En simultáneo con el fallo en el caso “CBI 2″, el Tribunal Oral Federal 1 de Córdoba (TOF 1), a cargo de Carolina Prado, condenó en “CBI 3″ a tres exgerentes del Banco Nación por incumplimiento de deberes de funcionario público, debido a las irregularidades en la cuenta utilizada por la falsa financiera de Eduardo Daniel Rodrigo como “fachada” para manejar dinero “en negro”.
CBI y las empresas “fantasma”
En el marco de la causa principal (”CBI 1″), se probó que la falsa financiera CBI Cordubensis SA realizó operaciones de intermediación financiera ilegales entre 2012 y 2014, y que se valió de las empresas “fantasma” Jotemi SA y Halabo SA, entre otras, para obtener exenciones a impuestos por actividades que nunca realizaron y para utilizar cuentas corrientes abiertas en la sucursal del Banco Nación de plaza San Martín a nombre de tales firmas para perfeccionar las maniobras.
Formalmente, Jotemi fue constituida por Carina Andrea Moreno (presidenta) y por Romina Verónica Moreno. Le asignaron como actividad principal la venta al por mayor y menor de diarios y revistas. Sin embargo, se probó que Miguel Ricardo Vera (luego “arrepentido” colaborador), Paula Andrea Vettorello, Roberto Carlos Di Rienzo, el “valijero” Jorge Osvaldo Castro (condenados por lavado y evasión tributaria agravada) y Carina Moreno crearon e inscribieron sociedades anónimas para que quedaran exentas del pago del impuesto a los Ingresos Brutos y de impuestos a los débitos y a los créditos bancarios.
Vera apuntó contra Fernando Salvi (exintendente de Villa Ascasubi, vinculado con el actual intendente de esa ciudad, Eduardo Accastello) e indicó que fue quien ayudó para la apertura de las cuentas de Halabo y Jotemi. El arrepentido sugirió que, en algunos casos, los fondos que pasaban por las cuentas de Jotemi y de Halabo en el Nación procedían de la obra pública, y mencionó al Ministerio de Planificación Federal, a empresas como Electroingeniería y a personajes como el exministro de Planificación Federal Julio De Vido o su secretario José López, Juan Manuel Campillo, Lázaro Báez y Sandro Férgola, entre otros.
Así, Jotemi fue usada como “fachada” para operar multimillonarias cifras en pesos con cheques adquiridos por CBI a través de la intermediación ilegal. Posteriormente, el dinero era extraído mediante la presentación de cheques al cobro que regresaban a CBI para ser nuevamente aplicados a las mismas maniobras.
La jueza Prado, a cargo del juicio a los exgerentes, recordó que en la causa principal (”CB1″) ya se había comprobado que Jotemi estaba registrada en CBI como la falsa financiera Bristol SA, en cuya cuenta también se ocultaba Halabo. Las operaciones no figuraban en la registración contable de CBI, ya que existía una doble registración, para ocultar los movimientos “en negro”.
La magistrada precisó que ni Jotemi distribuyó productos editoriales (nadie la conocía en el rubro, con declaraciones juradas con importe cero, sin declarar empleados ni bienes) ni Halabo llevó adelante cobros para terceros, actividades para las que supuestamente habían sido conformadas.
Si bien Carina Moreno y Romina Moreno constituyeron Jotemi, y que, incluso, la primera abrió la cuenta en el Nación y otorgó un poder especial de gestión bancaria a Di Rienzo, fue absuelta por lavado. Carina no tenía capacidad económica para desarrollar ese emprendimiento comercial y sólo ocultó la identidad de los verdaderos titulares de Jotemi.
El papel delictivo de los gerentes del Nación
En 2012, el entonces gerente Miguel Marcelo Postacchini (67 años, jubilado) autorizó la apertura de la cuenta corriente a Jotemi sin requerirle la documentación exigida (bienes, ingresos, declaraciones juradas y estados contables). Vera declaró que “fue Salvi” (al frente en 2011-2012 de Nación Factoring, una empresa del banco oficial) “el que llamó a Postachini para que se abra la cuenta” de Jotemi.
