Publicitados como “Mística Andina” y luego “Organización Nación Pachamama”, la agrupación liderada por Gerardo Renee Bastos, autodenominado “El Maestro Lucidor Flores”, y por su hijo, Ramiro Ignacio Bastos, habría actuado bajo un aparente disfraz de movimiento espiritual para captar al menos a una mujer brasileña, abusarla sexualmente y reducirla a la servidumbre en la localidad de San Marcos Sierras.
La causa instruida por la Fiscalía y el Juzgado de Control y Faltas de Cruz del Eje pasó luego al fuero federal, a cargo del titular del Juzgado N° 2 de Córdoba, Alejandro Sánchez Freytes, quien rechazó la competencia y el requerimiento de instrucción del fiscal N° 2, Carlos Casas Nóblega.
Sin embargo, la Sala A de la Cámara Federal confirmó recientemente que el magistrado siga al frente del expediente, con lo que el fiscal deberá ahondar en la causa ante la posible comisión del delito de trata de personas.
En paralelo, La Voz intentó rastrear algún tipo de contacto con los Bastos (imputados por presunta trata), a través del sitio Nación Pachamama o de sus abogados, sin éxito.
Brasil y Argentina
Con características similares al caso del condenado Ricardo Javier Ocampo, autoproclamado “Maestro Amor” (aunque condenado por abusos sexuales, no por trata), “El Maestro Lucidor Flores” o “Maestro Mayor” habría contactado a la víctima en Brasil.
El caso se destapó cuando la brasileña se presentó en la Justicia y denunció que durante 15 años –entre 2004 y 2019– había sido abusada sexualmente bajo la supuesta figura de congregación espiritual que los Bastos promocionaban.
En 2004, el “Maestro”, como autoridad de culto del grupo con presuntos proyectos para un ambiente sustentable, se habría contactado con ella para que participara del “movimiento espiritual” en la ciudad de Florianópolis, Brasil, donde ella residía. Con un discurso de tipo “místico-espiritual”, habría ofrecido formar comunidades y atraer fieles a su congregación.
Son muchos los sitios sobre temática “mística” –en portugués– que hacen referencia al grupo y al “Maestro”, que publicó varios libros y tenía “discípulos”, a los que bautizaba. Actualmente, existe un sitio web oficial que ofrece cursos, asistir a la “Escuela Mística Andina” y seguir la “Práctica de los 21 días”, con recomendaciones alimenticias y ejercicios (por 4.049 pesos).
De acuerdo con el expediente, habría logrado que la denunciante se sumara al grupo para realizar cursos y acceder a “atendimientos individuales” que Bastos habría ofrecido. Cuatro años más tarde, en 2008, el “Maestro” habría convencido y solventado los gastos para que la mujer coordinara o llevara adelante algunas labores en otro encuentro espiritual en Fortaleza.
Una vez allí, Bastos la habría manipulado psicológicamente para obligarla a participar de una práctica sexual, manifestándole que había sido “elegida” para casarse con su hijo, Ramiro, con un rango jerárquico en la agrupación.
La mujer accedió al pedido del “Maestro” y comenzó una relación con Ramiro, vínculo que habría estado basado en el control absoluto de sus movimientos, según la causa. El joven habría ejercido una constante coerción psicológica, aprovechándose, al parecer, de su vulnerabilidad emocional.
Producto de la relación, tuvieron dos hijas.
A fines de 2009 y principios de 2010, con la aparente finalidad de visitar y conocer a los bisabuelos de las nenas (padres del “Maestro”) en Villa Allende, la mujer, Ramiro y las niñas viajaron de Brasil.
Sin embargo, según la investigación, el destino final fue San Marcos Sierras, donde terminaron en un rancho acondicionado para inaugurar la nueva comunidad denominada “Casa Mama”, a pesar de la negativa de la denunciante, quien insistía con regresar a Brasil.
Para garantizar su permanencia en el poblado cordobés, los Bastos se habrían valido de la extrema vulnerabilidad: la mujer estaba imposibilitada de irse por sus propios medios, ya que no manejaba dinero, no hablaba español y desconocía la zona, situada a más de dos mil kilómetros de su país.
La denuncia de abusos y control
El “Maestro” habría desplegado su presunto objetivo: abusarla sexualmente, reducirla y reducirla a la servidumbre a punto tal que ni ella ni sus hijas podían moverse con libertad.
