De los 1.357 alojados que tenía la Unidad de Contención del Aprehendido (UCA) la semana pasada, cerca de la mitad eran personas acusadas por primera vez de un delito en Córdoba. Estos datos, que recogió el Ministerio de Justicia provincial, son los que llevaron al gobernador Martín Llaryora a asociar esta “nueva clientela” penal con la situación social.
A su vez, entre los detenidos en la UCA, que está superada en su capacidad de unos 500 detenidos en más de un doble, resalta también que si se suman reiterantes y reincidentes, los sospechosos de siempre representan la otra mitad del universo.
Los datos son los siguientes
- 642 detenidos son “primarios”, es decir: no tienen condenas previas ni detenciones anteriores.
- 191 son reincidentes, es decir cuentan con al menos una condena.
- 41 son multirreincidentes: tienen más de una causa previa.
- 477 reiterantes: ya pasaron por la cárcel, aunque no llegaron a tener sentencia.
El grueso son hombres: 1.246. Las mujeres en este lugar de detención son 111.
El hacinamiento en la UCA es el tema de un pedido de un habeas corpus colectivo presentado por varios abogados de detenidos, con aval de la oficina de Derechos Humanos del Tribunal Superior de Justicia, que está analizando la jueza Celeste Ferreyra.
Este habeas corpus podría sumarse al que ya otorgó la jueza María Cecilia Orta Córdoba por el hacinamiento en un módulo de la cárcel de Bouwer, a favor de 86 internos alojados en condiciones de hacinamiento.
El ministro de Justicia provincial, Julián López, consideró que esto muestra “cómo impacta la situación social en el delito, porque al aparecer personas que están detenidas por primera vez y se muestra que el delito está llegando a sectores que no era parte. Esto, sin justificar, evidencia que la probreza y la mayor vulnerabilidad tiene un impacto claro”.
El gobernador Martín Llaryora también se refirió a este aspecto, casi en el mismo sentido, en el acto en el que se anunció la construcción de una cárcel de máxima seguridad y también de una nueva Unidad de Contención de Aprehendidos (UCA), donde podrá alojarse hasta 500 personas. “Es un lugar que ha quedado chico por el estrés que está sufriendo actualmente el Servicio Penitenciario debido a la gran cantidad de detenciones”, justificó Llaryora. Complementará la alcaidía de barrio Cáceres: el Establecimiento Penitenciario Número 9. Allí van a parar los detenidos por la Policía. El centro es custodiado por el Servicio Penitenciario de Córdoba. Llaryora sostuvo que el deterioro social y la falta de empleo provocan que “el trabajo diario de todos para garantizar más seguridad sea cada vez más difícil”. También lamentó “la realidad de una situación de pobreza que no para y de una clase media que cada vez está peor”. Pero valoró, en ese contexto, la previsión de aportar en infraestructura de seguridad. “La Provincia está aportando a la política pública de seguridad, frente a un contexto socioeconómico difícil, con un tejido social muy dañado como tiene nuestro país”, consideró Llaryora.
