El sueño del auto propio se esfumó rápidamente. La compra de un Fiat Argo usado llevó a su adquirente a descubrir no solo que la documentación era apócrifa sino que la razón de que lo fuera era que el vehículo aún estaba prendado como parte de un plan de ahorro inconcluso. El caso terminó en una investigación penal y en un reciente juicio abreviado.
En un fallo unipersonal de la jueza Carolina Prado, el Tribunal Oral Federal N° 2 de Córdoba capital, condenó a Luis Mariano Carabajal (34) a tres años de prisión (de ejecución condicional) por el delito de uso de documento público falso.
Un engaño “en cadena” en Córdoba
La causa surgió a partir de la denuncia que el interventor del Registro Seccional del Automotor de Jesús María N° 1, José Linares, presentó en la Justicia federal. Una mujer se interesó por un Argo que la concesionaria Naum, de Jesús María, había puesto a la venta.
Entregó la documentación a un gestor de la concesionaria para que inscribiera la transferencia del rodado. Sin embargo, cuando presentaron la documentación, el Registro del Automotor de Jesús María N° 1 descubrió graves irregularidades en los papeles que, luego se determinó, ambos desconocían originalmente.
La mujer solicitó la transferencia con cambio de radicación, ya que el legajo físico pertenecía al Registro del Automotor de San Juan Seccional N° 2. Junto con ello, figuraba la cancelación de prenda del auto.
Pero el interventor del Registro de Jesús María se percató de que existían ciertas irregularidades, porque en el trámite de cancelación de prenda, esta había sido inscripta en 2017 por $ 303.477. Pero el Formulario 03 presentado en Jesús María se declaraban $ 711.967.
Cuando observó el 03 con luz ultravioleta, el funcionario notó que no contaba con los sellos de agua correspondientes y que el número de solicitud tenía una tipografía diferente, lo que le dio la impresión de haber sido adulterada.
Además, las firmas y los sellos insertos en el rubro “N” del 03, del acreedor prendario, presentaba características dudosas. Asimismo, en número del título digital no coincidía con el que presuntamente había extendido el Registro de San Juan N° 2, lo que acrecentó más las sospechas.
A partir de la denuncia penal, el fiscal federal N° 1 de Córdoba, Enrique Senestrari, confirmó que el número del título digital correspondiente al dominio del Argo finalizaba en 2663 mientras que el presentado en Jesús María terminaba en 0736 y correspondía al Registro de Mendoza N° 18, asociado a otro rodado.
De esta forma, se insertaron datos falsos en el 03 de cancelación de prenda, ya que el titular registral del auto se había forzado a venderlo al imputado Carabajal porque no podía seguir afrontando el pago de las cuotas.
Se lo vendió en 2019, y Carabajal, con total conocimiento de la deuda prendaria vigente, se comprometió a completar los trámites en La Rioja (allí había denunciado su domicilio). El vendedor declaró que Carabajal nunca completó los trámites y que, incluso, debía pagar una deuda, un aforo y declarar domicilio con algún servicio a su nombre.
Añadió que, un mes después de concretarse la venta, se dirigió a La Rioja, al domicilio fijado por el vendedor. Grande fue su sorpresa al constatar que no existía ninguna propiedad, sino que, por el contrario, solo había un sitio baldío. Consultó con los vecinos, que le manifestaron que conocían a Carabajal y que había sido empleado de Coca-Cola, pero que había sido echado.
De alguna forma, Carabajal obtuvo la documentación falsa de la cancelación de la prenda (cuando en el Registro de San Juan la prenda seguía vigente a nombre del dueño original) y, sin inscribir el vehículo a su nombre, utilizó los papeles apócrifos para venderlo a la concesionaria Naum.
La empresa sacó a la venta el auto, que terminó siendo adquirido de buena fe por la mujer. La frustrada compradora destacó el buen comportamiento del dueño de la concesionaria, Juan Ignacio Naum, quien tras los inconvenientes que sobrevinieron luego de la presentación del trámite para inscribir el auto a su nombre (de la mujer) ofreció retrotraer la operación, devolviendo el dinero invertido y el vehículo que ella había entregado como parte de pago por el Argo.
El empresario declaró que había comprado el vehículo a un hombre (Carabajal) que se había presentado en la concesionaria ofreciéndolo para la venta. En la operación recibió del vendedor la documentación cuestionada. De este modo, quien realizó la operación de venta en definitiva nunca fue el titular registral, sino Carabajal.
En el juicio abreviado, acordado entre la defensa del imputado y el fiscal general Carlos Gonella, Carabajal reconoció los hechos y su participación en las maniobras.
“Carabajal utilizó –dijo la jueza Prado– la documentación con el objeto de desprenderse del vehículo y hacerse del dinero. Para la configuración de este delito, resulta menester que el documento sea falso o adulterado y que se use con conocimiento de su falsedad, para causar un prejuicio (…). Se trata de un delito de tipo doloso que exige que quien ejecuta la acción tenga conocimiento de la falsedad del documento. Dicho extremo surge de la tenencia y entrega de la documentación apócrifa por parte de Carabajal a Naum, en su concesionaria”.
La magistrada puntualizó que “la falsedad de la documentación emana de las constancias agregadas y señaladas por el denunciante José Linares, quien acompañó prueba en original y copia; en concreto, el título digital y formulario de cancelación de prenda, respectivamente”.
“Lo expuesto no hace más que evidenciar que el imputado tenía en su poder dicha documentación a sabiendas de su falsedad o adulteración, y que se valió de ella para concretar la venta del vehículo”, aseguró y lo condenó a tres años de prisión condicional.
