrepierna de la mujer asesinada el 26 de noviembre del 2006.
Ahora la causa está en manos del juez de Control Diego Ortiz. Los abogados de Bárzola, Rodríguez y Titarelli, siempre defendieron su inocencia y llegaron a adelantar que apelarían si Ortiz fallaba contra la prescripción. Pero imprevistamente este jueves decidieron alejarse del caso. La expectativa está centrada en si Bárzola podrá nombrar a otro letrado o si tendrá que recurrir a un defensor oficial.
