El 5 de noviembre de 2013, el entonces sargento de la Policía de Córdoba (miembro del grupo Éter) Ariel Pedrazza, asesinó con su arma reglamentaria a sus hijos Tobías, de 12 años, y Morena, de 10. Luego se quitó la vida.
Llevaba varios años separado de la madre de los niños, Paola Fernández.
Fue un capítulo más en la trágica historia de femicidios e infanticidios cometidos por agentes del orden, con las armas con las que supuestamente debían combatir el delito.
El último caso ocurrió el domingo 4 de diciembre en barrio Observatorio, cuando una agente mató a su hijo de 10 años y de otro tiro hirió gravemente a la hija de 7. Luego se efectuó un disparo y sigue internada.
En pocos días se presentarán varios testigos del juicio civil que Paola y sus familiares iniciaron hace más de siete años contra la Provincia de Córdoba, por la responsabilidad objetiva que le cabría en el homicidio al Estado provincial.
La demanda sostiene que existe numerosa doctrina y jurisprudencia que avalan la teoría de la responsabilidad objetiva del Estado: “El ilícito cometido por un agente de policía con el arma provista por la repartición –que tiene el deber de portar permanentemente– constituye un acto efectuado con motivo de su función porque ese deber es el antecedente necesario del perjuicio que causó y en consecuencia la Provincia resulta responsable por el daño ocasionado. ( ..) es un caso de responsabilidad encuadrable en el primer párrafo del art. 1. 1. 13 del Cód.Civil”.
Y agrega que “el Estado provincial al proveer y obligar a sus agentes policiales a portar armas de fuego, debe garantizar y asegurar con máximo celo y prudencia, por su carácter riesgoso, el uso que se haga de estas. Una manera en que esto se puede hacer es con un examen exhaustivo del estado psíquico de los agentes, ya que fue esto lo que obviamente falló en autos”.
Falla en los controles
Esta es una de las claves: la muerte de Morena y de Tobías despertó una campaña para que la Policía de Córdoba realice los controles psicológicos de sus agentes en instituciones externas a la fuerza.
En diciembre de 2014, el entonces jefe de Policía de la Provincia de Córdoba, Julio Suárez, prometió que la Administración Provincial del Seguro de Salud (Apross) comenzaría a realizar las pericias psicológicas y psiquiátricas de los uniformados. Pero nunca sucedió.
La entonces legisladora Liliana Montero (Frente Cívico), ingresó un proyecto de ley a la Legislatura que establecía un “Sistema integral de atención en salud mental para las Fuerzas de Seguridad de Córdoba”.
Este implementaba una evaluación “de aptitud psiquiátrica, psicológica, familiar social en la cual conste como mínimo una descripción de la personalidad, aptitud para portar armas o condiciones y antecedentes psiquiátrico-psicológicos”, entre otros informes.
Planteaba que esa atención se debía dar en el ingreso del agente, durante su permanencia en el sistema e incluso tras el retiro. Y dejaba la evaluación que hace la propia Policía en manos de un equipo externo.
El proyecto duerme en los cajones.
Dos semanas antes del crimen, Ariel Pedraza había obtenido un apto psicológico para ascender.
Responsabilidad objetiva
La demanda civil se inició en noviembre de 2015 y ya lleva siete años en el juzgado de 1ª instancia civil y comercial de 8ª nominación, a cargo de Fernando Rubiolo.
Se centra en la “responsabilidad objetiva” de la Provincia, un concepto que alude “no a si hubo dolo o culpa, sino a que es una responsabilidad que se tiene por el solo hecho de ser titular de una cosa que es riesgosa en sí misma (en este caso, el arma reglamentaria)”, dice Natalia Oviedo, una de las abogadas de los actores en la demanda civil por daños y perjuicios.
Y explica: “Es como tu auto. Si se lo prestás a tu vecino y tu vecino mata a alguien, vos tenés responsabilidad objetiva, por el solo hecho de ser dueño del auto, aunque no manejaras. Es una responsabilidad derivada de ser titular de una cosa que es riesgosa en sí misma”.
Las abogadas de la causa creen que en 2023 debería resolverse y alcanzar un fallo.
