Una de las más escandalosas causas de narcotráfico que recuerde Córdoba tuvo un “intermediario” extranjero. Con aceitados contactos internacionales para el tráfico hacia la Argentina, la banda lidera por “el Zar de la droga” Claudio Lorenzo Torres se valió de los “servicios” del paraguayo Rodrigo Marcial Villar Benítez (35) para establecer vínculos con proveedores foráneos.
En un juicio abreviado, el Tribunal Oral Federal N° 2 de Córdoba condenó a Villar Benítez a tres años de prisión como partícipe necesario de asociación ilícita. De esta forma se sumó al resto de sentenciados en los últimos años.
Narcoescándalo de Río Cuarto
La causa comenzó en 2014, cuando la Gendarmería alertó sobre una presunta banda narco liderada por Mariano Martín Rivarola (condenado, también, en la causa de “Yerba mala”, el tráfico de casi tres toneladas de marihuana desde Misiones).
En complicidad con Gabriel Bossi, Cristián Fabián Ortiz (otro sentenciado en “Yerba mala”) y “Lecayo” Torres, también conocido como “el Zar de la droga”, Rivarola se dedicaba al narcotráfico. Precisamente, años después, en 2019, sicarios asesinaron a balazos a Torres en la puerta de su casa. “El Zar” acababa de llegar desde Buenos Aires con Bossi en un Audi TT.
Las pistas apuntaron a que Rivarola traía cocaína desde Buenos Aires y de otras provincias del norte del país para su posterior distribución y comercialización al menudeo en Río Cuarto. Los investigadores pudieron comprobar que la narcobanda había expandido su red de contactos y, como es habitual en una estructura criminal de estas características, requirió diferentes colaboraciones, de mayor especificidad y sofisticación.
Así emergió la figura del paraguayo Villar Benítez, que facilitó a la organización los vínculos y los contactos directos con proveedores de estupefacientes de Santa Cruz de la Sierra (Bolivia) y Paraguay, al igual que de Chile.
Una escucha telefónica interceptada a Rivarola y Ortiz, en 2018, exhibió el interés de la banda por cerrar acuerdos con proveedores (este último fue captado en conversaciones sobre vínculos en Bolivia y en Chile). De esta manera, la organización riocuartense sumó a Villar Benítez como “intermediario”.
El “intermediario” también viajó a Chile y a Paraguay con Ortiz y con Jonathan Daniel Palacios, otro de los implicados en la estructura criminal. El imputado reconoció haber conocido socialmente a Palacios, Ortiz y Rivarola, aunque negó inicialmente cualquier conexión con el delito y la existencia de la organización.
Los movimientos migratorios llamaron la atención de la División de Lavados de Activos de la Policía Federal. A través del análisis de las pólizas de seguro, los efectivos determinaron un gran número de vehículos vinculados a la narcobanda, entre ellos, una Ford Ranger usada por Torres y en la que tanto Ortiz como Villar Benítez viajaron al aeropuerto de Ezeiza para tomar un vuelo a Bolivia.
En 2018 interceptaron otra comunicación entre Rivarola y Ortiz, que evidenció que este último había regresado al país. Los investigadores concluyeron que por la ansiedad que transmitió en la llamada, posiblemente había adquirido o transportado estupefacientes o, al menos, coordinado exitosamente las maniobras.
Rivarola le advirtió a Ortiz que se manejara con cautela y que le informara apenas tocara suelo riocuartense. Ortiz viajó acompañado por otra persona que se quedó en un aeropuerto, ya que tuvo otro destino final. “Dichos elementos resultan confirmatorios de la intermediación brindada por Villar Benítez a la asociación ilícita, proveyéndola de vinculaciones”, dijo la jueza Carolina Prado.
Al traslado le siguieron diferentes reuniones en la capital alterna de la provincia, en la que intervinieron Ortiz y Villar Benítez y otros integrantes de la asociación ilícita que operó al menos durante cuatro años y medio (hasta 2019), entre ellos, Rivarola.
Los integrantes de la banda fueron condenados en 2022 por el mismo tribunal: Cristián Andrés Berti, Franco Maximiliano Soffli (hijo del “Zar” Torres); Jorge Luis Etcharren; Mariano Nicolás Peirano; Samuel Marcelino Mansilla (entonces empleado de Cotreco); María Luz Montoya y Gustavo Osvaldo Oyarzábal.
La causa se tornó escandalosa a partir de la participación de Oyarzábal, entonces jefe de Investigaciones de la Policía de la Provincia y mano derecha de todos los fiscales de Río Cuarto.
Para el juez instructor Carlos Ochoa, Oyarzábal brindó información clave a los narcos. Su detención provocó el descabezamiento y la renovación de la cúpula policial de la Departamental Río Cuarto.
Además de Oyarzábal, también fue condenado su yerno, Jonathan Jesús Monserrat; la novia de Ortiz, Gabriela Sueli Suárez; Palacios; Cristián Andrés Schiaroli y Jonathan Nicolás Becerra. María del Luján López de Bravo (casera de los Vargas, detenidos por la desaparición de Nicolás Sabena) fue separada del juicio.
La fiscal auxiliar Julieta Moyano Ludueña y el defensor público oficial Jorge Perano acordaron tres años de prisión. Villar Benítez reconoció los hechos y su participación, y la jueza Prado lo condenó.
“Puedo sostener que el aporte de Villar Benítez en el hecho de la asociación ilícita destinada a realizar actividades relacionadas con el narcotráfico era a título de partícipe necesario o primario, en función del valor de la colaboración o la ayuda a los condenados Rivarola, Bossi y Ortiz, además del occiso Torres”, indicó la magistrada.
