Cuando Sebastián Villarreal, el hombre de 45 años que fue asesinado el 29 de febrero en barrio Yofre Norte, en el nordeste de Córdoba capital, cayó al piso, herido de bala y apenas podía retener su último aliento, el hijo y un vecino que trabajaba a pocas cuadras del lugar donde había quedado tendido fueron los únicos testigos del ataque.
El fiscal Andrés Godoy, a cargo de la investigación, empezó de la nada a acumular pruebas que hoy conforman un abultado expediente, con al menos ocho imputados y otro que estaría al caer, según reconocieron fuentes investigativas.
Gracias a esa tarea, que ahora también reconoce la parte querellante, se pudo establecer que Sebastián había sido atacado por al menos dos motochoros que, tras quitarle la motocicleta XR 190 en la que se conducía, y con su víctima caída en el suelo, desarmada, lo fulminaron a balazos.
Pero luego de esos primeros hallazgos, que la fiscalía logró tras rastrillar el barrio y obtener cámaras de seguridad, celulares y poder hacer una reconstrucción, casi artesanal, de la “vida social” de los primeros acusados, se pudo establecer que los asesinos formaban parte de una banda integrada por al menos ocho individuos.
Cinco de ellos se encuentran imputados bajo la acusación de “homicidio en ocasión de robo”, calificado por uso de armas de fuego, dos de ellos, y el resto por la participación de menores durante el hecho.
Entre los acusados, hay un adolescente de 14 años que por su edad es inimputable; otro joven de 17, señalado como el autor del crimen; otros dos, de 18 y 20, imputados como partícipes necesarios y otro hombre de 25, por ser partícipe no necesario del crimen.
Además, hay otros tres sospechosos acusados por el fiscal que se encuentran cumpliendo condenas por otros delitos y privados de su libertad.
Desde la fecha del crimen, en aquel bisiesto 29 de febrero, hasta hoy fue, Godoy logró establecer que detrás de un caso aparentemente aislado existía una presunta asociación ilícita, con aparentes funciones y roles establecidos entre sus integrantes, cuyo principal fin era el de robar motocicletas en la zona de barrio Yofre.
Según reconocieron fuentes allegadas a la investigación, se habría podido acreditar que en un plazo de tiempo corto hubo más de 30 motocicletas robadas.
Todas las motos contaban con características similares al rodado que era propiedad de Sebastián, hasta el día del homicidio.
Ahora el fiscal levantó el secreto de sumario y se encuentra tomando indagatorias a los investigados, que deberán dar explicaciones sobre la culpa que se les endilga. Godoy, por su parte, se mantiene hermético y aferrado a su hipótesis.
Sus laderos dicen que, en tiempo récord, logró “juntar abundante prueba” y creen que tienen suficiente para sostener sus acusaciones. También aseguran que “hay algo más por desentramar”. Esto explicaría, según quienes trabajan a la par del funcionario, su silencio ante las consultas sobre los pormenores de la investigación.
Creen que la investigación podría tomar, incluso, nuevos rumbos y no descartaron que pueda resultar implicado algún funcionario policial. Algunas fuentes hablaron de que podría haber más de 12 implicados en el funcionamiento de la banda donde participaban los atacantes de Sebastián.
La postura de la familia
Es que a la par de la labor del fiscal crece también el dolor de la familia, que hasta ahora no abandonó los reclamos y las acciones para que se investigue a fondo lo que pasó con Sebastián.
“La zona está liberada. Por eso se han podido robar semejante cantidad de motocicletas. Hasta ahora, de manera informal hemos constatado que hubo más de 30 robos. Hay algo más arriba de la banda que investiga la fiscalía”, planteó Jimena Villarreal, hermana de la víctima.
Su abogada, Daniela Castro Barreiro, dijo que desde el comienzo, cuando aún la fiscalía no tenía elementos, o las pistas aún eran débiles, presentó varios escritos. “Ahora pudimos corroborar que el fiscal siguió la misma línea de investigación que planteamos desde un comienzo y reconocemos esa labor. Pero la carátula de la causa tiene que cambiar por ‘criminis causa’”, enfatizó la letrada.
La abogada dijo que se trata de una causa compleja, que incluye varias líneas de investigación. “Hay implicados en esta banda que también estuvieron involucrados en otros robos, incluso algunos de ellos están tras las rejas. Tienen frondosos antecedentes policiales”, comentó.
Por eso la familia sostiene que detrás de los menores detenidos, de la acción organizada de un grupo de delincuentes, hay al menos omisiones de parte de funcionarios que no cuidaron la zona.
“Cómo puede ser que nadie haya visto nunca nada. Sabían que actuaban con impunidad y que hasta la actualidad siguen contando con eso, porque los robos que se repiten hasta estos días son armados. Son arrebatos que en otros lugares se producen sin violencia y que en Yofre Norte se realizan a punta de pistola, porque los ladrones pueden caminar con un arma en su cintura y nadie los detiene”, reclamó Jimena.
La “Banda de las motos”
Este tipo de ladrones que, según la hermana de la víctima, continuaría azotando la zona donde se produjo el crimen, son “el germen del delito organizado”, especularon en la barriada.
“La ‘Banda de las motos’ estaba integrada por adolescentes a los que mandaban a robar para que no los detenga la Policía. Pero eso puede pasar en un comienzo, no se puede extender durante más de 30 robos”, plantearon vecinos de barrio Yofre Norte, atemorizados ante la continuidad de los robos.
“La semana pasada le robaron el celular a mi sobrino. Le apuntaron a la cabeza y le dijeron que si no entregaba el móvil lo iban a matar. Todo esto sigue pasando”, dijeron.
Y también apuntaron contra los acusados: “Uno de ellos es muy conocido en el barrio porque vivió aquí, de apellido Herrera, que ahora está siendo investigado por mandar a los chicos a robar. Tenía un desarmadero en barrio Ciudad Evita donde iban a parar las motos que robaban acá”, dijo un vecino de Yofre Norte, que pidió especial reserva de su identidad.
Su testimonio fue corroborado por otros vecinos: “Herrera era el cabecilla de la banda y sabía en qué zonas del barrio tenía que mandar a los chicos a robar”.
Lo que queda por descubrir, y que según allegados a la causa podría derivar en una novena imputación, es si el cabecilla y su banda contaban con información privilegiada sobre los puestos de control policial.
De cualquier manera, quedará en manos del fiscal entender cómo se las arreglaban para cometer un robo tras otro, fuertemente armados, sin haber sido descubiertos a pesar de que, según reconocieron los investigadores, se mostraban en redes sociales posando con motos que acababan de robar.
