La Municipalidad de Córdoba clausuró en estos días varios locales comerciales mencionados en la causa de las certificaciones truchas de Bomberos por las que fue detenido el ex subjefe de la Policía y ex director de Defensa Civil municipal, Osvaldo Folli. Además, hizo actas e inspecciones en otros locales mencionados en la causa y aportó datos de una auditoría que se inició en septiembre del año pasado con trámites que contenían certificados con las firmas de algunos de los imputados en la investigación que lleva adelante el fiscal Guillermo González.
La subsecretaria de Fiscalización y Control de la Municipalidad de Córdoba, Fabiana Gilli, dijo que el municipio es querellante y facilitó el acceso al sistema de habilitaciones on line a la Justicia.
“Lo que da bomberos es un certificado de que las instalaciones contra incendios y planes de evacuación son correcto, pero no entrega habilitaciones. Para una habilitación los locales tienen que cumplir otros requisitos”, puntualizó Gilli.
No todas las habilitaciones exigen una certificación de Bomberos. Están incluidos, sí, los comercios de tipo 3, con superficies superiores a los 1.500 metros cuadrados o con tipos de actividad que lo requieren, como la venta de gas envasado, por ejemplo. También deben cumplir ese requisito los jardines de infantes y los geriátricos.
Los comercios e industria habilitados en Córdoba son más de 20 mil. Ya más de 13 mil hicieron trámites on line, pero menos del 5% requiere de certificaciones de Bomberos.
“En varios allanamientos hemos ido junto a la fiscalía para verificar las condiciones. Los certificados forman parte de los expedientes y si hay documentos apócrifos o sin validez hemos sido perjudicados, porque no tenemos competencia para saber cómo fueron obtenidos”, señaló Gilli.
La Voz preguntó si a partir de la presunción que surge de la causa de que los comercios pagaron certificaciones truchas porque no hubieran pasado una inspección regular la Municipalidad de Córdoba pensaba instrumentar un control uno por uno de los locales que están nombrados en la investigación judicial.
Gilli contestó que no, en principio, aunque sí destacó que acompañaron a la Justicia en varios allanamientos y que en otros casos compartieron resultados de inspecciones con presuntas irregularidades.
Además, señaló que no saben si la presunción es esa. “Tal vez pagaron para que salga más rápido, porque en algún momento era muy lento. Eso cambió con la digitalización y no creo que sea casual que esto salte ahora”, opinó Gilli.
La Justicia difundió una serie de nombres de locales comerciales con irregularidades en sus certificaciones de Bomberos. El parte judicial identifica estos casos, aunque aclara que son “algunos ejemplos”, no un listado taxativo: “Se han practicado cerca de 60 allanamientos sobre locales comerciales de diferentes rubros (boliches, bares, fábricas, laboratorios), corroborándose irregularidades edilicias en el caso de boliches como Impala de calle Larrañaga, Unplugged y Fruta en la zona del Cerro de las Rosas, y en el establecimiento Mega Park de Monseñor Pablo Cabrera y Circunvalación, como para citar algunos ejemplos”. De la comunicación se desprende que las clausuras sucedieron por cuestiones puntuales de falencias en cada comercio, y no por la investigación de las habilitaciones truchas, que todavía se está sustanciando.
“No tenemos el listado de lo que están estudiando, pero hay algunos como Unplugged, que hemos clausurado. Impala no está registrado con ese nombre en nuestra base y no está habilitado en este momento”, detalló Gilli.
Mega Park es el parque de diversiones ubicado en la playa de estacionamiento del supermercado Tadicor. Cuenta con una habilitación temporal, pero Gilli remarcó que se le hicieron varias actas con intimaciones por distintos incumplimientos como la falta de baños químicos o cables aéreos inseguros.
La funcionaria intentó llevar tranquilidad sobre la situación de los locales comerciales en Córdoba al recordar que todas las certificaciones de Bomberos deben renovarse en forma anual y que las de Higiene y Seguridad se vencen a los cinco años. Están cayendo en lo que queda de diciembre y el año próximo todas las efectuadas entre 2018 y 2019, los años en los que Folli aun era subjefe de la Policía y, según la sospecha de la investigación, seguía manteniendo su influencia en Bomberos.
“Hemos llevado varios casos a la Justicia porque estamos revisando desde septiembre los expedientes para ver qué decían los informes que tenían firmas de esta gente sospechada”, confió Gilli.
