El juez de Control José Milton Peralta concedió la libertad bajo fianza al subcomisario Federico Alberto Barrionuevo imputado por la supuesta asociación ilícita conocida como “Zoe Azul”, que habría provocado un megafraude en el mismo seno de la Policía de la Provincia de Córdoba.
La organización cuenta con 17 imputados. Los principales involucrados trabajaban o tenían alguna relación con la Policía de la Provincia.
Barrionuevo se desempeñaba en la Comisaría 9ª de la ciudad de Córdoba hasta que fue detenido como integrante del grupo que habría defraudado a empleados policiales, familiares y allegados a los integrantes de esa fuerza, mediante la captación de fondos con la promesa de otorgar elevados intereses.
La organización, según la instrucción a cargo del fiscal de Delitos Complejos N° 1 Enrique Gavier, estaba presuntamente liderada por Córdoba por la abogada María Eugenia Zulberti, quien se había desempeñado como empleada policial hasta 2013. La “financiera azul” funcionó desde 2019 hasta su desarticulación en marzo de 2022.
Aprovechando sus contactos dentro de la fuerza de seguridad, Zulberti habría ofrecido intereses muy superiores a los de mercado sin una inversión o alguna actividad productiva real que pudiera explicar las ganancias que se prometían a pocos meses. Los policías sentían seguridad al ser abordados por una “empresa” que se ofrecía como si estuviera dentro de la institución.
De este modo, hubo más de un centenar de damnificados que perdieron más de 300 millones de pesos, en su momento calculados en más de un millón de dólares. Como parte de la maniobra de engaño, los organizadores contaban con reclutadores que se beneficiaban por incorporar a terceros a la estructura piramidal.
La banda, según la Justicia, funcionaba dentro de la Policía, obviamente sin autorización oficial, como “un círculo de inversiones”. Había que ser policía para entrar, principalmente. De todos modos, los depositantes podían convocar a familiares directos (civiles). Pero se les pedía que fueran bien cercanos.
Bajo fianza
Barrionuevo consiguió la liberad luego de que su abogado, Javier Gualda, solicitara el control jurisdiccional, por el tiempo de encierro que lleva y por la disminución del peligro procesal a esta altura del proceso.
Superados los dos años de encierro, con prisión preventiva, el juez de Control José Milton Peralta entiende que al no haber habido “ningún progreso” en relación a las estafas, “es posible suponer que la fiscalía, cuando solicite la elevación de la causa a juicio, lo hará únicamente por la asociación ilícita”.
Por eso, entiende el juez que “las estafas no influyen en el eventual pronóstico punitivo, por lo que no habría ninguna afectación a los derechos del imputado”, y luego dice que “de estar cumpliendo con la pena que se le aplicaría por el delito que se le atribuye, ya estaría en condiciones de acceder al beneficio de la libertad condicional” al haber transcurrido los dos tercios del tiempo de encierro.
Luego, el magistrado señala de Barrionuevo que, “si bien su participación en la asociación se encuentra suficientemente acreditada, no se evidencian características que indiquen que su pena vaya a ser sustancialmente mayor a tres años”.
A esto, el juez le añade los informes del Servicio Penitenciario con relación a la conducta del interno, con buen concepto.
Entendiendo que puede otorgársele la libertad, Peralta le fija una seri de condiciones al imputado, entre las cuales se destaca una fianza de 25 mil dólares, según la cotización MEP.
Gavier considera que son numerosos los integrantes de la organización que él considera una “asociación ilícita”.
La organización ya cuenta con 17 imputados. Los principales involucrados trabajaban o tenían alguna relación con la Policía de la Provincia.
