A comienzos de mes, el fiscal de Delitos Complejos N° 1 de Córdoba, Enrique Gavier, mandó a juicio a 14 personas acusadas de ser organizadores y miembros de una presunta asociación ilícita en el marco de la causa conocida como “One Coin”. Según la fiscalía, se trata de un esquema de estafas piramidales Ponzi.
Todos los acusados se encuentran con prisión preventiva, ratificada por la Cámara de Acusación.
A los principales acusados se les adjudicó “la puesta en marcha de un sistema piramidal de recaudación de fondos para insertar en el mercado local, desde la ciudad de Córdoba y hacia diferentes jurisdicciones del país, una aparente criptomoneda denominada ‘OneCoin’”.
El abogado Pablo Olmos defiende a los acusados Ricardo Beretta (52) y Daniel Cornaglia (42) y es uno de los letrados que se opuso a la requisitoria a juicio.
Desde hace tiempo, el letrado da “batalla” en la causa, se ha opuesto a varias resoluciones y resalta que sus clientes “son víctimas”. Señala que sus defendidos invirtieron dinero “sin saber de qué se trataba” y que “no han estafado” a nadie “ni forman parte de una asociación ilícita”.
Asimismo, el abogado insistió que en la fiscalía “no se investiga” el rol que tuvieron dos hombres que son denunciantes de esta causa (adujeron ser víctimas) y, en ese punto, insistió que uno de ellos es policía y debería ser imputado.
Por otro lado, Olmos insistió que la Justicia provincial “debería dar parte a la Justicia federal” ya que, según entiende, se habría cometido lavado de activos. Desde la Justicia federal entendieron que la causa debe seguir por ahora en el fuero provincial.
¿Cómplices o víctimas?
Según la investigación, en marzo de 2018, un grupo de personas habría conformado la asociación ilícita en Córdoba con el propósito de “cometer estafas” y se plegaron al “plan fraudulento de alcance internacional liderado por Ruja Ignatova y Konstatine Ignatov Plamenov” del sistema piramidal para recaudar fondos con el cuento de las criptomonedas, de acuerdo a la causa.
El abogado Olmos insistió que ya presentó pruebas de que sus clientes son inocentes.
“Son víctimas de todo esto. Ellos compraron paquetes educativos sin saber nada de lo que pasaba. Y llevan dos años con prisión preventiva. Es una locura”, señaló. Además, cuestionó a la fiscalía por “no capturar” a los búlgaros.
“¿Cómo puede ser que una fiscalía, como la de Juliana Companys, haya capturado a Leonardo Cositorto en Dominicana por la causa Zoe y acá no pueden atrapar a esos búlgaros?”, expresó.
Olmos insistió en apuntar contra dos denunciantes de la causa.
“Esos dos hombres, entre ellos un policía, se dicen víctimas y son parte de todo esto y nadie los investiga e imputa. Ellos llevaron clientes a ese esquema. Si ellos son víctimas, mis clientes son más víctimas aún”, insistió. “Tampoco entiendo por qué el nuevo Tribunal de Conducta que investiga a policías no hace nada”, sostuvo.
Como sucedió con otros abogados de esta y otras causas, Olmos insistió que “hay un abuso” con las prisiones preventivas. “La prisión preventiva es una excepción y acá se convirtió en regla. Es un abuso”, se quejó.
Cabe señalar que desde la fiscalía se insistió varias veces que las preventivas fueron dictadas, no sólo por la gravedad de los hechos investigados, sino por riesgo de fuga o de entorpecimiento funcional.
Luego de la elevación a juicio, y tras la oposición de varios defensores, el expediente pasó a manos del Juzgado de Control N° 7.
