Mientras se espera el arranque de la ronda indagatoria a los siete acusados de integrar “la banda de Los bomberos”, en la fiscalía de Guillermo González se avecinan horas claves para la investigación.
La ronda comenzará a realizarse este miércoles y perdurará, según cálculos estimativos de la propia Justicia, durante los próximos 10 días. González tramita el resto de las actuaciones en estricta reserva, dado que estima que este secreto será fundamental para los pasos que se avecinan.
Hay siete acusados por el supuesto delito de asociación ilícita, entre bomberos, un policía y asesores de higiene y seguridad. No está claro si todos van a declarar. Es muy probable que todos sigan detenidos.
Los imputados están sospechados de integrar una banda que presuntamente vendía certificados apócrifos de habilitación de bomberos para que emprendimientos comerciales pudieran funcionar. Hasta el momento, se constataron la existencia de 27 habilitaciones falsas. Se cree que la cifra de habilitaciones falsas aumentará.
Según confirmó el propio González, todavía “queda mucho por investigar”.
Los pesquisas concretaron varios allanamientos –incluso en la sede de Bomberos, en barrio Alberdi de la ciudad de Córdoba–, donde secuestraron abundante documentación.
Mientras se estudia y desgrana la prueba, se analizan más eventuales responsabilidades de bomberos, policías, funcionarios, empleados municipales y se investiga también a particulares que al parecer abonaron para obtener las certificaciones.
La causa empezó. Nadie sabe hasta dónde puede llegar.
Municipalidad de Córdoba querellante
Por su parte, la Municipalidad de Córdoba fue aceptada como parte querellante, esto significa que la comuna se considera víctima de una eventual maniobra delictiva.
De todos modos, en la fiscalía no descartan que pueda haber nuevos operativos relacionados con la participación de empleados comunales.
Los acusados por ahora son: los asesores en higiene y seguridad Marío García (48) y Félix Rafael Calama (56) –vocero del gremio de la construcción–; el policía Leonardo Gorosito; los exbomberos Julio Zarate (55) y Eduardo Arturo Rivero (58); el bombero en funciones Marcos Fernando Luquez, y el técnico en gestión ambiental Roque Javier Olmedo (48).
Todos fueron imputados por “asociación ilícita”, un delito que prevé penas de prisión que van de tres hasta 10 años.
En cuanto a la indagatoria, en esta etapa se garantiza a los acusados el derecho a declarar su versión de los hechos. También pueden abstenerse.
Fuentes ligadas a la investigación tienen expectativas en lo que pueda llegar a ocurrir en la ronda que se avecina. Habrá que esperar a conocer la postura que tomen los acusados a través de sus defensas.
El bombero que alertó sobre la aparente maniobra ilícita
La causa que se tramita en la fiscalía de González nació hace un año, cuando un hombre de 33 años de antigüedad en la Dirección Bomberos de la Policía de Córdoba se presentó em Tribunales II para iniciar una denuncia anónima.
El bombero denunciante fue admitido como querellante en la causa y es asistido por el estudio jurídico Nayi.
Ahora este mismo hombre sigue con atención lo que acontece tras su presentación.
Dijo que había notado algunas certificaciones firmadas en su nombre donde él nunca había intervenido. Sin embargo, ya no conserva su trabajo, que perdió tras conocida la denuncia.
González comenzó a investigar. Hubiera preferido continuar con la pesquisa en estricto silencio, porque los nombres que iban apareciendo en su escritorio podían hacer presumir que era necesario cuidar la causa. Sin embargo, también apareció el peligro de “un nuevo Cromañón”, tal como supo mencionar el fiscal.
Por eso decidió ordenar la serie de allanamientos que se cumplimentaron el martes 26 de septiembre en distintos barrios de la ciudad de Córdoba, como así también en Montecristo y en Villa Carlos Paz.
En cuanto al “bombero cero”, la pieza clave que destrabó la investigación, este medio pudo saber que se trata de un hombre que desarrolló su carrera desde agente hasta llegar a ser oficial superior. Cumplió funciones en distintas áreas, tanto operativas como administrativas y técnicas. Trascendió que tiene una buena foja de servicio.
Fue oficial de incendios, oficial de servicio en los cuarteles, superior de turno, jefe de cuarteles, jefe de operaciones, jefe de logística y jefe de servicios técnicos.
Días atrás, el gobernador electo de Córdoba, Martín Llaryora, dijo que había que destacarlo. Lo hizo desde la capital de Italia, Roma.
Lejos de un reconocimiento, lo único que tiene en sus manos este hombre, que es reconocido por su entorno como “un valiente”, es un grupo de WhatsApp que conserva desde el día que se enteró que era pasado a retiro. Por ese medio le comunicaron su nuevo estatus.
Continúa la investigación
Si bien desde la fiscalía habían informado que al menos 27 locales no tenían seguridad edilicia para personal y clientes, a raíz de que habrían obtenido de mano de la banda investigada las certificaciones, aún se cree que el número puede ser más grande.
Entre los comercios hay supermercados, concesionarias de autos, consultorios y hasta una cancha de pádel, por ahora.
Tampoco está establecido el monto total de dinero que podría haber recaudado “la banda de los Bomberos”, tal como se la bautizó en los pasillos de Tribunales.
Se especula con que habrían ofrecido la venta de las papeletas por montos equivalentes a 100 mil y 200 mil pesos, o más.
Por la vida que tenían los presuntos integrantes de la mencionada banda, los pesquisas creen que habrían sostenido una actividad millonaria.
