Si se confirma lo que dice la acusación, el juicio por jurados que comienza este viernes en la Cámara 4ª del Crimen de Córdoba tiene varios ribetes insólitos: una mujer como jefa de la banda, el uso de tecnología de punta para clonar las tarjetas de acceso a estos barrios cerrados, el apoyo clave de un policía que ayudaba con datos estratégicos y nada menos que 27 casas robadas por un perjuicio global superior a los U$S 300 mil.
A las 10 de este viernes, está previsto en Tribunales 2 el inicio de un juicio que podría acceder al trámite abreviado si las defensas acuerdan con el fiscal de cámara Marcelo Saragusti.
Eso podrá advertirse una vez que se abra el debate, pero sería factible por la prueba acumulada.
La acusación de la fiscal de Villa Carlos Paz Silvana Páez señala que esta banda entraba como “Pancho por su casa” a los countries tras superar las guardias como si fueran propietarios.
Para eso, usaban tarjetas que habían sido clonadas una vez que se las sacaban a sus propietarios, sólo por algunos minutos.
Al entrar sin obstáculos, como si fueran dueños, no despertaban sospechas y sólo les bastaba con elegir –en horario nocturno y de mucho movimiento– una casa cuyos dueños no estuvieran en ese momento. Con el apoyo de la líder –siempre según la acusación– que hacía inteligencia y “campana” desde afuera junto a los ingresos, los que entraban a las viviendas hacían un rápido “servicio” yendo a sitios estratégicos donde conocían que podían levantar objetos de valor o efectivo.
De este modo, la banda consiguió ingresar en al menos 27 propiedades de varios countries de las afueras de la capital provincial: Las Cañitas, Tejas 4 y Causana, en Malagueño; Bela Vista y Villa Catalina, en Río Ceballos, y Cuatro Hojas, en Mendiolaza.
¿Cómo hacían para conseguir esas tarjetas? Seguían a un propietario que salía de un country en su vehículo y, cuando se estacionaba en un comercio o en el gimnasio, utilizaban un inhibidor de alarma Pandora para lograr entrar al vehículo. Una vez en el interior del auto, buscaban la tarjeta de paso del country (generalmente en un compartimento junto a la palanca de cambios) y la clonaban con un dispositivo Flipper.
Con esto, ya tenían todo para entrar a los countries con “pase libre”. Como dueños.
Los acusados
También dice el expediente que comenzará a ventilarse en esta primera audiencia que la presunta líder de la banda es Valeria Andrea Britos (46), quien supuestamente lideraba el grupo junto con su hermano Ramiro Nicolás “Nico” Britos (20).
Como presuntos integrantes ordinarios de la banda, también estaban el hijo de Valeria, Ángel Rodrigo “Oreja” Benavídez, y el hermano de ambos, Fernando Britos. Además, se identifica como el hombre que presuntamente conducía los autos que entraban a los barrios cerrados a Alan Leonel “Tumbado” Sariago, quien presuntamente también ingresaba a las casas, según la causa.
El equipo se completa con Marcos Agustín “Cuca” Escudero.
Pero, siempre según el auto de elevación a juicio de la fiscal Páez, hay un policía que está acusado de brindar apoyo logístico (datos) a la supuesta banda y que nunca estuvo detenido, el subcomisario Maximiliano Merlo.
Se indica que él presuntamente proporcionaba información precisa sobre los autos que usaba la banda. Por ejemplo, chequeaba si había algún pedido de secuestro para ese vehículo, con esa patente.
El carácter de supuestos jefes a Valeria y a Ramiro Nicolás Britos se marca porque habría evidencia de que ordenaban a los otros miembros de la asociación cuándo debían salir, qué robar y dónde se juntarían tras el robo, por ejemplo.
La acusación para los integrantes de la banda es asociación ilícita (Valeria y Nicolás Britos, como supuestos jefes), más 27 hechos de robo calificado por ser cometidos en poblado y en banda, más violación de domicilio.
Al subcomisario Merlo se lo acusa por supuesto abuso de autoridad.
Las partes
Entre los defensores, se indica que estarán presentes en la audiencia los penalistas Jorge Sánchez del Bianco (por el policía), Diego Casado y Simón Palacios.
Para el juicio, el jurado popular se constituirá con los vocales técnicos de esta cámara, Enrique Berger, María Antonia de la Rúa y Luis Nassiz, con la acusación del fiscal Saragusti.
Hay tres vecinos del country Las Cañitas constituidos como querellantes particulares: el penalista Carlos Cardeilhac se representa a sí mismo y a Héctor Aguirre, mientras que a Romina Dalianis la asiste Gonzalo Ruiz. Reclaman individualmente cifras aproximadas a los U$S 20 mil, U$S 40 mil y U$S 7 mil, respectivamente.
La banda no ha ofrecido dinero para resarcir a estas únicas víctimas que se constituyeron en el juicio, pero estos aspiran a que se les compense con varios vehículos valiosos secuestrados a los integrantes de la banda, que habrían adquirido con el producto de los supuestos robos.
Esas unidades, a disposición del Poder Judicial, son un Toyota Corolla, una camioneta VW Amarok, un Peugeot 2008 y una 4x4 Chevrolet Tracker.
Cardeilhac señaló a La Voz que aspira que se priorice a las víctimas a la hora de utilizar los vehículos usados como herramientas para cometer los hechos de la causa. Entiende que sería justo que se usaran para reparar a las víctimas.
