Por lejos, en materia delictiva, 2021 será recordado como el año de las ciberestafas. Cientos y cientos de personas fueron víctimas y terminaron con sus cuentas bancarias saqueadas, tanto en Córdoba como en distintos puntos de la Argentina, a manos de bandas que aprendieron a engañar de manera electrónica.
Muchas de estas bandas tuvieron (y siguen teniendo) base y anclaje por estas tierras.
La maniobra de ciberdelito más extendida fue (y sigue siendo) el phishing: delincuentes que, con un amplio abanico de ardides tecnológicos, se hicieron pasar por entidades o entes y lograron engañar a incautos para acceder luego a sus cajas de ahorro.
En muchas oportunidades, estos ciberdelincuentes no se conformaron con el dinero de las cuentas e hicieron contraer préstamos a sus víctimas, sin que estas lo supieran.
En estas maniobras delictivas, muchos bancos terminaron viéndose beneficiados de manera directa o indirecta.
¿Cómo es esto? Sucede que las víctimas, por más denuncias que hicieran y reclamos que presentaran, en general tuvieron (y tienen) que terminar pagando esos préstamos no solicitados por propia decisión. Y encima, tienen que afrontar los intereses devengados. Va de nuevo: pagar los intereses de un préstamo no querido ni solicitado a conciencia.
Algunas entidades bancarias iniciaron en 2021, de manera tardía, campañas preventivas para sus clientes, en los medios o a través de cartelería en vía pública.
A la luz de los hechos, esas campañas no alcanzan. Si vamos más allá, podrían verse hasta como una suerte de estrategia de protección ante eventuales demandas. “Yo te avisé, cliente, lo que te podía pasar”, sería el mensaje entre líneas.
No alcanza, además, porque los bancos siguieron y siguen cobrando los intereses de préstamos tomados en realidad por delincuentes.
Hay un punto central en el discurso de las entidades crediticias: señalan que las víctimas, por más que hayan sido engañadas, terminaron entregando a los ladrones datos personales y dinero de manera “voluntaria”. No hubo un arma que apuntara a su cabeza.
Es un argumento endeble. Pero los bancos se rigen con normas y estrategias del sistema financiero.
Sin embargo, algo está cambiando en el horizonte: jueces y juezas han empezado a fallar en contra de estas entidades, tras darles la razón a los clientes.
Tanto en Córdoba como en varios puntos del país, hay juzgados civiles que no sólo ordenan a las entidades suspender el cobro de los préstamos a sus clientes estafados, sino que cancelan además los intereses. Y hay más: se está condenando a bancos a indemnizar a los demandantes por el daño moral sufrido por tanto reclamar.
El pasado viernes, sin ir más lejos, un juez de San Francisco falló contra un banco que estaba persiguiendo a un cliente (jubilado) por un préstamo (y sus respectivos intereses) que había contraído tras ser víctima de una ciberestafa en Freyre. La entidad fue condenada a pagar por daños moral y punitivo.
En aquella región, tiempo atrás, ya hubo otra sentencia similar de un juez que dio toda la razón a un cliente y condenó a la entidad que lo perseguía con el cobro de intereses, entre otros puntos.
A todo esto, en Córdoba capital, aún resuena otro fallo contra un banco público que le cobraba sin contemplaciones a un hombre que había sufrido el robo de su tarjeta de crédito a manos de delincuentes que luego salieron de shopping.
En Buenos Aires ya empiezan a conocerse sentencias similares.
Parece ser que la Justicia abrió los ojos y comenzó a decirles a algunos bancos: alto ahí, no tan rápido.
Más allá de estas sentencias que empiezan a replicarse, quizá llegó el momento de que las entidades crediticias elaboren mejores estrategias defensivas a favor de sus clientes. Estrategias del lado de la gente, claro.
