Los hilos de una fangosa investigación comenzaron a aparecer cuando un celular fue secuestrado de las manos del presunto autor de un robo, en un ataque violento que se registró a principios de marzo en el barrio Poeta Lugones, y que terminó con 10 imputados el miércoles pasado, acusados por asociación ilícita.
En ese punto de la zona noroeste de la ciudad de Córdoba, y casi en simultáneo con el arresto, los investigadores que en aquel entonces creían estar ante la presencia de un hurto simple se encontraron con un complejo entramado delictivo.
Lo confirmaron luego de varios meses. Pero todo comenzó allí, tras realizar una primera evaluación de las pruebas que habían recogido durante esa misma detención en flagrancia –es decir, mientras se cometía el robo–.
La Policía halló fotos, audios, mensajes y testimonios que desnudó el funcionamiento de una “Pyme de Motochoros”, tal como la llaman ahora en los pasillos de Tribunales.
El fiscal Juan Pablo Klinger se hizo cargo de la causa y comenzó a establecer relaciones entre diferentes casos con una misma fisonomía: entre cuatro y seis delincuentes en diferentes motos que atacaban a sus víctimas, armados, y con violencia. Todos en la misma zona noroeste de la ciudad de Córdoba.
Estos ataques se registraron entre los últimos días de enero y los últimos de marzo. Lo bueno, dicen los pesquisas, es que todos fueron denunciados y por ende pudieron perseguirse.
Así el fiscal llegó a imputar y a detener a los 10 sospechosos: Lautaro Matías Rojas, Juan Axel Franchesco Piazza, Axel Roger Presidente, Leandro Damián Corzo, Brandon Tristán Giruni Sosa, Edgar Leonardo Ludueña, Kevin Michael Yair Heredia e Ignacio Guevara González. La lista se completa con dos menores imputables, de quienes se reserva su identidad.
Rojas, Corzo, Giruni Sosa, Ludueña, Heredia y uno de los menores fueron imputados por formar parte de una asociación ilícita y participar en múltiples robos agravados cometidos “en poblado” y “en banda”, utilizando armas cuya operatividad no fue acreditada.
En algunos casos, como el de Rojas, también se les atribuye el uso de armas impropias.
Corzo y el menor enfrentan imputaciones por al menos dos hechos, mientras que Giruni Sosa y Ludueña están acusados por tres robos cada uno.
En tanto, Piazza, Presidente y el otro adolescente fueron acusados de integrar la misma organización criminal. A todos se les atribuyen robos agravados con armas no operativas, en concurso ideal con el hecho de actuar en banda. Piazza enfrenta además un cargo por resistencia a la autoridad, lo que agrava su situación.
Guevara González fue imputado únicamente por asociación ilícita, lo que igualmente representa una acusación grave.
Según el Código Penal, las penas para el delito de asociación ilícita es de 10 años de reclusión, para el robo calificado por el uso de armas operativas es 5 a 15 años de cárcel y para robo calificado por el uso de armas no operativas es de 3 a 10 años, con lo cual alguno de los acusados podrían enfrentar condenas de hasta 50 años de reclusión.
En la fiscalía advirtieron que la investigación aún no finalizó y que podría haber más implicados y detenidos.
Los robos
En las pruebas que fueron analizando los investigadores habría quedado demostrado que los robos se planificaban y se concretaban de manera coordinada.
Según informaron fuentes de la fiscalía, los ataques se cometieron en barrios como Los Boulevares, Jardín Claret, Alejandro Centeno, Alto Verde y Poeta Lugones, todos de la franja noroeste de la Capital.
La banda, que como ya se dijo, se organizaba en grupos de entre cuatro y seis delincuentes que actuaban en dos o tres motos por hecho, operaba con una metodología temeraria.
Según lo investigado hasta el momento, en todos los golpes rodeaban a sus víctimas –generalmente motociclistas–, las amenazaban con armas de fuego (aunque no siempre operativas), las golpeaban y les robaban sus vehículos, celulares y pertenencias.