En su momento, Salvi respondió que si bien era amigo de Accastello y del exintendente de Laguna Larga, Fernando Boldú (quien tenía una caja de seguridad en CBI con U$S 290 mil, a la que Accastello tenía acceso, que derivó en el procesamiento de Boldú por presunto lavado luego revocado y a la espera de la nueva definición del juez Nº 3, Miguel Hugo Vaca Narvaja), y que conocía a Vera, él negaba saber de Halabo y de Jotemi.
De esta forma, Postacchini omitió el cumplimiento de las normas para conocer el “perfil del cliente” de Jotemi. En su carrera bancaria, Postacchini ya arrastraba irregularidades y estaba obligado a “extremar los recaudos para evitar” la violación de las normas de prevención de lavado, sostuvo Prado. Pero el banco no investigó el origen del dinero de Jotemi.
Jotemi realizó 7.600 movimientos, con ingresos por más de $ 502 millones y egresos por idéntico valor. Moreno cobró la mayoría de los cheques.
El subtesorero del Nación empezó a sospechar si el negocio de diarios y revistas podía generar realmente el volumen de dinero que manejaba Jotemi. Quienes retiraban entre $ 500 mil y $ 2 millones por día del Nación lo hacían en bolsos negros, lo que recuerda –a la inversa– al jefe narco Tony Montana, en Scarface. El personaje de Al Pacino depositaba, con la complicidad del gerente del banco, las millonarias ganancias de la droga en un banco en bolsos oscuros para luego lavarlo.
A otro bancario a cargo de acreditar 600 cheques diarios en las cuentas de Halabo y de Jotemi le llamó la atención que Moreno, de aspecto muy humilde, realizara las operatorias. Pensó que sólo la estaban utilizando. No sólo Postacchini (fue trasladado a Salta cuatro días después de ordenar la apertura de la cuenta de Jotemi) incurrió en la irregularidad, sino sus sucesores: Daniel Ricardo Bender (hasta el 10 de octubre de 2012) y Pedro Tito Zurko (hasta el cierre de la cuenta, en 2014).
Bender (73; jubilado) y Zurko (63) permitieron que se realizaran los depósitos de cheques de terceros y extracciones de entre $ 800 mil y $ 2 millones diarios, entregados a Carina Moreno, por un total de más de $ 431 millones, sin aplicar controles.
No fue la única maniobra en el caso CBI. Olga Beatriz Divina y Hugo Marcelo Páez constituyeron Halabo como presidenta y director, respectivamente, asignándole como actividad principal la “recaudación de cobranzas propias, de terceros”.
Operaba como otra “fachada” para las maniobras de Vera y de Lucas Sebastián Bulchi (también condenado por lavado y evasión tributaria agravada) con el fin de monetizar el dinero de CBI. Divina también fue absuelta por lavado.
El entonces gerente Zurko (reemplazante de Bender) autorizó la apertura de la cuenta de Halabo sin exigir la documentación y permitió múltiples operaciones con cheques y extracciones por casi $ 187 millones, sin ningún control. Bajo el mando de Zurko saltaron dos reportes de operaciones sospechosas por Jotemi. Nuevamente, la firma siguió operando y el Nación sólo cerró su cuenta cuando la Justicia abrió la causa.
Zuko designó a María Pía Requejo (de Calidad de Información del Nación) para realizar controles de cumplimiento de la normativa antilavado, de la base de datos de clientes y de calidad de la información contable.
La empleada fue procesada por presunto lavado, aunque luego el juez Vaca Narvaja le dictó la falta de mérito. El magistrado indicó que su función no fue cumplida del todo, porque —de haberse contado con la información completa y verificada la verisimilitud de las declaraciones juradas y documentación aportada por Josemi y Halabo— las firmas no habrían operado por dos años (Jotemi) y Halabo (por uno), ya que se habría advertido su situación delictiva.
