Tras una investigación iniciada a partir de denuncias recibidas en 2019, el fiscal de Delitos Complejos Enrique Gavier lanzó este martes ocho allanamientos, detuvo a cinco responsables de una empresa desarrollista e imputó en total a nueve personas por su supuesta participación en 40 estafas inmobiliarias. La presunta maniobra se vincula con la venta de terrenos en dos desarrollos en Falda del Carmen y en Villa General Belgrano, ambos en la provincia de Córdoba.
La madrugada de este martes se caracterizó por el intenso accionar de efectivos policiales a las órdenes de Gavier, quienes concretaron allanamientos en domicilios y otros objetivos relacionados con los nueve imputados. Según surgió de fuentes policiales y judiciales, el resultado de esos procedimientos fue “positivo en prueba” para la causa, además de concretarse las detenciones requeridas.
Según la investigación judicial, sin avances de obras y sin que se hubieran concretado siquiera las autorizaciones municipales, se vendieron terrenos en dos “supuestos” desarrollos inmobiliarios a cargo de las firmas Farezi SA y AC House SA. Los responsables de esas sociedades son Pablo Marangonzín (presidente), Brian Emmanuel Clemente Acosta (vice), Rubén Francisco Cabanillas y Erica Mariana Acosta.
Los cuatro empresarios quedaron detenidos, a quienes se agrega con prisión domiciliaria la escribana pública Raquel Ada Gilli Ponti de Gómez Tello, según se informó de fuentes cercanas a la causa.
Esos dos desarrollos inmobiliarios recibieron los nombres “Pradera del Carmen” (en Falda del Carmen, Punilla) y “Estancia de la Villa” (Villa General Belgrano, Calamuchita), pero nunca alcanzaron a “desarrollarse”.
Gavier imputa a estos cinco detenidos los delitos de “asociación ilícita”, “falsedad ideológica” (de instrumento público) y “estafas”.
Periodista involucrado
El primero de esos emprendimientos en Falda del Carmen cuenta como dueño de la tierra a Víctor Hugo “Vichy” Brizuela, hijo del reconocido periodista deportivo Víctor Brizuela, ya fallecido.
“Vichy” Brizuela y miembros de su familia –esposa y dos hijos– quedaron imputados, aunque, por no ser considerados integrantes de la asociación ilícita, no se les pidió la privación de la libertad.
Desde la Fiscalía del 1° Turno de Delitos Complejos informaron que a Brizuela; a su esposa, María Alejandra Zárate, y a sus hijos Víctor Emanuel y María Florencia Brizuela se les reprocha el presunto delito de “falsedad ideológica” y “estafas”.
En la causa hay nueve denunciantes originales y unos 40 damnificados, representados por conocidos abogados del fuero Penal Económico.
En la misma fiscalía sostienen que los Brizuela argumentan que han sido víctimas de un engaño por parte de los responsables de las firmas Farezi y AC House. No obstante, se aclara que la imputación es a partir de que, como fiduciarios, suscribieron escrituras con falsedades y con esto contribuyeron a consumar las supuestas estafas. También se sostiene que siguieron adelante a pesar de la falta de avance de las obras.
También se indicó que, al verse involucrados, estos imputados llevaron elementos de prueba a la fiscalía que son analizados. De igual modo, esto se expondrá cuando sean indagados, en los próximos días.
“Víctimas del engaño”
Empresario de un medio radial, Brizuela y su familia son asistidos en la defensa de esta causa por los abogados Osvaldo Bachino y Facundo Amoedo, según informaron en la fiscalía.
Amoedo dialogó con este diario y explicó que el predio en cuestión sirvió para el emplazamiento de la antena de amplitud modulada (AM) de radio Sucesos, hasta que la emisora dejó de transmitir en esa frecuencia.
Luego, Víctor Hugo Brizuela recibió una oferta de Marangonzín para adquirir el terreno, por una buena cifra.
A su vez, la propiedad había sido cedida a sus hijos por “Vichy” y su esposa, reservando para la pareja el usufructo.
Según Amoedo, Marangonzín compró la propiedad y entregó una cifra menor, para una operación por un total de U$S 350 mil. Para asegurar el pago de las cuotas restantes, lo hizo ingresar al fideicomiso y le entregó 20 lotes que Brizuela le iría devolviendo a medida que las cuotas de la compra se efectivizaran. Por otra parte, según esta versión, la escribana Gilli Ponti firmó la transferencia, pero se olvidó de hacer firmar al matrimonio Brizuela. Cuando fueron convocados a firmar, “Vichy” le comentó que, tras la primera firma, Marangonzín no pagó ninguna de las cuotas sucesivas.
Amoedo comentó que jamás se verificó ningún avance de obra y que apenas si cortaron el césped.
Mientras tanto, Marangonzín vendía los terrenos y los Brizuela no percibían los pagos convenidos.
Luego vino la imputación de Gavier, y la defensa de los Brizuela aportó elementos a la fiscalía para hacer validar la postura.
El defensor Amoedo comentó que los Brizuela, lejos de participar de la maniobra de Marangonzín, terminaron siendo víctimas de esta situación porque se quedaron sin el terreno, nunca se hicieron de los U$S 350 mil y terminaron imputados en la Justicia.
