Otro cimbronazo sacudió desde tempranas horas del martes la estructura de seguridad de Córdoba.
El fiscal Juan Pablo Klinger ordenó 12 allanamientos y la posterior imputación por supuesta asociación ilícita y otros graves presuntos delitos de siete integrantes de la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA), un funcionario judicial y dos personas que cumplían la función informal de “dateros de la Policía”.
La investigación comenzó en febrero a raíz de una denuncia que hizo el propio jefe de la FPA, Adrián Salcedo, cuando identificó una diferencia entre el depósito y los registros de la cantidad de cocaína y marihuana secuestrada durante dos procedimientos policiales.
El cargamento habría sido secuestrado en una serie de operativos de control en la cárcel de Cruz del Eje.
Pero faltaban 158 gramos de marihuana y 357 gramos de cocaína, que debían estar a resguardo en la secretaría de la fiscalía móvil de Cruz del Eje, donde había sido depositado entre mayo y julio de 2023.
Era una gran cantidad ausente que rápidamente se hizo notar durante una auditoría.
La denuncia de Salcedo rebotó de la fiscalía antinarcóticos a la fiscalía de Klinger. Cuando llegó a la oficina del fiscal y comenzaron las pesquisas surgieron las primeras pruebas que luego derivaron en una actuación más extendida.
Allí se encontró que un funcionario judicial de la Secretaría Móvil de Lucha contra el Narcotráfico con sede en Cruz del Eje habría incurrido en el delito de encubrimiento por omisión de denuncia, agravado por la calidad de funcionario público y abuso de autoridad.
A la par, el ex jefe de la brigada de la FPA de la misma sede, Mauricio Oyola, habría incurrido en los delitos de violación de prueba a título culposo, reiterado; encubrimiento por omisión de denuncia, agravado por la calidad de funcionario público y abuso de autoridad.
Ambos imputados por estas figuras permanecen en libertad y aún no fueron detenidos, condición que podría cambiar con el paso de las horas.
En palabras simples, se habían enterado de los faltantes en el cargamento de drogas pero habrían tapado el hecho, según entienden en la fiscalía de Klinger.
Esto llevó a que los pesquisas se preguntaran sobre cuáles serían las razones por las que los acusados habrían incurrido en los delitos que se les endilgan.
La investigación continuó. Y las pruebas recolectadas a partir de esta causa llevaron al fiscal a determinar que el cargamento cayó en manos de una presunta asociación ilícita compuesta por altos funcionarios policiales.
Según lo que investiga Klinger, los jefes de la FPA y sus subordinados “pagaban datos” con cocaína y marihuana a dos civiles que funcionaban como “informantes informales” de la Policía, siempre de acuerdo a la causa.
Con las pistas que brindaban los involucrados –de quienes se reserva la identidad– la fuerza lograba presentar resultados positivos en el combate del narcotráfico.
Por ello este martes cayeron tras las rejas quien al momento de los hechos era jefe de la brigada de Deán Funes (actualmente jefe de la brigada de Cruz del Eje), Néstor Márquez y el agente Raúl Moreno de la misma delegación.
En tanto que también fueron presos quienes integraban al momento de los hechos la brigada de Cruz del Eje: el segundo jefe del pelotón, Sergio Ruiz y su hermano, Eduardo Ruiz, más otros tres agentes: Luis Benavídez, Isidro Rivero y Raúl Moreno; al igual que los dos “dateros” de los pelotones.
Todos fueron imputados por supuesta asociación Ilícita, en calidad de miembros y dos de ellos por la figura de Entrega de estupefacientes agravado por la calidad de funcionario público encargado de la persecución de los delitos previstos por la ley 23.737.
La asociación ilícita
Si bien la investigación que encabeza Klinger se disparó por el faltante de una pequeña cantidad de estupefacientes confiscados en la cárcel de Cruz del Eje, los investigadores creen que el eje del delito reside en la supuesta asociación que emergió luego.
En la fiscalía se encuentran reuniendo pruebas para terminar de desglosar el procedimiento que habían armado los jefes con la droga en su poder.
Munidos de sus celulares, intercambiaban mensajes con órdenes directas para efectuar transacciones de distinto tipo en beneficio de los civiles.
Cuando un policía de la FPA soltaba unos gramos de cocaína, el “datero” pagaba con información que le permitía a la fuerza desbarajustar una cocina de drogas, o un punto de venta, o identificar a una familia que se dedicaba a la venta de drogas por menudeo.
Nada grande salía de aquellos operativos, según afirman en voz baja los pesquisas. Era “todo maquillaje, para mostrar resultados y que algo se hacía”, repiten los investigadores.
Lo cierto es que resta determinar si los dateros utilizaban esa mercancía para consumo propio, o si también formaban parte de un circuito de venta.
Hasta ahora lo que se sabe es que cumplían con las órdenes de los agentes que se contactaban directamente con los civiles. Con los datos frescos, llegaban a los despachos de sus jefes y preparaban operativos.
Los dateros mantenían una relación constante con los demás acusados. Formaban parte informal, pero esencial, de los procedimientos policiales.
Y si bien en la fiscalía creen que la lista de involucrados podría haberse completado con las detenciones libradas este martes, nada hace pensar que la investigación haya concluido.
Al contrario, en la fiscalía reconocen que en los 12 allanamientos se logró incautar una nueva cantidad de pruebas que permitirían ampliar las fronteras investigativas.
Este nuevo golpe a la estructura de una fuerza de seguridad de la provincia es el último capítulo de una saga de grandes hechos de corrupción que involucran a otras fuerzas de seguridad, que tienen a jefes y a varios integrantes acusados por el mismo delito: asociación ilícita.
Entre las dependencias implicadas están la propia Policía de Córdoba, la Dirección de Bomberos de esa fuerza y el Servicio Penitenciario de Córdoba, que depende del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
