Mientras en Villa Carlos Paz avanza la investigación contra dos efectivos de la Policía de Córdoba por su presunta responsabilidad con la trágica muerte de Samuel Tobares (34), ocurrida días atrás durante un procedimiento en Villa Parque Síquiman, otros cinco uniformados serán enviados a juicio en poco tiempo por otro dramático deceso de un vecino durante un violento operativo en Córdoba Capital.
Se trata del caso de Guillermo Bustamante (39), quien falleció el pasado 24 de marzo durante un operativo policial en una estación de servicio de barrio Villa Páez, en la Capital. El muchacho había mantenido una violenta discusión con el playero por el pago de combustible.
Llegaron varios policías y el hombre, según la causa, recibió una golpiza dentro y fuera de un patrullero.
Falleció infartado al poco rato.
Luego de analizar la abundante prueba –centrada en informes forenses, filmaciones y testimonios varios, entre otras medidas–, el fiscal Guillermo González enviará a juicio a cinco policías que participaron del operativo en contra de Bustamante.
Los cinco se encuentran en libertad, aunque en situación pasiva.
“Es inminente la elevación... Está a punto de ser firmada”, se escuchó en Tribunales II.
Según pudo saber La Voz, al menos dos de los uniformados serán enviados a juicio por presunto homicidio preterintencional.
En tanto, los otros serán acusados por figuras más “leves” como encubrimiento agravado y omisión de los deberes de funcionario público.
En un primer momento, los policías habían sido detenidos y dos de ellos habían sido acusados con la gravísima figura de homicidio calificado y agravado por la condición de los uniformados.
Sin embargo, esta imputación se morigeró luego cuando el fiscal recibió una ampliación de los estudios forenses.
Estos exámenes determinaron que la víctima padecía de problemas cardíacos previos. Además, presuntamente era adicto.
Esta situación llevó al fiscal a “bajar” la acusación de homicidio calificado a un homicidio preterintencional para dos policías. Respecto a los otros acusados (por encubrimiento y omisión) tres no la modificó.
Los cinco fueron excarcelados. Y así siguen.
Homicidio preterintencional
El homicidio preterintencional se da cuando una persona golpea a otra con la intención de lesionarla, pero no de causarle la muerte; lo que finalmente ocurre.
El ejemplo que siempre se enseña en las facultades da cuenta de una persona que golpea a otra, esta cae, pega contra el cordón de la vereda y fallece.
El resultado de muerte es un suceso más grave que el que se buscaba, aunque la acción fue intencional (la de causar daño) y la muerte se produjo como consecuencia de esa acción, y no como resultado de un acto separado.
Para el fiscal, no hubo intención de matar por parte de los policías imputados.
Sin embargo, si no hubieran mediado los golpes durante el violento procedimiento, el hombre no se habría muerto en la estación de servicio.
Muerte en la estación de servicio
Todo sucedió aquel 24 de marzo de 2025 alrededor de las 3 de la madrugada.
Bustamante llegó a la estación de avenida Octavio Pinto y Mariano Castex en Villa Páez.
Tras una discusión con un playero por la falta o la demora con el pago de combustible, el empleado llamó a un policía allegado.
Minutos después, unos 15 uniformados llegaron al lugar en móviles. Testigos y cámaras de seguridad (del predio y de los móviles) muestran que Bustamante fue reducido con violencia y que, en ese forcejeo, perdió la vida, según fuentes de la causa.
De homicidio calificado a preterintencional
El fiscal González acusó en su momento a: el subinspector Marcos Guzmán Altamirano, el oficial ayudante Nicolás Bulacio y el cabo Juan Martín por supuesto homicidio preterintencional.
Además, señaló en su momento al oficial inspector Walter Perfumo por presunto encubrimiento doblemente agravado y al sargento Mariano Córdoba por supuesta omisión de los deberes de funcionario público.
En un primer momento, el informe forense inicial había señalado traumatismos severos, pero la ampliación de los estudios determinaron que la muerte se produjo por “falla cardiorrespiratoria aguda” durante la reducción, sin que –en principio– mediara un ataque deliberado para matarlo.
En un comunicado oficial, el fiscal señaló que, a la luz de las nuevas evidencias y en conjunto con el resto de la prueba incorporada, se pudo advertir “la ausencia de dolo directo o eventual” por parte de los uniformados de producir la muerte de la víctima.
Por lo tanto, el funcionario resolvió cambiar la calificación de los hechos a “homicidio preterintencional”. Acto seguido, liberó a los acusados.
Trascendió que el fiscal está terminando de delinear los cargos para todos los uniformados acusados.
“Está claro que algunos pegaron, otros no, pero no hicieron nada para evitarlo, otros trataron de ocultar lo ocurrido...”, señaló una fuente con acceso a la causa.
Mientras el homicidio calificado por abuso de función policial contempla prisión perpetua, el homicidio preterintencional tiene una escala de 3 a 6 años de prisión.
Con el asesoramiento del abogado Carlos Nayi, la viuda de la víctima reclama justicia. “Que todos los responsables paguen por lo que hicieron”, dijo en su momento Agustina Escotorín. La mujer siempre sostuvo que su marido había muerto a raíz de la “brutalidad policial”.
En declaraciones a la prensa, el abogado Federico Pizzicari, quien representa a uno de los acusados, señaló que la muerte de Bustamante “no había sido producto del personal policial, ni de golpes, ni de nada referente al accionar de ellos”. Remarcó el letrado que el fallecimiento se debió a un infarto vinculado a problemas cardíacos preexistentes de Bustamante y que se le encontraron drogas y alcohol en sangre.
El homicidio de Samuel Tobares en Síquiman
A todo esto, el fiscal 2 de Villa Carlos Paz, Ricardo Mazzuchi, tomará indagatoria en los próximos días a los dos policías detenidos por el procedimiento que terminó con la muerte de Samuel Tobares, el trabajador de 34 años que falleció el 23 de noviembre en Villa Parque Síquiman.
Los imputados son el sargento Guillermo Serafín Arce y el oficial Franco Sebastián Romero, quienes se encuentran acusados de homicidio preterintencional. Fueron trasladados a la Cárcel de Bouwer.
La defensa de los efectivos presentó un pedido para evitar que se mantenga la imputación de homicidio preterintencional.
En contraparte, la querella, encabezada por el abogado Carlos Nayi, solicitó el agravamiento de la imputación y señaló que existió un “uso excesivo de la fuerza durante el procedimiento”.
