La Justicia de Córdoba absolvió al exdirector del Hospital de Huinca Renancó Eduardo Andrada y a la trabajadora social Analía Morales, integrante de la mesa de epidemiología del COE Río Cuarto, en el juicio por el caso Solange Musse, la joven que murió en Alta Gracia en plena pandemia de Covid, sin poder despedir a su padre Pablo Musse, oriundo de Neuquén.
Ambos funcionarios fueron absueltos de las acusaciones en su contra. En la acusación se los responsabilizaba de la decisión de frenar a Pablo Musse en la frontera sur de Córdoba y de obligarlo a regresar, encapsulado por patrulleros, a Plottier, Neuquén. Llegaron a juicio imputados por abuso de autoridad e incumplimiento de funcionario público.
Ya Pablo Musse había adelantado este lunes: “No creo que haya justicia”. El caso tuvo amplia repercusión nacional en plena etapa de restricciones.En la acusación se responsabilizaba a ambos de la decisión de frenar a Musse en la frontera sur de Córdoba y de obligarlo a regresar, encapsulado por patrulleros, a Plottier, Neuquén. Llegaron a juicio imputados por abuso de autoridad e incumplimiento de funcionario público.
El juicio por el caso Solange Musse
El primero en producir su alegato fue el ministerio público. Para el fiscal, Julio Rivero, ambos fueron autores, por acción (Andrada) u omisión (Morales) de abuso de autoridad. Rivero consideró que ambos tenían poder de decisión sobre quién podía ingresar a la provincia en ese momento.
“Ojo con eso de buscar responsabilidades hacia más arriba”, dijo el fiscal y juzgó que los responsables eran quienes tenían autonomía funcional para resolver quien ingresaba a Córdoba por la ruta 35 ese fatídico 16 de agosto del 2020.
Rivero también remarcó que se habrían vulnerado los derechos de una persona con discapacidad, porque Pablo Musse viajaba con su cuñada, Paola Oviedo, quien tiene domicilio en Alta Gracia y una discapacidad motriz.
Rivero destacó que el día anterior al viaje, Musse había sacado el permiso de circulación por causa de fuerza mayor y también el de “regreso a casa” para Oviedo. Lo que no tenía, era el PCR negativo de 48 horas exigido entonces para ingresar a la Provincia de Córdoba.
Pero según el ministerio público, el anexo del protocolo 48 contemplaba una flexibilización y Musse debió ser conducido al Hospital de Río Cuarto para que se le hiciera allí el PCR requerido.
Con todo, Rivero pidió un año y seis meses de prisión para los dos acusados y, por el trato que recibieron en la modalidad de “encapsulamiento policial” hasta Plottier, que Solange Musse y su familia sean declarados víctimas de violencia institucional. Incluso se reclamó que en el límite sur de la Provincia se coloque una placa que recuerde que esta circunstancia.
