En la audiencia de apertura del segundo juicio por la causa Cordubensis (CBI), conocido como CBI 2, el pasado miércoles quedó plasmada una propuesta de los imputados de extinguir la acusación a cambio de un resarcimiento de 201 millones de pesos que se destinarían a distintas iniciativas para el combate de incendios forestales en la provincia de Córdoba.
Días después, al hacerse pública esta propuesta que ya cuenta con el aval del Ministerio Público Fiscal (MPF) a través del fiscal general Carlos Gonella, el pasado lunes llegó una nota a las oficinas del Tribunal Oral Federal 2 (TOF2) de parte de los síndicos que tramitan la quiebra de CBI en el Juzgado Civil y Comercial del juez provincial Domingo Saúl Silvestre.
Con la firma de la abogada Luisa Isabel Borgarello y el contador y abogado Jorge Fernando Fushimi, estos síndicos solicitan al tribunal de CBI 2 que “contemple los intereses de la quiebra al resolver la propuesta de los imputados”.
Lo que están pidiendo los integrantes de la sindicatura -proceso que se tramita en la Provincia- es que si hay una suma millonaria a modo de resarcimiento no se destine al combate del fuego -al menos en parte- sino que se entregue a los particulares que invirtieron en CBI y resultaron defraudados porque nunca los recuperaron al producirse la debacle, en febrero de 2014.
En esta segunda causa de la Justicia federal están sentados en el banquillo de los acusados Eduardo Daniel Rodrigo, y sus socios de la financiera que se derrumbó en febrero de 2014 –Aldo Hugo Ramírez, Julio César Ahumada, Daniel Antonio Tissera y Oscar Américo Altamirano–, además los empresarios Darío Onofre Ramonda y Darío José Ramonda, el empleado de CBI Luis de los Santos y el financista Alejandro Miguel Yacopini, quienes responden por lavado de activos. A ellos se les agrega el contador Fernando Guevara Amado, con la misma acusación más intermediación financiera.
Lo que se viene
Para este miércoles 15 de noviembre está prevista la realización de la segunda audiencia del juicio de CBI 2 en el TOF2, donde los vocales Noel Costa (presidenta), Carolina Prado y Mario Martínez esperan escuchar la postura de los dos organismos del Estado nacional que son querellantes en la causa, la Unidad de Información Financiera (UIF) y el Banco Central de la República Argentina (BCRA).
Hasta hora, se recibió la oferta de los acusados y el aval del acusador Gonella, quedando pendiente la respuesta de la UIF y el BCRA.
Una vez que esto ocurra apenas inicie la segunda audiencia, el tribunal debe emitir su opinión por la aceptación de la oferta de reparación integral. Cada uno de los acusados realiza un aporte monetario según sus capacidades y, en conjunto, totalizan 201 millones de pesos que, a partir de lo que consintió Gonella, se destinará al combate de incendios forestales.
Esos fondos, se destinarán de inmediato a un fondo que se utilizará para distintos fines con el mismo objetivo: la prevención de incendios, el combate de estos siniestros forestales y la reforestación de las áreas quemadas. En esas tres etapas se dividirá el fondo que administrarán entidades oficiales, cuarteles de bomberos y organismos no gubernamentales, como los que harán reforestación.
Propuesta alternativa
Pero lo que proponen Fushimi y Borgarello es que se destine ese dinero a los ahorristas que resultaron defraudados por CBI. Ellos fueron los “grandes perdedores” del primer juicio que tuvo en cuenta sólo a los organismos nacionales y se olvidó de los particulares.
Para la Justicia federal -con ratificación en Casación- quienes “invirtieron” en esta financiera sabían que no iba a una entidad oficial, pactaban intereses desmesurados y estaban al tanto de que corrían un riesgo.
De los imputados, ya arreglaron sus cuentas con la quiebra que tramita el juez provincial Silvestre los acusados Darío Onofre y Darío José Ramonda (a través de un multimillonario aporte de Centro Motor), Yacopini y los socios de CBI Ahumada, Altamirano y Tissera.
Pero no lo han hecho Rodrigo, Ramírez ni Guevara Amado.
A estos tres podría reclamárseles el resarcimiento que los síndicos piden para los ahorristas que por el momento han cobrado montos magros en la “cola” de quienes verificaron créditos en el proceso de liquidación de la fallida.
Los síndicos piden que todo ese resarcimiento vaya a la quiebra, para que los ahorristas recuperen buena parte de lo que hace unos 10 años colocaron en CBI. En subsidio, si eso no fuera aceptado por el tribunal, solicitan ese destino para los dineros que aporten los tres acusados que no cerraron trato con la quiebra.
Como era de esperar, desde el tribunal no han adelantado opinión y resulta toda una incógnita lo que sucederá tras la segunda audiencia luego de que los organismos oficiales emitan su opinión a la propuesta reparatoria.
