En busca de profundizar prueba que pueda ser útil para la causa por irregularidades en cárceles, el fiscal de Delitos Complejos del 1° Turno de la ciudad de Córdoba, Enrique Gavier, lanzó a primera hora de este miércoles allanamientos en las oficinas del Servicio Penitenciario de Córdoba (SPC) ubicado en Entre Ríos 457, Centro de la Capital.
La dependencia pertenece a la cabeza de la institución, la Dirección General del SPC, cuya autoridad máxima es el director Juan María Bouvier.
Los agentes al mando de Gavier buscan elementos probatorios que ayuden a profundizar lo que se viene investigando desde junio pasado, cuando el propio SPC presentó una denuncia que, en primer término, en el primer allanamiento del 6 de setiembre pasado, comprometió a uno de los subdirectores de la cárcel de Bouwer, el subprefecto Sergio Alejandro Guzmán, quien fue detenido.
Ese día también fue privado de la libertad el abogado penalista Alfredo Ciocca y el particular Ramón Salas, un exempleado provincial que fue echado de inmediato por el Ejecutivo. Salas sería un “intermediario” de las operaciones ilícitas en el penal de Bouwer.
A fin de ese mes, el viernes 29 de setiembre, el fiscal lanzó 10 allanamientos a estudios jurídicos y domicilios particulares y ordenó dos nuevas detenciones. Uno de ellos fue el abogado Julio César Páez y el otro el “particular” Aldo Campos, quien sería un “intermediario” de algunas maniobras cuestionadas a la organización cuyo propósito sería cobrar dinero a cambio de favores a los detenidos.
Sin que se haya informado oficialmente, trascendió que el grupo que integra una “asociación ilícita” vendía favores a los presos (a cambio de dinero), en especial la tramitación de certificados de avance en la capacitación para, de este modo, reducir los tiempos de encierro.
En ese segundo allanamiento, además de la detención de Páez y Campos, se les secuestraron los celulares a otros tres conocidos penalistas. Un mes después, uno de ellos, Gustavo Murga, fue detenido por orden de Gavier. Sin que se haya conocido cuál es la prueba en su contra, días después sus abogados solicitaron el recupero de la libertad.
Estos seis detenidos ostentan la misma acusación, asociación ilícita, independientemente de otros delitos que se les puedan achacar de modo individual.
En el transcurso de la tramitación de la causa, un nuevo escándalo en el SPC se produjo a raíz de la detención de Guzmán. Fue puesto en situación pasiva el director de la Unidad de Contención de Aprehendidos (UCA), Julio Heredia, por haber tenido supuestamente trato preferencial con el exsubjefe de la Cárcel de Bouwer, subprefecto Guzmán.
En ese momento, fuentes oficiales señalaron a La Voz que Guzmán recibía “beneficios y tratos preferenciales” en la UCA (la Alcaidía): salía de su celda, iba al consultorio y desayunaba con el jefe del establecimiento; todas situaciones irregulares para cualquier preso.
Si bien se trata de dos causas diferentes, desde el seno de la investigación hay fuentes que señalan que esta y la causa de la cárcel de Villa María -donde se desarticuló un call center tumbero- pueden tener alguna relación, por el tipo de delito y acaso alguna conexión respecto de delitos similares.
Por otra parte, se indica que mucho de lo que compromete a Guzmán en el expediente tiene que ver con su paso como director de la cárcel de Cruz del Eje y del manejo discrecional que habría tenido en el tratamiento penitenciario de los detenidos.
Como primera consecuencia de todas estas embestidas judiciales sobre el área penitenciaria, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de Córdoba designó al prefecto técnico superior Diego Marín Ayala como nuevo director general de Seguridad del Servicio Penitenciario. Esto determinó el pase a retiro obligatorio de Darío José Tello Pajón, quien se desempeñaba en esa función.
