Los primeros días de las audiencias del juicio por el crimen de Joaquín Paredes, ocurrido en Paso Viejo el 20 de octubre de 2020, generaron una fuerte polémica en la que se posicionó de un lado a los jueces integrantes de la Cámara del Crimen de Cruz del Eje y a los abogados defensores de los policías y, del otro, a los querellantes.
El juicio se lleva adelante con jurados populares y la Cámara está integrada por los jueces Ángel Francisco Andreu, Javier Rojo y Ricardo Arístides Py, quien en este caso es presidente del Tribunal.
La declaración de B., el menor que fue baleado en la misma noche y que sufrió una herida en el brazo izquierdo, fue lo que motivó un fuerte rechazo en la querella y en los vecinos de Paso Viejo que seguían las alternativas de la audiencia en la sala espejo.
En el juicio hay seis imputados, todos ellos policías que en la noche del 20 de octubre participaron del operativo que terminó con Joaquín Paredes muerto y uno de sus amigos herido de gravedad.
B. hoy tiene 17 años y cursó hasta el último año de la primaria.
En su declaración, contó con lenguaje propio que no puede trabajar por la incapacidad que le dejó el balazo en el brazo.
En varias oportunidades, los abogados defensores de los policías imputados se quejaron ante el juez porque no entendían las palabras de B., un adolescente que vive en el interior del interior.
Para el abogado de la querella, Claudio Orosz, todo comenzó con el cambio de las imputaciones con que llegaron a juicio los policías a partir de la intervención de la Cámara de Villa Dolores que avaló lo pedido por los defensores de los uniformados.
“Nos parece que hubo un tratamiento de revictimización de los adolescentes que eran víctimas y ahora son testigos”, dijo el letrado que apuntó : “Deben tener un tratamiento que vaya acorde con su cultura, con su forma de hablar, con su forma de vestir”.
Y dijo: “Si le hablás en un lenguaje coloquial a un chico que está terminando la primaria, va a ser difícil que te entienda. Hay que hacer un esfuerzo, respetar los tiempos de esta gente, porque son gente, son humanos, tan humanos como el abogado de defensor o el camarista”.
En uno de los testimonios que aportó uno de los jóvenes que estuvieron durante la noche del crimen, Soledad Paredes, la mamá de Joaquín, debió ser atendida por personal médico a raíz del momento que se generó en la audiencia.
Ivana Reynoso es una docente oriunda de Paso Viejo, amiga de Soledad Paredes. La mujer, que asistió a todas las audiencias desde la sala espejo, afirmó que les hicieron preguntas que no estuvieron acordes a su condición de víctimas.
“Seguimos perseguidos hasta el día de hoy. Nosotros en Paso Viejo salíamos todos los días a pedir Justicia y tenía el móvil todos los días en la esquina de mi casa”, contó la mujer y agregó que a la casa de B. la allanaron 9 veces. “La mamá de él no sabe ni leer ni escribir y cuando hicimos la denuncia ante la Defensoría de las Niñas, Niños y Adolescentes, se constató un solo allanamiento que se hizo de manera oficial”.
Reynoso aseguró que los chicos de Paso Viejo “tienen un modo de hablar pausado” y con “tono bajo”. Y afirmó que pasaron tres años desde el crimen y los jueces no se prepararon para las audiencias.
“El segundo día, el juez se desesperó por el tono de voz y pidió que quede el testimonio original. Es terrible que se trate así a los pibes”, expresó la mujer.
Comunicado
Organizaciones de Derechos Humanos de la región emitieron un comunicado en las últimas horas en el que rechazan el modo en el que el tribunal plantea las audiencias.
“Observamos una serie de acciones que evidencian que este dispositivo judicial no se encuentra especializado en materia de infancias y adolescencias y que por lo tanto, resulta violatorio del derecho de jóvenes y adolescentes a ser oídos y de acceder a la justicia en condiciones de igualdad”, expresa el comunicado que agrega que en las jornadas del juicio se planteó un “permanente hostigamiento por parte de los abogados defensores de los policías acusados a los testigos (víctimas algunos de ellos) al momento de dar su testimonio, incluso expresiones con claro contenido discriminatorio, como la que hizo uno de estos abogados diciendo: “yo no discrimino por cómo se visten” cuando la vestimenta no constituye en absoluto, un contenido de debate en la audiencia”.
El comunicado detalla “señalamientos directos y despectivos” por parte del presidente del Tribunal hacia los jóvenes que atestiguaron en la causa.
“No se dispuso en ningún momento de espacios cuidados que evitaran el contacto entre las víctimas, sus familiares y los acusados miembros de la Policía”.
“Dentro de la Sala de audiencias, queremos dejar sentado con claridad que en reiteradas oportunidades la Fiscal de la causa, el Defensor Público y los abogados querellantes expusieron su desacuerdo ante las maneras de referirse a los adolescentes por parte del Tribunal, planteando también la necesidad, conforme a derecho, de atender a las “diferencias culturales”, a la necesidad de adaptar las características de la audiencia para dar lugar a la posibilidad de expresión de los jóvenes dado el contexto, siendo víctimas testigo”, detalla el escrito que firman la Mesa de la Memoria de Cruz del Eje y el Movimiento Plurinacional disidente y feminista de Capilla del Monte, entre otros organismos.
No fue posible obtener la posición del tribunal.
