La causa de la financiera de barrio Villa Belgrano, o de “los Chetos del Norte”, parecía terminada, pero no es así. En septiembre pasado, todos los acusados saldaron su deuda con la Justicia en el Tribunal Oral Federal 3 de Córdoba, a partir de acuerdos de juicios abreviados o de probation en la “cueva” que lideraban Martín Azar y Diego Sánchez.
Hubo dos condenas de prisión domiciliaria, multas, algunos acusados con reconocimiento de responsabilidad, una absolución y otros imputados que resolvieron su situación vía probation con resarcimientos millonarios y tareas comunitarias.
Todo hacía prever que los acusados, en particular los relacionados con la financiera, habían saldado sus deudas con la Justicia. Pero no fue así, a juzgar por lo que sucedió el pasado 8 de noviembre. Carlos María Casas Nóblega, el mismo fiscal que acordó la resolución de la causa, abrió otro expediente que hoy se bautiza “Chetos del Norte 2″, que tiene que ver con otro aspecto de las actividades de la “cueva”: los movimientos de “cable” para enviar o recibir dólares del exterior mediante compensación de cuentas.
¿Qué pasó? La tardía llegada del “informe FBI” desde Estados Unidos trajo información a la Justicia federal cordobesa con los datos de movimientos de cuentas. Las compensaciones entre cuentas en el extranjero a cambio de la recepción o entrega de dólares en la sucursal de Villa Belgrano permitieron a varios hombres de negocios de Córdoba enviar o recibir divisas. De ellos se sabe hoy.
Ahora, Casas Nóblega pidió al juez federal Alejandro Sánchez Freytes avanzar con la instrucción de 27 personas, en su inmensa mayoría imputadas esta vez como responsables de evasión tributaria.
A Martín Azar, ya condenado y con prisión domiciliaria, se le añade un cargo más: el de “lavado de activos agravado por el monto, la habitualidad, por ser miembro de una asociación o banda y la utilización de personas interpuestas”.
La requisitoria del fiscal Casas Nóblega describe 21 hechos, entre los adjudicados a Azar y otros operadores como Luis Alberto Crespo (este sólo en el segundo hecho), con quien comparte la acusación de lavado de activos, más aquellos que estarían incursos en “evasión tributaria agravada por el monto y por el uso de persona interpuesta”. Azar está incluido en los 19 hechos de evasión tributaria.
Entre los acusados de enviar o recibir dinero del exterior evadiendo las cargas impositivas, se encolumnan Christian Flores, Ezequiel Hayes Coni, Alejandro Hayes Coni, Hugo Bianchi, Agustín Martínez, Juan Ignacio Maggi, Juan Carlos Rabbat, Alberto Rodríguez Rufino, Eduardo Daniel Salerno, Rafael Amuchástegui, Daniel René Hernández, Juan Pablo Enseñat, Paola Bianchi, Sebastián Fernández, Raúl Pedro Rópolo, Tomás Frontera Aliaga, Horacio Franco Sebastián Barrionuevo, Matías José Mayor Gavier y Santiago Andrés Clapera.
Además, en esa lista hay tres “operadores” que se habrían desempeñado en la financiera que estaba al lado de la de Azar, en el mismo complejo Vistalba.
Incluidos en la anterior causa, son Pablo Guillermo Rueda y Joaquín Héctor E. Becerra, quienes están imputados por este delito de evasión tributaria pero en carácter de “partícipes no necesarios”. De igual modo, se incluye a otro “operador”: Marcos Manuel Vidal Lascano.
Quién es quién
De sólo leer el listado de las personas que por estos días están indagadas por evasión tributaria, se advierten algunas personalidades conocidas de la vida cordobesa. Acaso el más saliente sea Juan Carlos Rabbat, fundador de la Universidad Siglo 21, excandidato a intendente de Córdoba, exconcejal y exfuncionario del gobierno nacional de Fernando de la Rúa. El fiscal lo acusa de haber ingresado al país U$S 300 mil a partir del depósito de esos fondos en una cuenta de Azar en Estados Unidos y luego recibido los billetes en Córdoba, en la sucursal de barrio Villa Belgrano. El expediente dice que la comisión fue dividida entre Azar, que hizo el movimiento en el extranjero, y quienes le encargaron el trámite, los vecinos de la financiera Becerra y Rueda.
Desde el entorno de Rabbat se indicó que resulta inexplicable la imputación dado que el dirigente adhirió al blanqueo de capitales hace tiempo, lo que según la ley lo dejaría fuera de la causa.
