La estafa es un delito perfectamente tipificado en el Código Penal argentino. Y a lo largo del tiempo viene haciendo metamorfosis para perfeccionar la capacidad de engaño a personas que difícilmente estén advertidas de cómo se comienza a defraudar con un método nuevo.
El código dice que debe sancionarse (artículo 172) a quien cometa una defraudación usando determinadas herramientas. Enumera: “Con nombre supuesto, calidad simulada, falsos títulos, influencia mentida, abuso de confianza o aparentando bienes, crédito, comisión, empresa o negociación”. Y generaliza: “O valiéndose de cualquier otro ardid o engaño”.
El tema del ardid es sustantivo en la estafa, y es el anzuelo que los estafadores utilizan cambiando sus apariencias para que el “pez” no advierta que terminará siendo pescado.
El ardid estafatorio ha sufrido esa metamorfosis a lo largo del siglo pasado, y al ingresar a esta centuria se convirtió en una vertiginosa carrera de cambios que la gente no alcanza a advertir. Antes se usaba el “cuento del tío”, que requería de un relato que el engañado creía. Luego fueron modificándose esos trucos y empezó a utilizarse la ingeniería financiera o, últimamente, la tecnología.
En Córdoba vienen haciendo muchísimo daño a cientos de particulares las estafas inmobiliarias, aquellas cometidas con el truco de hacer creer a los “incautos” que pueden tener su vivienda propia y que existe una manera sencilla de conseguirla. Los casos de empresarios “desarrollistas” –improvisados o que alguna vez lo fueron y optaron por la más fácil: manotear el dinero y no cumplir con el compromiso– han hecho mella en la sociedad, muchas veces aprovechando el boom de la soja, ganancias de trabajadores o ahorros de toda una vida.
Una vez que la estafa está consumada, los casos llegan a los Tribunales provinciales muchas veces cuando ya es irremediable el fraude y son muy reducidas o nulas las posibilidades de resarcir a las víctimas.
La llegada tardía a Tribunales es porque parecen no aplicarse remedios “previos” desde el Estado para advertir a las víctimas o para controlar a los empresarios que muchas veces conforman negocios con nulas posibilidades de concreción. Precisamente, uno de los requisitos de la estafa, además de la capacidad de engaño, es que no sea un incumplimiento de contrato por causas difíciles de prever, sino que el estafador se haya propuesto “inicialmente” no cumplir con la obligación contratada.
Hay que ser precisos y aclarar que viene menguando la cantidad de engaños con esta variedad refinada y moderna del “cuento del tío”, que cosechó cientos de víctimas sólo en Córdoba, ya que, al ser ahora más conocida, no resulta tan fácil estafar de este modo.
La “nueva” forma de estafar es a través de las redes sociales o de “inversiones” financieras. Sin considerar que se siguen afianzando y parecen no tener freno los hackeos de cuentas bancarias –que son directamente robos–, el engaño a través de sitios de compra por internet y los mecanismos de inversiones “piramidales” o criptomonedas.
Mecanismo
Si nos centramos en las estafas inmobiliarias, de acuerdo con las causas que llegaron a Tribunales 2 de la capital provincial, principalmente a los despachos de los dos fiscales de Delitos Complejos –Enrique Gavier y Valeria Rissi–, se consuman a partir de varias herramientas con puntos en común, que pueden resumirse en un mecanismo defraudatorio.
En general, esta gama de estafadores, como muchos otros, apela a una “ilusión”, en este caso el “sueño de la casa propia”.
Para vender “eso”, no ofrecen una propiedad que está “a la vista”, que es tangible y tendrían que entregar en el momento en que el cliente disponga del dinero. Se vende un condominio, un fideicomiso o un régimen de copropiedad que prevé la construcción de departamentos “en pozo”, que, dicen, son más baratos porque los inversores entregan el dinero antes de la construcción. También pueden ser casas, siempre “por construir”, a un precio menor al de viviendas terminadas. Pero lo barato sale caro si la obligación no se cumple.
Para afianzar esa ilusión y potenciar la capacidad de engaño, muchos de estos “empresarios” recurren a folletería de lujo que muestra propiedades de alta calidad constructiva y diseño de avanzada, con renders que exhiben urbanizaciones con parques, piscinas, club house y otras amenities que resultan muy seductores a quienes quieren comprar su primera vivienda o invertir a plazo.
