Para el lunes a las 8.30, en la sala de audiencias del Jurado de Enjuiciamiento de la Legislatura provincial, está citado el juez civil y comercial de 27ª Nominación de Córdoba, Francisco Martín Flores, quien será evaluado por ese tribunal por las causales de delito y mal desempeño.
El proceso busca allanar la inmunidad de Flores como magistrado, tal como lo pidió en septiembre el juez de Control, Niñez, Juventud, Penal Juvenil y Faltas de la ciudad de Alta Gracia, Claudio Lasso. La solicitud se debe a que al magistrado debe realizársele un juicio a partir de la acusación de la fiscal de Villa Carlos Paz Jorgelina Gómez, quien le imputa delitos de abuso sexual, privación ilegítima de la libertad personal calificada y otros hechos de violencia de género en perjuicio de una expareja.
Para celebrar el jury, que cuenta con la acusación del fiscal General de la Provincia, Juan Manuel Delgado, se convoca al Jurado de Enjuiciamiento que en esta oportunidad se conforma con cuatro legisladoras: Julieta Rinaldi (presidenta, de Hacemos por Córdoba), Victoria Busso (Hacemos por Córdoba), Silvia Paleo (Juntos por el Cambio) y Daniela Soledad Gudiño (Juntos-UCR). El tribunal se completa con el representante del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), el vocal Luis Enrique Angulo, quien reemplaza a la habitual vocal Aída Tarditti, quien se apartó porque uno de los defensores de Flores es el penalista José Cafferata Nores.
Las partes de este proceso oral se desarrollarán en varias jornadas de la semana que se completan con el codefensor Manuel Calderón Meyner. También asistirá –no como parte– el querellante que representa a la expareja de Flores, “AE”, el abogado Carlos Nayi.
El programa del juicio prevé para primera hora de este lunes la lectura de la acusación que lleva a cabo el titular del Ministerio Público Fiscal, esgrimiendo como argumentos el supuesto mal desempeño y la presunta comisión de delitos. También el trámite tiene previsto que el acusado sometido a jury haga uso de la palabra.
Esos primeros ritos son parte del debate público, si bien después continuará la toma de testimonios a puertas cerradas, durante los cuales se ventilarán hechos que pueden afectar la intimidad. El miércoles habrá otra audiencia de testimoniales, lo mismo que el jueves, cuando acaso puedan escucharse los testimonios de las partes y tal vez el veredicto del jurado.
Tal vez, antes del inicio de la audiencia del jury, la defensa plantee que en el TSJ está pendiente de resolución un recurso por la inconstitucionalidad de este proceso. Esto impediría la realización de este debate que persigue el allanamiento de la inmunidad, a partir de la destitución del magistrado.
La defensa cuestiona que Flores sea destituido sin haberse realizado el juicio, mientras que la norma a partir de la Constitución provincial (2001) establece que para hacerle el juicio hay que quitarle los fueros al juez. En esa Carta Magna, se dispuso que los legisladores no tienen inmunidad, pero quedó pendiente similar tratamiento para los magistrados y funcionarios judiciales.
De todos modos, el procedimiento provincial (no así en el fuero federal) establece que ningún magistrado puede ser juzgado si no se le quita la inmunidad que le otorga la Constitución. Puede presumirse que, si se siguió adelante con el proceso y se fijó fecha para el jury –más allá de lo que decida del TSJ–, el jurado siga adelante con la audiencia.
Respecto del veredicto, en caso de que el Jury encuentre causales de mal desempeño o comisión de delitos, Flores ya no tendrá inmunidad y será sometido a juicio ordinario en una cámara del crimen. En el plano estrictamente judicial, además del pedido de juzgamiento de la fiscal Gómez, en diversos momentos tres recursos defensivos fueron rechazados por tribunales de alzada: juzgado de Control, Cámara de Acusación y TSJ. En esas cuatro instancias estimaron que el juez debe ser juzgado por los graves hechos de la acusación.
Los cargos penales
El juez Flores debe responder en juicio por la requisitoria de la fiscal de Carlos Paz Jorgelina Gómez, que lo acusa por una extensa serie de supuestos delitos cometidos en perjuicio de su exesposa: “privación ilegítima de la libertad personal calificada”; “lesiones graves calificadas”, en concurso real con el hecho precedente; “abuso sexual con acceso carnal”, en concurso real con el hecho precedente; “abuso sexual con acceso carnal”, en concurso real con el hecho precedente; “privación ilegítima de la libertad calificada” y “amenazas calificadas”, en concurso real con el hecho precedente; “amenazas” y “lesiones leves calificadas”, en concurso real con el hecho precedente, todo en concurso real.
Así lo sostiene la acusación, que luego contó con los avales del juez de Control de Alta Gracia, de Acusación y del TSJ.
La casación fue rechazada por unanimidad por la Sala Penal del TSJ, con el primer voto de Sebastián Cruz López Peña, compartido por los vocales María Marta Cáceres de Bollati y Luis Enrique Rubio.
El recurso había sido presentado por las defensoras Julia Reartes e Ivana Rossi, con el patrocinio de José Cafferata Nores.
La denunciante –AE–, desde el comienzo de las actuaciones, es patrocinada como querellante por el penalista Carlos Nayi.
La característica de este juicio es que se ventilan hechos de supuesta violencia de género en perjuicio de una expareja del juez. No escapa a quienes esperan este debate que, salvo el vocal supremo Angulo, a Flores lo juzgarán cuatro mujeres legisladoras.
