Más de un año después del sobreseimiento del empresario Euclides Bartolomé “Tati” Bugliotti en la causa de la financiera Cordubensis (CBI), la Sala B de la Cámara de Apelaciones de Córdoba lo confirmó, con lo que quedó excluido de la investigación que sí tiene a su contador procesado.
El desarrollista (72) había sido imputado por presunta asociación ilícita, intermediación financiera no autorizada agravada y lavado agravado en la extensa investigación que comenzó tras el suicidio del vicepresidente de CBI, Jorge Suau, en 2014.
El fallecimiento fue el prefacio del desplome de CBI que permitió el derrumbe de una enorme mesa de dinero y el fraude a cientos de ahorristas que operaban en el local ubicado en el complejo Dinosaurio Mall y en el de Rivadavia al 100.
En 2019 fueron condenados 13 de los 16 acusados, entre ellos, el titular de la empresa, Eduardo Daniel Rodrigo, y Miguel Vera, principal responsable de lavado a través de una sucursal del Banco Nación.
Cómo funcionó CBI
Sin autorización del Banco Central, desde CBI se captaban ahorros de terceros a través de mutuos o contratos de asistencia financiera mediante los que los inversores depositaban dinero (con un interés mensual superior al ofrecido por los bancos). También se realizaban préstamos, descuento de cheques y caución de cheques en garantía de operaciones financieras.
CBI adquiría cheques por un valor inferior, obteniendo por ganancia el resultante de la diferencia, los que -a fin de ser monetizados- eran depositados a nombre de diversas empresas en cuentas exentas del impuesto a los débitos y créditos. De este modo, el dinero era nuevamente ingresado a CBI para ser puesto en circulación y obtener una diferencia.
La sospecha sobre Bugliotti
Las dudas recayeron sobre la eventual responsabilidad de Bugliotti en parte de las maniobras ilegales de CBI. De acuerdo con la acusación, en 2014, autoridades de la Obra Social de Empleados de Comercio (Osecac) libraron cheques por grandes importes a la orden de personas físicas y jurídicas (algunas inexistentes) para cancelar obligaciones con sus prestadoras.
En ese marco, el contador de varias empresas prestadoras de salud por cuenta y orden de Osecac en San Juan y Mendoza se habría dedicado a la venta de los cheques a distintas personas.
En ese marco, se acusó a Bugliotti y su apoderado y contador del Grupo Dinosaurio, Javier Fernando Guevara Amado, de haber adquirido parte de los cheques librados por Osecac a sus prestadores a cambio de dinero en efectivo.
Para el fiscal Enrique Senestrari, los valores habrían sido utilizados luego por ambos como “aportes de capital” para el desarrollo de las actividades ilegales que desplegaba CBI. La maniobra se habría consumado con el depósito de cheques por más de 53 millones de pesos.
El instructor sostuvo que para ocultar el verdadero origen de los valores, habrían convenido con el presidente de CBI que las operaciones fueran registradas en la extinta “cueva” como provenientes principalmente de Presta SA cuando, en realidad, ésta carecía de capacidad económica para llevar a cabo los aportes de capital.
Así, Prestar era utilizada por CBI para justificar operaciones y simular el ingreso de cheques, que eran destinados a diferentes cuentas con exención impositiva (Yacopini Inversora SA, Centro Motor, Siemens it Solutions and Services y Jotemi SA).
Doble sobreseimiento
En 2017, Bugliotti fue sobreseído por la asociación ilícita (decisión que está firme), pero la investigación continuó respecto a su presunto rol en la intermediación ilegal y el blanqueo. Sobre esta última, el juez federal N° 3 de Córdoba, Miguel Hugo Vaca Narvaja, lo sobreseyó de forma definitiva en agosto del año pasado, pero el fiscal apeló.
Ahora, la Sala B de la Cámara confirmó el sobreseimiento y rechazó los planteos de Senestrari, la Unidad de Información Financiera (UIF) y el fiscal ante la Cámara, Alberto Lozada. Al respecto, Senestrari había solicitado una serie de medidas, entre ellas, algunas vinculadas a la firma Finandino (de Bugliotti), como el levantamiento del secreto fiscal e investigación de la situación patrimonial de sus socios.
El instructor intentó establecer la ruta del dinero para poder –eventualmente- fijar una presunta vinculación de Bugliotti con los delitos por los que fue sobreseído. No obstante, el juez rechazó el pedido por entender que no resultaban pertinentes.
