Al menos cuatro testimonios ratificaron que una de las supuestas beneficiarias de irregularidades del concurso del área de la Defensa Pública de la Justicia provincial dijo haber recibido por anticipado las preguntas del examen de parte del defensor oficial Eduardo Santiago Caeiro. El dato surgió en la semana que pasó, más allá de que se venía sosteniendo que esa confirmación no era necesaria.
La denuncia que hace dos semanas presentó el gremio de trabajadores judiciales (Agepj) al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) se transformó de inmediato en la apertura de una investigación administrativa y en la anulación de la prueba específica cuestionada. Al dejar sin efecto ese examen, se formó un nuevo tribunal, se formularán otras preguntas y se administrará otra evaluación el próximo 14 de diciembre a todos los postulantes.
La presentación escrita de Agepj planteaba una serie de coincidencias en torno de cuatro empleadas de Tribunales 2 que habían resultado beneficiadas con el máximo puntaje (o casi), muy por encima del resto de los concursantes. Todas ellas, coincidiendo en lo que se dio en llamar elementos de sospecha objetivos, están relacionadas con Caeiro por proximidad laboral o por coincidir en el ámbito académico en la Universidad Católica de Córdoba (UCC).
La investigación administrativa recayó en la Secretaría de Sumarios Administrativos, que depende directamente del TSJ. Mientras en esa oficina mantienen un blindado hermetismo, este diario tuvo acceso a algunos detalles de la tramitación de la prueba, el contenido somero de algunos testimonios y algunas circunstancias que rodean al caso.
“El rumor está superprobado” o “ya es una misma versión contada por distintas personas”, son algunas de las expresiones que sostuvieron las fuentes consultadas por La Voz. Todas confluyen en el mismo relato, en relación con que ya hubo “al menos cuatro testimonios” que confirman lo que denunció el gremio, en particular el “quiebre” de una de las concursantes que habrían recibido el “beneficio” de las preguntas por anticipado.
Pero además de la prueba que confirma la confesión, siempre según lo que manifiestan fuentes coincidentes, se conocen otras acciones en el entorno de las cuatro concursantes que abonan la filtración de las preguntas del examen.
Asistieron a declarar los integrantes de Agepj que presentaron la denuncia, numerosos trabajadores judiciales del fuero penal, expertos del sistema de concursos judiciales y algunas personas relacionadas con el ámbito académico donde Caeiro integra una cátedra y es el titular de un posgrado de especialización en derecho penal. Quienes tienen algún contacto con las actuaciones hablan de varias “decenas” de testigos.
La novedad es que hay cuatro o cinco de esos testigos que abonan la existencia de la filtración de las preguntas del examen, insistieron varias fuentes que se desempeñan en Tribunales 1 y 2.
La Voz intentó hablar con Caeiro, pero este prefiere no pronunciarse por el momento.
Decisión firme
Mientras la investigación administrativa avanza, desde el TSJ han sido unívocos en cuanto a la decisión de ir “hasta las últimas consecuencias” y “hasta el fondo” en la búsqueda de la verdad y de eventuales responsables.
Altos referentes de la Justicia provincial coinciden con los gremialistas denunciantes en la idea de que lo más importante es salvaguardar la integridad y la confianza en el sistema de acceso de personal judicial a través de los concursos. La transparencia de esta herramienta está en juego.
Algunos voceros añadieron que la misma Justicia provincial defiende su prestigio. Si hay algo que distingue al Poder Judicial de Córdoba respecto de otros es su Consejo de la Magistratura y esta política de selección de cargos a través de concursos democráticos.
Opuesto a estas afirmaciones de “ir hasta el fondo”, en diversos ámbitos tribunalicios se insiste que hay sectores que se resisten a revisar eventuales irregularidades y a aplicar eventuales sanciones. La idea de la “sagrada familia” o la “familia judicial” se relaciona con algunas personas que están tratando de minimizar la entidad de lo que se investiga. No son pocos quienes intentan aislar este como un “hecho único”, que no merecería ser tenido en cuenta.
Han transcurrido dos semanas de investigación administrativa, con “muy buenos frutos” en los últimos cinco días. Mientras en diversos ámbitos de la Justicia comenzó a hablarse de hacer una denuncia penal, los voceros consultados coinciden que pueden esperarse mayores resultados probatorios en los próximos días.
A la par que se escuchan estas voces, quienes conocen ciertos detalles de la investigación sostienen que “la prueba colectada es más que suficiente” para confirmar lo denunciado.
Por otra parte, Sumarios Administrativos está trabajando en secreto al mando de su titular, Tristán Quiles. No obstante, esta oficina se reporta con alguien que ha estado ausente desde el inicio de esta investigación. La vocal Aída Tarditti se reincorpora después del fin de semana largo, acaso para aplicar una impronta que defina el curso de las acciones.
