Como muestra de un avance más de la causa por las presuntas habilitaciones truchas de negocios por parte de la Dirección Bomberos de la Policía de Córdoba, el fiscal de Distrito 1 Turno 2, Guillermo González, dictó la prisión preventiva para los siete presuntos integrantes de la supuesta asociación ilícita. Según la causa, se cobraban altas sumas de dinero a cambio de permitir el funcionamiento de negocios que no cumplían con las exigencias.
Lo novedoso de la medida cautelar es que los siete acusados tendrán que estar encerrados de modo preventivo durante “60 días”, lapso durante el cual el instructor prevé obtener la prueba que le falta para afianzar la investigación.
La medida “de carácter excepcional” es para Julio Zárate, quien está acusado como presunto jefe de la asociación ilícita, y para los otros acusados de ser presuntos miembros: Eduardo Arturo Rivadero, Marcos Fernando Lúquez, José Leonardo Gorocito, Roque Javier Olmedo, Mario Javier García y Félix Rafael Calama.
González destacó el papel jugado por el equipo de la Unidad Judicial de Delitos Económicos encabezado por los ayudantes fiscales Carolina Carranza y Pablo Bazán, quienes desnudaron el proceder ilegal de la banda que buscaba sacar dinero a titulares de “diversos e importantes establecimientos comerciales de diferentes rubros como supermercados, complejos deportivos, consultorios médicos”, entre otros, para que “pudieran en los hechos funcionar y operar comercialmente infringiendo la normativa vigente en materia de higiene y seguridad” y en regla con las exigencias de Bomberos para estar adecuados a la prevención de incendios.
Medida excepcional
En su resolución, González aclaró que esta medida cautelar “tiene la particularidad que será acotada temporalmente por un plazo de 60 días, puesto que se trata de una medida excepcional, en cuyo transcurso se recabaran elementos de prueba útiles para dar fin a la investigación penal relativa a la línea ‘Bomberos’, sin perjuicio de que se encuentran activas otras líneas investigativas en secreto de sumario”.
“Estamos en presencia de una medida excepcional y provisoria” -dijo González-, quien advirtióe que hay “contra indicios que favorecen a los encartados”. Al respecto, menciona que tienen “arraigo y residencia fija” y que “cada uno de ellos es sustento económico de sus vínculos familiares”. También menciona que los siete “carecen de antecedentes penales computables”.
La fundamentación de esta medida finaliza diciendo: “Así se advierte un equilibrio entre lo excepcional e indispensable de la medida coercitiva para asegurar los fines del proceso y el respeto de las garantías constitucionales en favor de los encartados”.
Roles en la asociación
En sus fundamentos para dictar la cautelar, el fiscal describe cuáles eran los supuestos roles y tareas de cada uno de los siete integrantes de la agrupación.
Quien está señalado como presunto jefe del grupo, Julio Zárate, es personal retirado de Bomberos de la Policía de Córdoba. Se indica que él “puso al servicio de esta agrupación sus vínculos y contactos, a su vez sus conocimientos en la materia por haberse capacitado en la misma y por desempeñarse como gestor de tales actividades”.
El fiscal dice que Eduardo Rivadero, personal policial dentro de Bomberos, se encargaba presuntamente de la confección material de los certificados apócrifos, si bien luego fue suplantado por Marcos Lúquez cuando aquel se retiró. A su vez, Lúquez firmó varios de los certificados con su rúbrica personal.
Gorocito, según la acusación, como chofer en la Subjefatura de Policía presuntamente usufructuó sus contactos e influencias para que la organización delictiva pudiera obtener con mayor celeridad los certificados ilegales, según la sospecha judicial.
A Roque Javier Olmedo, como mandatario de la firma Cyre SA (que contiene los supermercados Cordiez y Mercamax) y con conocimientos en higiene y seguridad, se le atribuye gestionar los certificados para dichos establecimientos en supuesta convergencia con toda la organización delictiva, de acuerdo a la sospecha judicial.
A su vez, se acusa a los ingenieros Mario García y Felix Calama, con conocimientos específicos en higiene y seguridad, haber presuntamente falseado “la realidad de los locales comerciales confeccionando múltiples informes de higiene y seguridad de contenido mendaz, los que fueron utilizados por la banda ilícita para darle visos de regularidad y aparente formalidad”.
Se indica que con este proceder, “se logró que los locales comerciales en cuestión –de grandes dimensiones y de masiva concurrencia social- continuaran en actividad en palmaria vulneración a la normativa de higiene y seguridad nacional, y en conclusión perjudicando la seguridad pública, y para ello, dicha asociación ilícita habría percibido grandes sumas de dinero”, según la fiscalía.
El fiscal aclara que en esta resolución sólo se analiza el presunto delito de asociación ilícita, pero no los “hechos particulares” (delitos) que esa agrupación pudiera haber cometido “respecto de cada local comercial en que la mencionada organización delictiva intervino”.
Señala que por esos hechos todavía deben ser intimados estos acusados, para quienes no se descarta nuevas imputaciones. De igual modo, también se indica que podría haber otros acusados por estos delitos autónomos, en contra de personas ajenas a la asociación ilícita.