Hay presupuesto para todos. En ocasiones, a quienes disponen de más dinero se les han ofrecido en el complejo hasta shoppings y campos de golf. Entre las herramientas de seducción, también se hicieron grandes fiestas de lanzamiento, con presencia de autoridades y personajes del espectáculo. Algunos de estos “desarrollistas” contrataron a figuras conocidas para brindar “confianza”.
Los principales casos
Después del impacto que tuvo a partir de 2005 la megacausa del Registro de la Propiedad de la Provincia, con más de un centenar de juicios con sentencia y un número de condenas de prisión efectiva superior al 90%, las estafas inmobiliarias han sido los hechos más voluminosos en Tribunales 2 por el número de damnificados y por los montos multimillonarios, que ni remotamente se recuperan.
Entre las primeras causas que “estallaron”, figura el emprendimiento “Campo de Vuelo” (2, 3 y 4), en la zona noroeste de la Capital, que terminó inconcluso, sin finales de obra, sin obras civiles y sin títulos para muchos “propietarios”.
Seguramente el expediente de mayor impacto es el de la “megacausa” Euromayor, que está en manos de la fiscal Rissi e involucra esa sociedad y las holdings empresariales Satsa y T&D. Es un “monstruo” de dimensiones incalculables, que tiene ya tres tramos elevados a juicio y quedan pendientes las causas por asociación ilícita que se les imputan a Laerte Muzi, a Jorge Monferini, a Jorge Airaudo y a Oscar Cerutti y un sinnúmero de emprendimientos. El pool de urbanizaciones es integrado por Tierralta, Jardín Inglés Este, Vistas del Parque, Valle del Golf (2 y 3) y Complejo Center, entre muchas otras.
Pero “Antigua Cervecería” es la de mayores dimensiones, por sus 125 presuntas víctimas. También la más compleja, entre otras cosas por el diseño de un fideicomiso de carácter “financiero” que requería de la emisión de títulos y vinculaba esa figura con Compañía Seguros de Retiro, que colapsó en la ciudad de Buenos Aires. Esa es la “sombra” de esta causa en el puerto.
En este “desarrollo”, según la instrucción, se engañó a incautos compradores de recursos medios y medio-bajos, que creyeron en la publicidad de “4 certezas” que aventaba toda duda y hacía creer en la “seriedad” del proyecto. Eran seis torres junto a la Isla de los Patos de la ciudad de Córdoba. Hoy, sólo se ve una que terminaron a medias y con títulos no saneados.
Uno de los denunciantes más conocidos en este tipo de causas es el abogado especialista en delitos económicos Rubén Sánchez Quinteros, quien cita al fiscal Gavier para referirse a una “saga delictual”: es la que “se organiza a los fines de delinquir y con ello perjudicar patrimonialmente a incautos compradores que, debido a un ardid y engaño, utilizan para perjudicar en sumas millonarias de pesos y generalmente en dólares”.
Hasta hace unos años, el estrecho límite entre la “estafa” y el “incumplimiento de contrato”, que se resolvía en sede civil, fue dilucidado definitivamente por un fallo en Cámara de Acusación ante una presentación de Sánchez Quinteros. A mediados de la década pasada, quedó definitivamente zanjado que, cuando hay dudas, este tipo de causas deben quedar en el fuero criminal.
Luego de eso comenzaron a sucederse numerosas denuncias que llevaban a imputaciones a “empresarios” en sede penal.
Entre los numerosos fraudes (o denuncias) que llegaron a Tribunales 2, se cuentan el megacomplejo “Love Córdoba” (junto a El Tropezón), que planeaba un conjunto de edificios, con shopping y con cines. Una gran fantasía que terminó con el esqueleto de hormigón de una torre de pocos pisos.
En el último año, llegaron a juicio dos grandes expedientes que terminaron con condenas a grupos familiares: “Ribeiro”, con Jorge Ribeiro como jefe de asociación ilícita, y “Zalazar”, con Jorge Zalazar al frente y que también concluyó con prisión efectiva para integrantes de ese clan relacionado con “Campo de Vuelo”.
Una semana después del estallido de Euromayor, en marzo de 2019, explotó la “causa Marieschi”, que también involucraba a varios familiares de Marcelo Javier Marieschi, con su esposa, hermana, padre, varios inmobiliarios, un escribano, un ingeniero y otros integrantes de un grupo que inició numerosos emprendimientos en Córdoba, hoy inconclusos y con un centenar de denuncias.