“Es decir, se establece allí que hubo ineficiencia en el cumplimiento del cargo asignado a Requejo, lo que no fue advertido por el imputado Zurko”, indicó la jueza Prado.
La Sindicatura Concursal (interviniente en la quiebra de CBI) denunció penalmente las maniobras de los gerentes que pasaron por alto las normativas de requisitoria documental a Jotemi y a Halabo. Postacchini, Bender y Zurko fueron imputados como presuntos partícipes necesarios de lavado agravado. El juez Vaca Narvaja los procesó y la Cámara de Apelaciones lo confirmó, aunque ahora fueron condenados por incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos.
Por su parte, la jueza Prado concluyó que, como gerente interino, Bender tampoco cumplió con la normativa de prevención de lavado y permitió que Jotemi continuara operando irregularmente.
Inclusive, en su anterior puesto, cuatro auditorías consecutivas habían advertido sus falencias por la falta de control de la documentación que las empresas que solicitaban autorización presentaban para operar con cuenta corriente. Eso hizo que fuera desplazado el cargo, aunque luego llegó a gerente interino.
“Las omisiones de Bender en el cumplimiento de la normativa referida a controles, particularmente en lo relacionado con el lavado de dinero, fueron funcionales para las maniobras de Jotemi”, sostuvo Prado. “Esta firma continuó operando, depositando a diario grandes cantidades de cheques y retirando abultadas sumas en efectivo con cheques que se libraba a sí misma; maniobras evidentemente sospechosas”, advirtió.
El fallo del Tribunal N° 1
“Tanto Postacchini, como Bender y Zurko (…), mediante la omisión de efectuar los controles, permitieron que Jotemi efectuara las operaciones (…), casi a diario, de abultadas sumas. Estaban en conocimiento de dichas operaciones, primero, por haber ocupado un cargo de responsabilidad directa en la gestión de la sucursal; y luego, tanto por advertencia de las auditorías como por los reportes que señalaban a la firma en movimientos sospechosos de ilicitud, calificados más tarde como ilícitos”, aseguró Prado.
“La conducta que se les reprocha a los imputados fue la de inobservar la normativa vigente en materia de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. De ese modo, los nombrados facilitaron que ‘empresas fantasmas’ como Jotemi y Halabo pudieran (…) efectuar operaciones dentro del sistema bancario por montos millonarios”, remarcó.
Por su parte, en la cuenta de Halabo ingresaron y salieron exactamente $ 213 millones. La mayor extracción diaria la hizo Bulchi (casi $ 5 millones). La compañía registró llamativamente un gran movimiento financiero, aunque no por la actividad “formal”. También acumuló dos reportes sospechosos.
“Las omisiones y las deficiencias de Zurko en el cumplimiento de la normativa de controles, particularmente con el lavado”, dijo la jueza, “resultaron funcionales también para las maniobras” sospechosas de Halabo.
Los bancos están obligados a establecer el perfil del cliente, “condición indispensable para iniciar o continuar la relación comercial o contractual con el cliente”, enfatizó Prado, por lo que Postacchini no pudo desconocer que debían extremarse los recaudos para evitar que se burlaran las normas de prevención de blanqueo.
A Bender y a Zurko les achacó que tampoco podían desconocer los millones con los que operaban las firmas, “con perfiles claramente sospechosos”, que hasta despertaron dudas del personal del Nación.
Prado (también juzgadora en “CBI 2″) condenó a Postacchini y a Bender a un año y medio de prisión (condicional) y a pagar $ 2 millones a una fundación y $ 1 millón a los Bomberos voluntarios, respectivamente. Zurko recibió dos años (condicional) y la obligación de abonar $ 2 millones a los Bomberos.
