Al principio, su compañera no dudó. La venta que Federico Daniel Tártara había hecho de su casa quizá no tornó tan inusual sus movimientos monetarios. Sin embargo, un dato vino a servir como disparador de sospechas que terminaron por cercarlo de modo inexorable.
Quien por entonces era responsable operativo del Banco Nación (BNA) de Adelia María, una pequeña localidad relativamente cercana a Río Cuarto, cerró ahora un acuerdo con el fiscal auxiliar Maximiliano Aramayo Sánchez. El Tribunal Oral Federal N° 1 (TOF1) de la ciudad de Córdoba hizo lugar a la reparación integral del perjuicio y deberá abonarle cinco millones de pesos a su exempleador, más de un millón extra de los cuatro que sustrajo.
Las sospechas y los millones
En poco más de un año, entre noviembre de 2016 y diciembre de 2017, Tártara, entonces jefe de plataforma operativa del Nación, realizó 20 operaciones bancarias (seis débitos y 14 transferencias) por 2.950.998 pesos, desde dos cuentas internas a su caja de ahorro.
Los desvíos de fondos a su favor fueron efectuados con su usuario del sistema informático del Nación y desde otro, correspondiente a otro empleado, en perjuicio del mismo banco.
Las maniobras fueron descubiertas en 2018 por una compañera de Tártara, quien lo estaba cubriendo por vacaciones. Si bien notó movimientos inusuales en la cuenta sueldo de Tártara, no sospechó porque hacía poco que este había vendido una casa en Río Cuarto.
Pero al profundizar la investigación sobre su cuenta sueldo, las autoridades del banco descubrieron que las transferencias no provenían de Río Cuarto, sino de una cuenta interna del BNA, lo que derivó en una auditoría formal.
El empleado infiel realizó en aquel entonces 14 transferencias y seis débitos indebidos a su caja de ahorro, por montos “redondos” (que totalizaron $ 2.950.998) desde las cuentas bancarias correspondientes a “Gastos judiciales” y “Tasas de justicia” del Nación y de la “Cuenta colectiva-partidas pendientes de imputación de saldo”, también correspondiente al BNA.
También se detectó que había desviado más fondos, pero en un tiempo anterior. En concreto había transferido, sin respaldo ni justificación, $ 884.068 entre abril de 2013 y marzo de 2016, a la caja de ahorro de un supuesto cómplice (Enrique Javier Nadal), radicada en la sucursal del Nación en Río Cuarto.
Llamativamente, Tártara había trabajado allí antes de ser transferido a la sucursal de Adelia María. Al ser consultado por el gerente, el subgerente y el tesorero, en enero de 2018 reconoció (sin valor legal) la autoría de los hechos, rompió en llanto y se descompensó. El gerente se presentó entonces en la Justicia federal y radicó una denuncia penal que recayó en el Juzgado de Río Cuarto.
Tártara fue imputado como presunto autor del delito de malversación de caudales públicos, defraudación contra la administración pública e incumplimiento de los deberes de funcionario público (34 hechos). Nadal, en tanto, fue procesado en su momento como partícipe necesario de defraudación.
El juez Carlos Ochoa ordenó investigar el estilo de vida de Tártara, quien evidenciaba frecuentes salidas a los restaurantes más exclusivos de Río Cuarto, donde consumía bebidas de alto costo, y a pubs y boliches, entre otras cuestiones relativas a su vida íntima. Posteriormente, Tártara se jubiló por invalidez.
Ofrecimiento de Tártara
El defensor del imputado presentó al TOF1 la propuesta de reparación integral del perjuicio, consistente en abonarle al banco cinco millones de pesos, y solicitó el sobreseimiento.
En ese sentido, fundó su pedido por el criterio de oportunidad y detalló que Tártara había llegado a un acuerdo de reparación con el BNA como damnificado en las maniobras.
La defensa indicó que el acuerdo era integrativo a la indemnización brindada por Nadal, el otro imputado en la causa, quien ya fue sobreseído por reparación integral del perjuicio.
El BNA ratificó el acuerdo y agregó que la entidad se da por reparada, mientras que el fiscal Aramayo Sánchez dictaminó de manera favorable, en la búsqueda de una solución pacífica a los conflictos.
Puntualizó que Tártara ya no trabaja más en el Nación, no tiene antecedentes penales y que, si bien no deja de advertir que el Código Procesal Penal Federal prohíbe la aplicación de la reparación integral para los funcionarios públicos, la norma no se encuentra vigente.
El tribunal –integrado por Carolina Prado, Julián Falcucci y Jaime Díaz Gavier– hizo lugar a la reparación integral del perjuicio y ordenó que Tártara cancele los $ 5 millones al BNA por tramos: $ 1.901.094 con los fondos que se encuentran embargados en la causa; $ 3 millones en 30 cuotas iguales mensuales y consecutivas de $ 100 mil cada una (debitadas de la jubilación) y $ 98.906 (entregada en mayo pasado, conforme el convenio firmado por el acusado y el banco).
