El Tribunal Oral Federal N° 2 de Córdoba capital hizo lugar al ofrecimiento de un exjefe del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) de la ciudad de Laboulaye y le ordenó donar 30 kilos de carne a una parroquia como medida de reparación por haber estafado al organismo hace 21 años.
El fallo judicial se enmarca en la modalidad alternativa de resolución judicial vinculada a un pleito penal. Las defensas de los imputados Juan Carlos Severino Freire (72; veterinario) y María Luján Isla (46) acordaron con el fiscal general Carlos Gonella la donación de carne como reparación del perjuicio para alcanzar el sobreseimiento.
La causa
Los sospechosos quedaron bajo sospecha hace 21 años, en 2004, por irregularidades y delitos en la oficina del Senasa en Laboulaye. Por entonces, Freire era el máximo responsable local del organismo; e Isla, la secretaria.
Los investigadores advirtieron atrasos en los depósitos y en la remisión de las rendiciones del Documento para el Tránsito de Animales (DTA). También constataron los no envíos de documentación para la prosecución de trámites de DTA extraviados y otras irregularidades relacionadas con informes sobre DTA supuestamente rendidos que no ingresaron al Senasa.
Lo más serio fue la falsificación de rendiciones y de boletas de depósitos, lo que ocasionó un perjuicio al Senasa por $ 33.818, a valor de 2004. Fueron acusados como coautores de los delitos de defraudación a la administración pública y falsificación de documentos.
Para zafar del juicio, ambos ofrecieron donar carne vacuna como reparación del perjuicio: Freire, 30 kilos a una parroquia de Laboulaye; e Isla, 15 kilos a un centro comunitario.
El fiscal Gonella dictaminó de forma favorable a la propuesta: resaltó la importancia de la resolución alternativa, que obliga al Ministerio Público a procurar una salida que armonice los intereses en juego y que restablezca la paz social.
Añadió que entre los intereses en juego en este caso se encontraban los de los acusados por hechos de hace 21 años; y por otro lado, los de la sociedad, que fue defraudada por las maniobras. De esta forma, consideró que las propuestas de los acusados constituían una salida adecuada.
Fallo judicial
Los jueces José Asís, Carolina Prado y Noel Costa hicieron lugar a la reparación integral del perjuicio. Sostuvieron que el Código Penal contempla la extinción de la acusación por conciliación o reparación integral del perjuicio como causal de sobreseimiento.
Si bien recordaron que el nuevo cambio en el Código Procesal Penal Federal hace improcedente legalmente la propuesta de reparación porque Freire era funcionario público al momento de la defraudación y permaneció como tal hasta 2020 (año en que se desvinculó también como docente del Ministerio de Educación de Córdoba), tal modificación no rige aún.
De esta forma, habilitaron la salida alternativa acordada por las partes. También tuvieron en consideración que los imputados ya habían abonado –en concepto de multa– $ 47.411 en 2017, el tiempo transcurrido del hecho, su naturaleza y entidad.