En algunos casos, las arrastraban. En otros, las golpeaban. No faltó la oportunidad en la que alguno de los delincuentes apuntó con un arma al pecho de un motociclista para quedarse con la moto.
Laderos del fiscal reconocieron que las detenciones libradas el miércoles fueron un acto “necesario y urgente”. Y que si bien quedan pruebas por librar, “había temor de que la banda cometiera un hecho aún más grave, porque estaban cebados y en cualquier momento podían disparar contra alguien”.
De este modo, en la fiscalía buscaron actuar con celeridad para cortar de raíz el accionar violento de la presunta Pyme de motochoros.
La punta del ovillo
La importancia del inicio de la investigación radica, según los investigadores, en que todo comenzó por un hecho que pareció simple, pero que se estudió hasta en sus últimos detalles.
Se trata del robo narrado anteriormente, que se perpetró a inicios de marzo. Un menor de edad –ya condenado días antes por integrar otra banda de motochoros– fue aprehendido mientras intentaba asaltar a una mujer en el barrio Poeta Lugones.
“Le sustrajeron la moto, el celular, 100 mil pesos y hasta el DNI. A la mujer la arrastraron por la calle, provocando severas heridas”, reconstruyeron los pesquisas.
El secuestro del teléfono del adolescente, como se dijo, le permitió a la fuerza rastrear mensajes que lo vinculaban a otros sospechosos.
El segundo eje se activó con denuncias previas: desde el 30 de enero al 26 de marzo, se registraron nueve robos más con idéntica modalidad.
“En todos los casos, los delincuentes actuaron con violencia: con armas, empujones, pistolas en el pecho o golpes en la cabeza”, enfatizaron fuentes con acceso a la causa.
Tras el análisis de cámaras, testimonios y comunicaciones entre los acusados –quienes se enviaban fotos de las motos robadas para venderlas– se terminó de completar un primer anillo de un círculo que, tal parece, podría ser mucho mayor de los que se cree hasta el momento.
De hecho, entre los 10 detenidos que fueron imputados por asociación ilícita y robo calificado se encuentra Guevara González, quien es hijo de Sergio “el Chancho” Guevara, condenado por un homicidio en 2022.
Se cree que el hijo, ahora también detenido e imputado, se había evadido en varios intentos de allanamientos por otras causas. Dicen en Tribunales que carga con un largo prontuario delictivo. Al allanarle su casa, se hallaron fotos de armas y motos robadas.
En tanto, Leandro Corzo y Brandon Sosa, están acusados de participar en tres hechos cada uno. Los pesquisas aseguran que tenían un “rol activo” en la banda, a pesar de su corta edad..
“Se manejaban con horizontalidad: no había un líder claro, pero se organizaban para salir a robar y evadir controles”, explicaron fuentes con acceso a la causa.
En cuanto a los allanamientos –que fueron realizados con apoyo del Éter y brigadas de la Policía– se concentraron en barrio Cerrito y Autódromo, donde vivía la mayoría de los integrantes de la patota.
El riesgo latente y la importancia de denunciar
“Por suerte no hubo heridos graves, pero era cuestión de tiempo que mataran a alguien”, repiten una y otra vez los investigadores que tuvieron parte en la causa.
Klinger remarcó que la investigación avanzó gracias al cruce de datos de denuncias previas: “Sin eso, no se hubiera podido armar el rompecabezas. Por eso es clave que la gente no deje de reportar estos hechos, aunque crea que no sirve”.
Si las acusaciones del fiscal se confirman durante el proceso, los mayores podrían recibir hasta 15 años de prisión por asociación ilícita más robos agravados. Los menores, tratamientos tutelares. Pero la causa sigue abierta: “Al rastrear más teléfonos, esperamos sumar hechos”, adelantaron los pesquisas.