Javier Marieschi ya fue condenado, junto con otras personas, como líder de una asociación ilícita que estafó a inversores inmobiliarios. El escribano Adrián Benelbas, los inmobiliarios Fernando José Civalero y Diego Martín Díaz, el ingeniero Claudio Telésforo Ubios, Jorge Benelbas y la arquitecta Constanza Daniela Peláez (exesposa de Marieschi) recibieron tres años de cárcel de ejecución condicional. Ahora deben aguardarse otros expedientes por las estafas y por la inclusión de Enrique Modesto “Quique” Marabian como supuesto otro jefe de la asociación ilícita.
En mayo pasado, estalló otra causa que involucra a “empresarios” integrantes de una familia. La “causa Conoc” ya registra más de un centenar de presentaciones de inversores que se consideran damnificados, y la fiscal Daniela Maluf decidió detener a los hermanos Ezequiel y Verónica Ocaña por entorpecer la investigación: habrían enterrado documentos que podrían comprometerlos.
Sin resarcimiento
Más allá del profuso trabajo de Gavier y de Rissi, que con alta efectividad en cuanto a culpables llevaron a juicio causas complicadas, a la hora de encontrar la plata de los estafados es poco lo que se consiguió.
Por un lado, se conocen varias causas cuyos principales acusados abrieron cuentas en paraísos fiscales y ese dinero no pudo ser rescatado. Enorme cantidad de inversores por decenas y hasta cientos de millones de dólares hacen una nube de dinero imposible de rastrear.
En los juicios, como el caso Ribeiro, fue muy difícil negociar resarcimientos para bajar las penas, porque el dinero no aparecía. Sólo pudieron liquidarse ciertos inmuebles y autos, pero no alcanzaron a paliar mucho de lo que sufrieron las víctimas.
Por otro lado, en la Cámara 10ª del Crimen de la ciudad de Córdoba, donde suele hacerse la mayoría de estos juicios, hasta hace poco se desperdiciaba el esfuerzo de los fiscales con pedidos de penas de prisión en suspenso y con magros o nulos montos resarcitorios. Ahora, el fiscal Gustavo Arocena se preocupa primero de la reparación a las víctimas, a veces de modo integral, y luego pide penas no tan benignas.
“Hacen falta mayores controles y seguimiento por parte del Estado”
Mientras numerosos “desarrollistas” han cometido muchas estafas y mientras se siguen sustanciando causas por otras denuncias, cabe preguntarse si no hay alguna forma efectiva de prevenir este tipo de delitos de alto impacto social.
El doctor en derecho Esteban Yangüez Papagenadio dice que el Estado tiene mucho por hacer y ha dejado de hacer bastante. “Considero que la situación provocada –sostiene–, más allá de las responsabilidades penales de cada persona, es coadyuvada por la falta de control y de seguimiento que necesariamente debe realizar el Estado en sus tres ámbitos”.
Señala el penalista que “el caso paradigmático es el Estado provincial, en cabeza de sus funcionarios y empleados que tienen el deber de inspeccionar, examinar y vigilar la creación de sociedades comerciales que se dedican a estas actividades”.
Poniendo en tela de juicio a Inspección de Sociedades Jurídicas, Yangüez Papagenadio afirma que “el solo control formal no basta, ni mucho menos satisface las exigencias que conllevan la protección de la ciudadanía a través de los actos de gobierno”. En cambio, sostiene que “se deben contemplar mecanismos de seguimiento de las sociedades en todas sus formas (SA, SRL, SAS y otras) por parte del Ejecutivo provincial para el cumplimiento efectivo de sus fines, con el solo objetivo de llevar a cabo la actividad estatal: controlar”.
El letrado entiende que “la falta de fiscalización y de seguimiento carcome la propia autoridad del Estado, que con su ausencia de contralor envía un ‘metamensaje’ peligroso: se puede violar la ley y esto no acarrea consecuencias”.
Yangüez Papagenadio opina que “lo paradójico es que el propio Estado, a través de otro de sus poderes, el Judicial, actúa una vez consumado el delito, lo que produce un desgaste ineficiente, ya que el ilícito tranquilamente podría haberse evitado”.
El doctor en Derecho indica que “esa ‘ineficiencia’ del Estado se solventa con tributos que pagan los ciudadanos”. Como conclusión, cita a Carlos S. Nino en su libro Un país al margen de la ley, donde dice que “lo que caracteriza al Estado es la anomia ‘boba’, esto es, la inobservancia generalizada de las normas, lo que constituye la frustración del valor justicia”.
