“Silencio de radio”. “La calma que precede a la tormenta”.
Hay un cúmulo de frases significativas que pueden estar expresando lo que sucede desde hace unos días en la tramitación de la causa “Bomberos” en la que hay 10 detenidos relacionados por pedido de coimas para la habilitación de negocios y extorsión para evitar clausuras, en la ciudad de Córdoba.
A partir de la intensa actividad registrada durante enero, cuando se suponía que la feria judicial de verano iba a amainar el ritmo de la investigación, todo hace sugerir que en esta causa habrá en las próximas semanas más allanamientos, más imputados y más detenidos por la tramitación irregular de certificados de habilitación de negocios o establecimientos industriales.
Si alguien se acerca a la barandilla de la Fiscalía de Distrito 1 Turno 2, a cargo de Guillermo González, la información proporcionada sobre futuros avances es nula. A pesar del hermetismo, fuentes tribunalicias aseguran que el movimiento imprimido al expediente en los últimos 30 días ha sido intenso, lo que hace prever que se trabaja sobre la idea de que hay más involucrados en las irregularidades.
Se conoce que en estas semanas estivales el ritmo de trabajo no cesó: hubo toma de testimonios, indagatorias y numerosas medidas procesales que no tienen nada que ver con la agenda de esa época del año.
Las especulaciones indican que lo que se vio hasta ahora es sólo “una parte” de lo que formaba la actividad de cobro ilegal. Se añade que los involucrados en el caso de las coimas requiere de tres posibles “patas” para configurar el delito de cohecho: la pata de Bomberos, la de los funcionarios municipales y la de los propios comerciantes que aceptan la transacción indebida.
En cambio, si se pone la mirada en el otro delito, la extorsión, se habla de dos patas: en ella se señala como responsables a los bomberos y a los funcionarios que exigen a los comerciantes (víctimas) que paguen para no clausurarles.
De todos modos, siempre lo más grave es el delito cometido por los funcionarios, sean bomberos o municipales.
Los 10 detenidos
Hasta el momento, 10 son los detenidos en esta causa. Sobre el cierre del año judicial 2023, González allanó y detuvo a quien sería el creador de la banda, el excomisario general Gustavo Folli Pedetta, exjefe de Bomberos, ex subjefe de Policía y exdirector de Defensa Civil de la Municipalidad de Córdoba. Cayó por su relación con esta causa pero también por una denuncia de violencia de género de su expareja.
En esa oportunidad, también fue detenido otro exjefe de Bomberos, Sergio Sosa, como supuesta pieza clave de la asociación ilícita.
A Folli se lo imputó también por presunta “instigación al aborto y supuesta autoría de los delitos de abuso de autoridad y amenazas en perjuicio su expareja.
“Esa banda se conformó para la confección y utilización de certificados apócrifos de bomberos como informes técnicos ideológicamente falsos, para lograr que grandes establecimientos comerciales, continuaran funcionando en palmaria infracción a la Ley de Higiene y Seguridad como a su decreto reglamentario, generando por dicho accionar un peligro a la seguridad pública y cobrando para ello, importantes sumas dinerarias”, consigna el resumen de esa acusación fiscal.
Según la investigación, “el origen estructural de la organización ilícita habría sido diagramado años anteriores por el mencionado Folli en la época en que fuera director de Bomberos y secundado por Sosa cuando aquel fuera designado subjefe de Policía”.
Los comunicados de prensa de aquella oportunidad señalaban: “Actualmente, la causa en la que se investiga el accionar tanto de Folli como de Sosa se encuentra en estado de sumario –a diferencia de la causa principal de Bomberos aludida en el presente–, y restan, por lo tanto, otras medidas investigativas en virtud de las cuales no se descartan nuevas imputaciones”. Ya se mencionaba que podría haber más involucrados.
Tanto Folli como Sosa todavía no han sido indagados y por eso no se resolvió su situación procesal. Por eso, siguen detenidos en Bouwer.
Previamente, semanas antes, el fiscal González detuvo y luego les dictó prisión preventiva a siete uniformados y civiles, primeros involucrados en la causa. Julio Zárate es personal retirado de Bomberos de la Policía de Córdoba. Se indica que él “puso al servicio de esta agrupación sus vínculos y contactos, a su vez sus conocimientos en la materia por haberse capacitado en la misma y por desempeñarse como gestor de tales actividades”.
El fiscal dice que Eduardo Rivadero, personal policial dentro de Bomberos, se encargaba presuntamente de la confección material de los certificados apócrifos, si bien luego fue suplantado por Marcos Lúquez cuando aquel se retiró. A su vez, Lúquez firmó varios de los certificados con su rúbrica personal.
Gorocito, según la acusación, como chofer en la Subjefatura de Policía presuntamente usufructuó sus contactos e influencias para que la organización delictiva pudiera obtener con mayor celeridad los certificados ilegales, según la sospecha judicial.
A Roque Javier Olmedo, como mandatario de la firma Cyre SA (que contiene los supermercados Cordiez y Mercamax) y con conocimientos en higiene y seguridad, se le atribuye gestionar los certificados para esos establecimientos en supuesta convergencia con toda la organización delictiva.
A su vez, se acusa a los ingenieros Mario García y Félix Calama, con conocimientos específicos en higiene y seguridad, haber presuntamente falseado “la realidad de los locales comerciales, confeccionando múltiples informes de higiene y seguridad de contenido mendaz, los que fueron utilizados por la banda ilícita para darle visos de regularidad y aparente formalidad”.
Horas después, fue detenido el inspector municipal Héctor Jayo, quien se convirtió por entonces en el octavo imputado. Él habría exigido dinero al menos al dueño de un negocio para no clausurarle el local, según la fiscalía. Fue imputado por presunta extorsión.
