A medida que continúa la presentación de denuncias penales en la Justicia provincial en contra de la desarrollista Márquez y Asociados, quienes se consideran estafados reseñan cómo son los contratos que firmaron, cuáles fueron las maniobras supuestamente dilatorias de la empresa para no comenzar las obras y los pesares que dicen haber sufrido para tratar de que se cumpliera lo acordado.
Este medio viene publicando la sucesión de denuncias en Tribunales 2 y algunos de los detalles sobre la “modalidad comisiva” de lo que los clientes y sus abogados consideran “estafas” por falta de avance o inicio de obras de las viviendas que vienen pagando o pagaron en su totalidad.
El penalista Rubén Sánchez Quinteros aclaró de entrada que los hechos se encuadran “claramente como una estafa y no como un incumplimiento de contrato”.
Quien opina en el mismo sentido es el abogado Rogelio Luque, patrocinante de otros tres clientes de Márquez con los que también está presentando denuncias por defraudación. Él sostiene que se configuran todos los elementos de una estafa: la intención previa de no cumplir con la contratación, el ardid engañoso y el desapoderamiento del dinero al cliente.
Lo primero, es decir, saber que no se cumplirá con el contrato, según Luque se respalda porque “venden el metro cuadrado a valores muy inferiores a los costos de construcción”, y graficó que se comercializa a U$S 100 lo que para ellos cuesta 400, por el gasto exorbitante que tiene “la estructura comercial y publicitaria” que aplican.
Indica asimismo que se ostenta solvencia con numerosas demostraciones de una empresa pujante y finalmente se concreta el desapoderamiento del dinero del cliente.
Entre las cláusulas desventajosas que los clientes firman, relata que está la prohibición de hablar mal de la empresa, por lo que muchos tienen miedo de ir a la Justicia. “El acceso a la Justicia es de orden público”, sostiene el letrado sobre lo que considera una cláusula ilegal.
Quienes optan por ir a Defensa del Consumidor, señala el abogado, vuelven a escuchar la promesa de hacer la casa en una fecha posterior, y más adelante tampoco se cumple. Luque agrega que la nueva reprogramación sirve para demorar años lo que nunca se cumple: el inicio de las obras o la entrega de la casa.
Rogelio Luque patrocina a tres clientes que se consideran defraudados, uno de los cuales pagó toda la casa y hasta se endeudó para saldar la vivienda por adelantado. Pero nunca llegó a la casa propia y hace un tiempo que vive en su terreno, pero en una casa rodante, comentó su abogado.
Mecanismos de dilación
Luque prosigue relatando lo que sus clientes le indicaron que han sufrido durante años, a la espera del cumplimiento de lo que pagaron.
“El vendedor genera una gran confianza y tienen un muy buen trato con el cliente, hasta que paga”, asegura el patrocinante. Añade que el personal de Márquez tiene un “alto nivel de rotación” y que los interlocutores van cambiando. “Te van fijando reuniones de planificación: primero, para programar la obra y (unos ocho meses después) para programar el comienzo de la obra.
Pero, después de esto, siempre según este relato, comienzan los anexos (adendas), “que son una suerte de prórroga que se dan ellos, en realidad, para ganar tiempo y dilatar la obra, que no se va a iniciar”.
“En el camino –prosigue Luque– ‘venden’ (a los clientes) servicios de agrimensura, movimiento de suelo, baños químicos” que deben contratar con proveedores de Márquez, por sugerencia de la empresa. En ocasiones, la firma pone como excusa el “incumplimiento” de algunas condiciones que son impuestas a fin de que esté todo listo para comenzar la obra. En realidad, dice Luque, son excusas para seguir dilatando la espera.
“Siempre volvés a foja cero, al plazo de cuatro años después de la reunión de programación que después tiene una reprogramación. Es un laberinto”, grafica el abogado denunciante.
Este primer denunciante se encuentra a cuatro años y medio desde el inicio, después de pagar contrayendo una deuda para saldar la vivienda, con un dinero que hoy sería la nada misma y con una vivienda que no está. “El cliente sigue viviendo en una casa rodante, en el terreno donde nunca construyó Márquez”, sostiene Luque.
Tampoco, asegura, les queda la posibilidad de comprar materiales para que comience la construcción, porque Márquez se reserva en el contrato la administración de la obra.
Sus otros dos clientes, sostiene el denunciante, abonaron en cuotas por metro cuadrado, pero ya completaron el total de la vivienda. Luque dice que, a pesar de las señales de incumplimiento, siguieron pagando para no provocar una rescisión por parte de la empresa. Ambos denunciantes vienen pagando un alquiler y las cuotas de la vivienda que creían tener hace unos años.
Cheques “rebotados”
Son días turbulentos para Márquez y Asociados, a juzgar por las denuncias en el fuero penal, por las sanciones o los fallos adversos que está acumulando en Defensa del Consumidor, o bien por las resoluciones en contra en el fuero Civil y Comercial de la Justicia provincial.
Fuentes relacionadas con dependientes de la firma añaden que hay muchos empleados disconformes que tienen atrasos salariales, y también habría una mora millonaria en las cargas laborales.
Más allá de esto, tampoco la salud financiera de la firma está pasando por un buen momento. La consulta de rigor vía web al Banco Central de la República Argentina (BCRA) arroja en el informe de este miércoles que fueron “rebotados” 123 cheques, por un total de $ 215,7 millones.
De ese total, lograron levantar 91 cheques por unos $ 164 millones, pero quedan impagos otros 32 valores, por más de $ 51 millones.
El informe incluye el reporte de dos bancos, uno con un cheque por unos $ 2.776.000 que sigue impago. En la otra entidad crediticia se rechazaron 122 cheques por un total de más de $ 212 millones (de los que fueron “levantados” $ 164 millones, y queda pendiente el resto).
