CBI 1 y CBI 2 son dos expedientes que, a pesar de haber sido separados para su juzgamiento, siguen siendo uno solo o dos interdependientes, según cómo se mire. La megacausa de la financiera Cordubensis (CBI) está “congelada” porque mientras la Cámara Federal de Casación Penal (CFCP) analiza la sentencia del primer juicio, quienes esperan el inicio del segundo debate “necesitan” saber cómo van a ingresar a esa audiencia.
Antes de que el Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2) inicie este segundo juicio, a pedido de algunas partes se decidió esperar lo que suceda con la casación del primero, que condenó a la mayoría de los acusados por diversos delitos contra el fisco, pero dejó de lado la posibilidad de que los principales acusados hayan constituido asociación ilícita.
Quienes están listos para largar ese segundo juicio sostienen que no es lo mismo “entrar” sabiendo que se juzga a miembros de una organización constituida con fines delictivos (o no), ni tampoco establecer que cometieron fraudes similares quienes ya fueron juzgados en el primer debate.
Por lo pronto, esa decisión “clave” de la CFCP ya tiene un dictamen del fiscal general Mario Villar que le da la razón al voto minoritario del vocal cordobés Jaime Díaz Gavier, quien dijo que sí hubo asociación ilícita. Si bien no es vinculante, esa opinión del funcionario porteño puede ser un indicio a favor de que la condena a los principales responsables puede sufrir un agravamiento, con un recálculo de las penas.
El 3 de septiembre de 2019 finalizó ese primer juicio de CBI, en el que, por la mayoría de los vocales José Fabián Asís y Carlos Julio Lascano, se absolvió de asociación ilícita al presidente de la financiera, Eduardo Daniel Rodrigo, y a sus socios Aldo Hugo Ramírez, Julio César Ahumada, Daniel Arnoldo Tissera y Oscar Américo Altamirano, además de Darío Onofre Ramonda, Miguel Ricardo Vera, Diego Ariel Sarrafian y José María Núñez.
Por unanimidad, también se absolvió a Rodrigo, Ramírez, Ahumada, Tissera, Altamirano y Luis Carlos de los Santos de los delitos de estafas, por los ahorros reclamados por los particulares.
Además de otros pronunciamientos menores, lo importante es que, sin asociación ilícita, Rodrigo recibió una pena de siete años de prisión, por intermediación financiera no autorizada, evasión tributaria agravada y lavado de activos agravado, más 30 millones de pesos de multa.
Le siguieron en esa condena –por similares cargos– Ramírez, con cinco años de prisión y 20 millones de multa; Ahumada y Altamirano, cuatro años y medio de prisión y 15 millones de pesos; Tissera, tres años en suspenso y ocho millones de pesos; Ramonda, tres en suspenso y 15 millones de pesos; Sarrafian, tres años y medio y 15 millones de pesos; Vera, seis años y medio de prisión y 25 millones de pesos de multa; De los Santos, tres años en suspenso y dos millones de pesos de multa.
“Hubo asociación ilícita”
Las implicancias que puede tener la determinación de una asociación ilícita, por un lado indicarán que debe hacerse una nueva audiencia para establecer nuevas penas. En el caso de los jefes de esa entidad ilegal, deben responder por un delito más, cuya escala penal va de cinco a 10 años de prisión. Los miembros deberán afrontar una pena teórica que se sitúa entre tres y 10 años de encierro. Todo esto además de la pena que arrastran por las figuras que ya recibieron condena.
Pero, por otro lado, lo que diga la CFCP también tiene implicancias en el inicio del segundo debate, que espera su inicio también en el TOF2, aunque con nueva integración, ahora con la presidencia de María Noel Costa. Ese juicio implicará que muchos de los acusados, ya condenados, puedan ser juzgados nuevamente por otros hechos, algo que discuten los defensores que argumentan el principio de que no pueden ser juzgados dos veces por lo mismo.
También, si se determina la asociación ilícita, habrá otros acusados del segundo debate que entrarán en esta organización, como lo es Alejandro Miguel Yacopini, imputado de lavado de activos, como la mayoría de quienes esperan el segundo debate.
Las defensas sostienen que hay identidad de hecho, de sujetos y de la cosa juzgada. Señalan que los hechos de CBI 1 son la base de los hechos de CBI 2. Según como quede en CFCP la calificación legal, se podrá establecer si hay o no doble juzgamiento.
El fiscal General Villar se pronunció en octubre pasado a favor del voto de Díaz Gavier, que sostuvo la existencia de asociación ilícita como base para cometer los delitos que luego se produjeron y terminaron en condena. Esta postura es sostenida por los querellantes y por el Ministerio Público Fiscal, en este caso en el recurso elevado por el fiscal Carlos Gonella.
Frente a este panorama, en audiencia preliminar de CBI 2 por la causa “Ramonda y otros, lavados de activos agravados”, el MPF, los querellantes y las defensas (Juan Dabusti, Raúl Toscano y Carlos Abril) pidieron que se suspenda el juicio a la espera de la decisión de la CFCP.
El desmembramiento de expedientes suele provocar este tipo de dificultades. Recientemente, en la causa contra la familia Barrera se produjo una decisión de la Cámara Federal de Córdoba que definió que sí había asociación ilícita. Esto se produjo mientras se iniciaba el juicio a los mismos acusados por otros delitos “menores”, como las estafas que habría cometido esa supuesta asociación ilícita. Llamativa similitud con lo que sucede ahora con CBI.
