En junio pasado, en el marco de una abusiva represión policial tras incidentes barriales en barrio Zepa B de Córdoba Capital, una joven de 17 años perdió su ojo izquierdo producto de un disparo realizado por un uniformado. El efectivo, pese a los protocolos, le tiró a directo al rostro con un fusil Byrna que lanza balines de gas pimienta. El proyectil recorrió tres metros y dio en la cara de la chica.
Menos de dos meses después, el oficial subinspector (y técnico superior en seguridad pública) Fabricio Vergaras Figueroa (26) fue enviado a juicio con serios cargos penales: lesiones graves agravadas por abuso funcional y falsedad ideológica.
Así lo dispuso el fiscal de instrucción Andrés Godoy, quien entiende que se trató de un caso de violencia institucional policial.
La acusación fiscal tiene dos partes centrales: por un lado, se reprocha al policía de haber disparado de manera intencional contra el rostro de la joven (nada de negligencia ni impericia); y, por otro lado, haber mentido posteriormente en la comisaría ya que, a la hora de presentar el procedimiento, asentó que no había habido heridos ni incidente alguno.
Justo la resolución se conoce cinco años después del crimen de Valentino Blas Correas (17), aquel joven ultimado por la espalda y a quien le plantaron un arma, y por quien los jueces condenaron a 11 policías. Esos magistrados fallaron que se trató de un caso de violencia institucional.
Con todo, los jueces habían enviado los fundamentos del fallo a las escuelas policiales para que se mejore la capacitación y control de los uniformados en Córdoba.
Volviendo al caso de la joven que perdió su ojo, el oficial Vergaras Figueroa permanece en libertad.
Está con situación pasiva.
En diálogo con La Voz, M., la víctima, reclamó recientemente justicia por lo que sufrió y la lesión que le quedó para siempre.
Su madre Sofía, con el asesoramiento del abogado Carlos Nayi, es parte querellante en la causa.
Incidentes y disparos con balines
Todo sucedió el pasado domingo 8 de junio de 2025, cuando patrullas policiales acudieron a barrio Zepa B, en la periferia este de la ciudad de Córdoba, para controlar a dos jóvenes que presuntamente habían estado causando incidentes en la zona.
El operativo derivó en que otros vecinos lanzaran piedras contra los uniformados. Uno de ellos recibió un cascote en un brazo.
A fin de controlar la situación, uno de los policías comenzó a disparar cartuchos con balas de goma con una escopeta calibre 12/70.
No se conocieron heridos.
A todo esto, y según la causa, el policía Vergaras Figueroa comenzó a hacer disparos con un fusil Byrna.
Estas armas (llamadas de letalidad reducida) fueron adquiridas por la Policía de Córdoba en 2023 como un método de “disuasión y control” previo al uso de arma de fuego.
Este armamento (hay pistolas y fusiles) lanza balines rellenos con gas pimienta. Está prohibido, por normativa interna, disparar contra rostro o el cuello o zonas sensibles.
Los balines deben ser lanzados contra piernas, piso o paredes.
Su uso se ha potenciado en 2024 y 2025 en las filas policiales. Hubo cursos de enseñanza y práctica.
Volviendo a ese domingo, según la causa, los uniformados comenzaron a perseguir a un joven que presuntamente habría estado lanzando piedras y que se escondió en una casa.
En esas circunstancias, el oficial Vergaras Figueroa disparó contra esa vivienda en posición de tiro directo.
Uno de los balines dio de lleno en la cara de M., una joven de 17 años. La cápsula le causó una seria lesión en el globo ocular izquierdo.
Un video casero muestra al efectivo seguir disparando pese a haber sido anoticiado de lo que había hecho. La chica sería luego trasladada a un centro de salud, pero el cuerpo médico no se lo pudo salvar.
Graves cargos de la fiscalía
Durante varias semanas, el fiscal Godoy y su equipo trabajaron arduo para establecer qué había pasado con la actuación policial.
Por cuerda separada, la revuelta vecinal fue a parar a la fiscalía de Raúl Garzón, quien investiga todos los casos de agresiones vecinales contra efectivos policiales.
Volviendo a Godoy, el funcionario dispuso peritajes, tomó testimonios y analizó documentación, entre otras distintas medidas.
Finalmente, acusó al policía que le sacó el ojo a la chica por el delito de lesiones graves agravadas por su condición de policía.
El efectivo, al ser indagado, dijo sentirse apenado por lo sucedido con la adolescente, aseveró que actuó conforme a la normativa, dijo que recibió apoyo moral de sus jefes y que no registró a la joven cuando disparaba contra un familiar de ella.
Tras analizar toda la prueba, el fiscal concluyó que el oficial disparó de manera intencional y directo contra el rostro de M. y a tres metros.
El funcionario destacó que “el manual indica que se debe evitar disparar al rostro, cabeza, cuello y garganta”. “El imputado efectuó un disparo con su arma menos letal a la altura de su hombro, en paralelo al suelo y en dirección al sector donde se encontraba la víctima (...). El impacto no fue fruto de la casualidad o de una imprudencia del incoado, sino más bien fue consecuencia de un disparo direccionado”, señaló.
Por otro lado, el fiscal entiende que el policía mintió en su declaración posterior al presentar el informe de lo sucedido (negó que hubieran habido heridos tanto civiles como policías y daños), por lo que lo acusó por falsedad ideológica.
Ni siquiera mencionó ni dejó asentado el efectivo que él mismo había recibido una pedrada.
Para Godoy, hubo violencia institucional aquel domingo.