Si bien la mujer habría aceptado integrar la congregación, su consentimiento se habría encontrado alterado por engaños, amenazas y abuso de autoridad, sumida a un sistema de “premios y castigos” como estrategia de manipulación de tipo divino, espiritual y/o mística.
El control le habría impedido concurrir a hospitales y acceder a una vida social distinta a la de la “comunidad espiritual”.
Los “financistas” del “Maestro Mayor”
La investigación permitió determinar que los miembros del grupo debían realizar aportes monetarios y dormir en carpas. Dos de los “financistas” habrían sido los propios padres de la denunciante, quienes habrían contribuido con grandes sumas.
Pero cuando dejaron de hacerlo, los Bastos habrían ordenado a la mujer comenzar a realizar trabajos para la comunidad sin ninguna clase de remuneración, que habrían incluido la promoción de la congregación y la convocatoria a potenciales miembros mediante avisos en internet y redes sociales. Pero las tareas habrían ido más allá: desde la venta de libros de la comunidad a trabajos domésticos, y la elaboración y comercialización de productos orgánicos.
Un sistema de premios y castigos
Los integrantes de la comunidad habrían sufrido el cambio de sus nombres para poder pertenecer a diferentes grupos psicológicos, a modo de premios y castigos. La denunciante pasó de tener un sobrenombre particular a otro peyorativo, a partir de ciertas circunstancias conflictivas que, desde la óptica de los imputados, habría desarrollado.
La nueva denominación habría tenido un significado claro: humillarse para el “plan divino”. Pero la aparente estratagema delictiva habría llevado al “Maestro” a determinar con quien se mantendrían relaciones sexuales. Si accedían, los participantes recibían un premio.
De este modo, la mujer habría sido abusada por Bastos padre en reiteradas ocasiones durante 2014 y 2015 en una vivienda de San Marcos Sierras. Bajo el estado de sumisión en que se encontraba, la mujer también habría participado de encuentros sexuales grupales con otros integrantes de la comunidad.
Sobre su situación, la Secretaría de Lucha contra la Violencia a la Mujer y Trata de Personas, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia, advirtió que se encontraba “bajo una situación de gran vulnerabilidad a nivel material y simbólico”.
“Dicha situación se vio agudizada considerando que ella junto a sus hijas no contaban con redes de contención, familiares y comunitarias en Argentina. Es en este escenario en el cual se ha encontrado desde el momento en que arribaron a la localidad de San Marcos Sierras. A partir del relato de la entrevistada, pueden analizarse diversos aspectos que permitirían inferir que la misma ha sido víctima de trata de personas bajo la modalidad de reducción a la esclavitud, servidumbre o condición análoga”, indicó el informe.
Luego de varios años, ya en febrero de 2019, la mujer logró salir por propia voluntad de “Organización Nación Pachamama” y presentó la denuncia en la Policía y la Fiscalía de Cruz del Eje, que abrió la investigación.
La mujer denunció a su esposo por violencia familiar y recibió asistencia profesional. En 2019, llegaron a acuerdo homologado por el Juzgado de Familia de Cruz del Eje, Ramiro Bastos prestó conformidad para que sus hijas se mudaran a Brasil.
Rechazo y orden para investigar
El juez federal Sánchez Freytes rechazó la competencia para investigar el caso, al considerar que no se configuró la trata de personas sino conductas posibles de abuso sexual, estafa, amenazas y coacción.
No obstante, el fiscal Casas Nóblega apeló la medida ante la Cámara Federal, en el entendimiento de que sí hubo explotación sexual en contra de la mujer.
Sostuvo que fue objeto de control de sus movimientos, sexualidad y psiquis, captación, traslado y acogimiento a través de la utilización de medios coactivo-coercitivos (amenazas, premios y castigos, etc.).
Así, los imputados (que están en libertad, según informó una fuente judicial a La Voz) se habrían beneficiado de los abusos sexuales, desprendimientos patrimoniales de sus familiares y aportes de dinero, etc.
Por unanimidad, la Sala A revocó el fallo de Sánchez Freytes que rechazó el requerimiento fiscal de instrucción y la declinación de la competencia. De este modo, los camaristas le ordenaron al magistrado investigar el caso.
Se espera que se tomen declaraciones a otras supuestas víctimas que serían parte del presunto plan sistémico y delictivo.