El fiscal consideró un despropósito limitar la investigación sin valorar el rol de Finandino por no encontrarse mencionada en la acusación. En ese sentido, argumentó que no fue mencionada porque no era parte de los hechos sino de sus consecuencias y, posiblemente, destinataria de los fondos retirados de CBI bajo una imagen de aportes societarios.
Asimismo, el fiscal general Lozada cuestionó que el juez no refutó ninguno de los fundamentos dados por Senestrari en sus pedidos y dijo que la falta de diligenciamiento de las medidas impedía llegar a un estado de certeza negativa para sobreseer a Bugliotti. Acerca de esta cuestión, dijo que sin estar completa la investigación, Vaca Narvaja realizó una prematura valoración de la prueba para excluirlo defintivmaente del caso.
La UIF, a su vez, apeló el sobreseimiento al entender que resta la producción de pruebas y que existen elementos que obstaculizan la certeza negativa para ordenar el sobreseimiento (la carta de Suau en la que se mencionó que Bugliotti pesificó operaciones y que Guevara era su testaferro; que Bugliotti prestó fondos a CBI y que habría intentado quedarse con ella). También pidió la nulidad del decreto que denegó la prueba requerida por Senestrari.
El fallo de la Cámara
La Sala B –integrada por Liliana Navarro, Graciela Montesi y Eduardo Ávalos- confirmó el sobreseimiento, declaró inadmisible los planteos de Lozada por la denegación de las diligencias solicitadas por Senestrari a Vaca Narvaja (en relacióna Finandino) y confirmó el pedido de nulidad de la UIF (que rechazó las medidas respecto a Finandino).
La vocal Liliana Navarro señaló que las pruebas llevan a sostener –en línea con el razonamiento de Vaca Narvaja- que Bugliotti “no intervino en los delitos”, ya que los testimonios de empleados de CBI coincidieron en señalar que nunca lo habían visto concurrir a las oficinas de la financiera y que, en cambio, su contador (Guevara Amado) sí llevaba habitualmente los cheques.
La magistrada mencionó, además, que el juez tuvo en cuenta los dichos de Guevara Amado, que negó ser testaferro de Bugliotti e indicó haber monetizado los cheques a título personal sin que Dinosaurio ni Bugliotti tuvieran participación o conocimiento.
También resaltó que del entrecruzamiento de llamadas entre las líneas de los sospechosos en la causa principal arrojaron que Bugliotti sólo tuvo contacto con Vera, a quien, según contó, conocía por ser consumidor de ciertos servicios comerciales de Dinosaurio.
Por otro lado, Navarro precisó que no se detectaron movimientos financieros del empresario en CBI, delitos tributarios o lavado y que Finandino no fue incluida por Senestrari en la causa, por lo que las medidas de prueba solicitadas en tal sentido eran impertinentes. El informe del fisco concluyó, asimismo, que no se detectaron movimientos financieros de Finandino en CBI.
En su voto, Montesi y Ávalos coincidieron con la postura de Navarro.
Sobre Guevara Amado
Por su parte, Guevara Amado fue procesado como partícipe necesario de intermediación financiera no autorizada agravada y lavado agravado (confirmado por la Cámara en 2018). Está acusado en el próximo juicio de CBI.
“Las pruebas pusieron en evidencia la presunta participación. A más de los testimonios de empleados de la financiera, se verificó la existencia de reportes de venta de valores –de ellos surgen operaciones de venta de cheques de terceros a Javier Guevara, de pago diferido y librados por diversos firmantes– y órdenes de pago a su nombre”, recordó Navarro.
La jueza sostuvo que el contador habría “llevado habitualmente a CBI cheques librados por Osecac, aportando así grandes sumas dinerarias (…) con conocimiento de estar cooperando con la intermediación financiera que realizaba Cordubensis y que la finalidad de dichos títulos era el depósito en cuentas exentas de impuestos de las cuales salían los fondos lavados”.
También detalló que Guevara se comunicaba de manera permanente con el contador de las prestadoras de Osecac que comercializaban los cheques. “El plexo probatorio ubicó a Guevara en la ejecución de las maniobras ilícitas”, remarcó.
No es la única causa que pesa contra el contador, ya que está imputado por evasión en la causa de la Compañía de Inversiones Bursátiles (CIB). Aunque su nombre pudiera confundirse con el CBI, son dos expedientes diferentes.
