- Casas Nóblega cuestionó a Sánchez Freytes y se preguntó si no conspira contra el éxito de la investigación.
- Asegura que continúa el peligro de que los acusados entorpezcan la instrucción.
En la causa de las financieras de Villa Belgrano, el fiscal federal Carlos María Casas Nóblega apeló las excarcelaciones dispuestas esta semana por el juez Alejandro Sánchez Freytes y cuestionó su accionar en muy duros términos. Los planteó con interrogantes como este: "¿Qué ha movido al señor juez a resolver como lo hizo, cambiando rotundamente la opinión que dio cuatro meses antes?
El instructor siguió con sus preguntas: “¿Por qué el señor juez ha iniciado un festival de excarcelaciones en una causa donde el fiscal es quien tiene la dirección –delegada- del proceso y ha opinado en contra de las mismas? ¿Por qué ha excedido su función de juez de Control en el presente proceso, que es el control de la legalidad de los actos del Ministerio Público?”
Entre las respuestas que propone Casas Nóblega, a modo de hipótesis sugiere que el juez “boicotea” su investigación y se desentiende de su éxito.
El cuestionamiento del instructor hacia el magistrado tiene que ver con la decisión de este de hacer cesar la prisión domiciliaria de tres de los acusados de asociación ilícita, lavado de activos e intermediación financiera. Los tres liberados son los padres y la esposa de uno de los principales imputados, sindicado como jefe de la organización, Martín Azar (43). Quienes acaban de obtener ese beneficio son Miguel Ángel “Mili” Azar (69), María Isabel “Marilí” Valoni (66) y Agustina Cherro (29), respectivamente.
Martín Azar y Diego Sánchez (43) están considerados como los presuntos líderes de la asociación ilícita y siguen con prisión preventiva, en la modalidad de encierro domiciliario. Esta condición ya la habían obtenido el año pasado el matrimonio Azar-Valoni y la joven Cherro, quienes ahora están en libertad y pueden salir de sus casas sin restricciones.
La oposición de Casas Nóblega se enfrenta al criterio de Sánchez Freytes, quien considera que por el estado avanzado de la investigación ya se diluyó el riesgo procesal que hasta el año pasado mantenía con prisión preventiva a los ahora tres liberados.
El fiscal se pregunta, en duros términos, qué varió en cuatro meses y cuestiona al juez, por lo que decide llevar la discusión a la Cámara Federal de Apelaciones.
Además de una asociación ilícita, la causa analiza ilícitos como intermediación financiera no autorizada, evasión tributaria y lavado de activos, entre otros delitos federales. Una de las operatorias más cuestionadas es la “transferencia” de divisas al exterior mediante la compensación de cuentas en el extranjero.
El caso estalló a mediados de febrero de 2020, cuando fue allanada esa financiera y una situada en el mismo edificio del complejo Valtodano, barrio Villa Belgrano, en el noroeste de la ciudad de Córdoba. Además, fueron intervenidos los domicilios y otros lugares de referencia de todos los involucrados.
“Estos interrogantes no tienen respuestas y van más allá de una arbitraria resolución judicial, que puede tener que ver con una velada intención de boicotear la ponderada investigación, desentendiéndose del éxito de la misma”, escribe a modo de sugerencia Casas Nóblega en sus tres escritos de apelación, uno por cada uno de los liberados.
El fiscal dice que el juez colabora, “con la salida de los acusados, a obstaculizar las restantes pruebas que este Ministerio Público denodadamente ha solicitado y sigue promoviendo en defensa de la persecución de delitos contra el orden económico y financiero, con ribetes internacionales como la presente causa y que pueden dar lugar además a que el mismo FBI (Oficina Federal de Investigaciones, por sus siglas en inglés) se interese en las maniobras efectuadas en los Estados Unidos”.
Cuando ensaya una respuesta a los motivos del juez para considerar que cesó el peligro procesal, en particular de entorpecimiento a la investigación, el fiscal sugiere sobre los Azar-Valoni que “evidentemente no han sido las pruebas ni la conducta procesal del imputado(a) en los presentes actuados”. Respecto de Cherro, habla de la “pésima conducta procesal de la imputada”.
Cherro obtuvo su beneficio de cese de la prisión preventiva y la posibilidad de terminar con el encierro domiciliario a partir de la disminución del riesgo procesal, pero también por invocar el “interés superior del niño”. Ella y Martín Azar tienen un hijo de corta edad, que comienza a escolarizarse.
Para marcarle el cambio de postura en los últimos meses, Casas Nóblega cita una y otra vez palabras del juez cuando denegó el beneficio de prisión domiciliaria a los mismos acusados el 14 de octubre de 2020. Recordó que Sánchez Freytes señaló en esa ocasión que todavía “deberán declarar una importante cantidad de testigos, quienes oportunamente deberán hacerlo también en el marco de las audiencias de juicio oral y público”.
Lo mismo se sostiene sobre la última resolución del juez, quien en octubre había indicado que “debe ponderarse bajo la luz de los altos compromisos internacionales asumidos por nuestro país en cuanto a la persecución y represión de estos delitos de orden económico-financiero, lo cual vislumbra la gravedad de los hechos bajo investigación”.
Para Casas Nóblega, hay “claros indicadores de peligrosidad procesal, que han sido olímpicamente ignorados por el señor juez, en su función –en este proceso, de juez de Control- derivando en una resolución arbitraria que tiene efectos notables, ya que pone en riesgo la investigación” que realiza el Ministerio Público.
En síntesis, la apelación se nutre de varios pasajes en los cuales el fiscal entiende que en aquel pronunciamiento del juez se enumeraron “tajantemente indicadores concretos” que hoy “no han desaparecido”.