Juan Ignacio Maggi es muy conocido en Córdoba por ser el titular de la fundación Jean Maggi, que brinda ayuda a personas con discapacidades motrices y que se ha destacado por entregar miles de bicicletas adaptadas. Además de haber sido amigo de Diego Maradona, con quien hizo el lanzamiento de una moneda del “D10S”, Maggi protagonizó algunas proezas deportivas, como llegar al Himalaya con su bici adaptada. También planea hacer un viaje estelar. El reproche legal que le hace Casas Nóblega es por evadir los tributos correspondientes a varios movimientos de dólares en el extranjero, por un total de 1.110.000 de la moneda norteamericana. A la fecha de las operaciones (hasta principios de 2020), eso representaba unos $ 40 millones.
Hugo Bianchi no es otro que el titular histórico de varias firmas gastronómicas, y actualmente es el responsable de una cadena de restaurantes que tiene varias sucursales en Córdoba y en otras plazas, entre las cuales hay uno en Miami. El expediente dice que Bianchi “habría extraído del país la suma total de U$S 725 mil sin informar dichas operaciones al organismo fiscal nacional”. Para esto, contó con la gestión de Marcos Vidal Lascano y con los movimientos de cuenta de Azar.
Llama la atención la reaparición de los hermanos Ezequiel y Alejandro Hayes Coni, dos conocidos empresarios “palomeros” que hacen turismo receptivo con cazadores extranjeros y que, en su momento, fueron investigados en el crimen de Rafael Muriel, en 1997, en la zona de La Granja. El reproche legal es a partir de U$S 1.634.176 por servicios prestados en sus estancias La Porteñita, Guayasacate, Sierra Verde y Escondido.
Menos conocidos, hay empresarios que realizaron operaciones de “cable” con Azar y no habrían pagado los impuestos que la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip) considera que deben abonar. Uno de ellos es Christian Flores, un importador de celulares e insumos electrónicos que realizó pagos por más de U$S 7 millones a “proveedores de bienes en el extranjero a través de cuentas bancarias registradas en Estados Unidos” operadas por Azar.
También está en la lista el empresario Juan Pablo Enseñat, dueño de bares en Córdoba, quien junto con Paola Bianchi habría sacado del país U$S 330 mil (en tres envíos) a través del movimiento que hizo Azar: según la investigación, le dieron las divisas más una comisión y él, mediante compensación de cuentas, lo puso a disposición de ellos en una cuenta de Enseñat en Key Biscayne, Florida, Estados Unidos.
Todo es relativo
Hay que ser claro sobre que la llegada del “Informe FBI” que aportó los datos de movimientos de cuentas de la financiera de Villa Belgrano demoró más de un año, lo que hizo difícil prever que se estaría ante una nueva causa. Algunos especulan que el propio Azar, como así también Becerra y Rueda, pueden argumentar que ya fueron juzgados y que hay superposición de hechos con el proceso anterior. No obstante, hay voceros de la Justicia que entienden que se trata de otros hechos y otras imputaciones, no incluidos en la primera causa.
Está claro que termina resultando confusa esta situación. Un especialista en Derecho Penal Económico le dijo a La Voz que “hay demasiada normativa para castigar un mismo tipo de delitos”. El abogado señala que hay “inflación normativa” con relación a la actividad económica de los argentinos.
Pero, además, hay que hacer varias aclaraciones en relación con la “potencia” de la persecución penal y con el grado de compromiso serio que puedan tener los imputados por evasión tributaria. Por empezar, por estos días, estos acusados tienen prioridad para ser indagados con el objetivo de que “antes de marzo”, cuando vence el blanqueo del Gobierno nacional, puedan acogerse a ese beneficio pagando los impuestos de modo retroactivo.
En relación con esto, “antes” de que se produjera el pedido de instrucción de Casas Nóblega, algunos de estos empresarios ya habían ingresado al blanqueo de Milei. Quienes no lo hicieron aún están a tiempo de hacerlo, con lo que la causa se diluye en cuanto a persecución penal. Pagan y se extingue la acción.
Otra lectura que hacen los hombres de negocios es que en algunos de estos casos debe relativizarse la responsabilidad por las dificultades que han tenido algunos importadores –como sería el caso de Flores– de hacerse de dólares hasta diciembre de 2023. Señalan que el cepo les impedía adquirirlos, por lo que debían recurrir a los mecanismos informales.
