- Hoy se conocerá el veredicto del juicio a 16 acusados en la causa de la financiera.
- Será el primer juicio de esta investigación.
- También la primera vez que se emita sentencia en el país por el delito de intermediación financiera.
Llegó el día de la sentencia de la causa de la financiera Cordubensis (CBI), que se conocerá esta tarde tras escucharse la última palabra de los 16 acusados y luego de que deliberen los miembros del Tribunal Oral Federal 3, José Fabián Asís, Carlos Julio Lascano y Jaime Díaz Gavier.
Ayer terminaron los alegatos de los defensores, que se opusieron a las acusaciones, en particular a la del fiscal Carlos Gonella, que pidió elevadas penas de prisión para los principales implicados y multimillonarias multas para el núcleo de los involucrados.
Los jueces deben decidir sobre delitos de intermediación financiera no autorizada (primera causa que llega a juicio por esta figura), evasión impositiva, estafas, lavado de activos y asociación ilícita, entre otros.
Con esto, culmina un largo proceso de cinco años y medio de instrucción y debate oral de una parte del expediente desde aquel 14 de febrero de 2014, cuando se conoció la muerte del vicepresidente de CBI, Jorge Suau.
El principal acusado es el titular de esa firma, Eduardo Rodrigo, quien ya estuvo más de tres años preso y es acompañado en el banquillo de los acusados por otros integrantes de la financiera, algunos exempleados, el empresario Darío Onofre Ramonda, el arrepentido Miguel Vera y otros participantes de una megamaniobra que incluyó el descuento de cheques en el Banco Central por más de 716 millones de pesos.
La estrategia defensiva
Benjamín Sonzini Astudillo y Facundo Amoedo defienden al principal acusado, Eduardo Rodrigo. En su alegato señalaron que no existe la intermediación financiera y que la acusación se basó en “errores” del informe del Banco Central. Además, señalaron que no hay correlatividad entre depósitos y préstamos, además de que el volumen no es representativo.
Sobre el lavado de dinero, Sonzini Astudillo indicó que, según la acusación, era realizado en el Banco Nación y en las cuentas de Jotemi y Halabo. Además, señaló que debe existir un delito previo que no se aprecia en la causa, como así tampoco que fondos obtenidos fueran introducidos en el mercado legal. Agregó que no se puede decir que los cheques provengan de un ilícito precedente porque nunca se averiguó su origen.
Sobre la evasión impositiva, los defensores de Rodrigo dijeron que se probó que las cuentas de Jotemi y Halabo no pertenecían a CBI.
Con relación a las estafas, la defensa del expresidente de CBI indicó que se probó que la empresa no engañó a nadie que hubiese depositado sus ahorros ya que todos llegaron por referencias de terceros y quien los atendió les ofrecía colocarlos en blanco o no.
Tristán Gavier, defensor de Julio César Ahumada, solicitó la absolución del socio de CBI. Consideró que no hay delito de asociación ilícita porque no se dan los requisitos para adecuar la figura penal al caso de la financiera. En tal sentido, dijo que los supuestos miembros de la asociación no realizaban aportes efectivos, colaboración, ni existía división de tareas o roles para efectuar ilícitos y que específicamente Ahumada no tenía capacidad para influir a los empleados de la firma para cometer delitos de ninguna naturaleza. Gavier agregó que su defendido jamás ejerció cargo alguno dentro de la administración porque nunca fue director titular o activo, como tampoco realizó aportes de capital o recibió beneficio económico. El defensor aclaró que el único con poder de administración y mando era Rodrigo y que Ahumada jamás tuvo “dominio del hecho”.
Darío Vezzaro argumentó a favor del empresario Darío Onofre Ramonda. El exfiscal general remarcó “la inexistencia de cualquier tipo de asociación ilícita” y que “en la intermediación financiera no se encuentra probado bajo ningún punto de vista que Ramonda haya conocido lo que hacía Rodrigo con la plata”.
Además, dijo Vezzaro, “sí se probó que Ramonda mandaba dinero en el marco de un convenio de recaudación desde 2008 en el cual el delito no estaba tipificado y que con ese dinero se pagaban con cheques al día los autos que vendía” la concesionaria.
José D’Antona se ocupó de defender a Luis Carlos de los Santos, encargado de sucursal de CBI. Para este abogado, “se utilizó el método de análisis de 22 testimonios demostrativos de que los tesoreros, empleados varios y oficiales de negocios podían realizar las mismas tareas que De los Santos”. Por otra parte, D’Antona remarcó falencias en la acusación por el error en las fechas de supuestas estafas porque (su cliente) estaba de vacaciones. Sobre el lavado de activos, el penalista atacó la acusación por “ausencia del dolo requerido para cometerlo”. En respuesta a los argumentos fiscales, señaló la imposibilidad de De los Santos para tomar decisiones respecto de los delitos enrostrados.
Finalmente, D’Antona destacó que su cliente colaboró “desde el día uno”, lo cual fue “decisivo” para investigar y para que la Cámara Federal lo sobresea de asociación ilícita.
El arrepentido
Rodrigo Altamira, el defensor (oficial) del arrepentido Miguel Vera, reclamó que se cumpla con el pacto que se firmó el 28 de diciembre de 2016 con el fiscal Enrique Senestrari “porque implicaba revelar las identidades de los dos empresarios y se cumplió, en un acuerdo homologado por un juez y reglamentado por la ley”.
A esto agregó que "hay una investigación en curso muy avanzada en el Juzgado Federal N° 3 donde están indagados los dos empresarios". Altamira enumeró entre la prueba la declaración de Vera, e-mails que acreditan la intervención de esas dos personas, el testimonio de un abogado que conformó la sociedad, el registro de sus teléfonos en el celular de Jorge Suau y el entrecruzamiento de llamadas telefónicas que acreditan que estaban vinculados.
En ámbitos tribunalicios hubo elogios para abogados no (tan) conocidos en la torre de federales. Además del querellante por la Afip, Mariano Longobardi, dos defensores fueron destacados por su claridad de argumentos: uno fue Amoedo y el otro Manuel Calderón Meynier, quien asiste a Jorge Castro. Este letrado descalificó los requerimientos del Banco Central y de la UIF porque pidieron pena para su cliente por delitos que no están en su órbita de interés como la evasión impositiva y el lavado de activos. Señaló que, si bien su cliente debe ser declarado culpable (confesó la autoría de ciertos hechos), debe ser absuelto por lavado. Dijo que no se lo puede culpar por hacer reingresar el dinero de la intermediación financiera en el mismo circuito y lo puso al mismo nivel de los delitos de narcotráfico cuyo producido se reinserta en la compra de más estupefacientes. Además de solicitar una pena de prisión en suspenso, señaló que el aporte de una planilla con el movimiento de cheques contribuyó a la investigación.
