El fuerte contenido de prueba de la investigación interna iniciada por la Secretaría de Sumarios Administrativos del Poder Judicial determinó que el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) decidiera este jueves imputar al defensor oficial Eduardo Santiago Caeiro y enviar las actuaciones a la Fiscalía General para que analice el camino a seguir en el plano penal.
Poco después, desde el mismo Ministerio Público informaron este mismo jueves que se envió la directiva al fiscal de Distrito 1, Turno 1 de Córdoba, Enrique Gavier, por tratarse de un caso de su especialización, Delitos Complejos.
El nivel de prueba alcanzado por la investigación interna a cargo del secretario Tristán Quiles y su equipo de colaboradores motivó la decisión del TSJ: la “imputación” (administrativa, no penal) que implica el inicio de un sumario administrativo para analizar si Caeiro cometió alguna falta y la aplicación de eventuales sanciones internas. Pero, a la vez, se formula el envío de una “noticia” al Ministerio Público con los antecedentes del caso.
Lo mismo sucede con las cuatro empleadas judiciales que en la denuncia original del gremio de trabajadores están señaladas como las favorecidas en el concurso para auxiliar de la defensa pública en el fuero penal provincial. Ellas se desempeñan en diferentes dependencias de Tribunales 2, donde reside el fuero del Crimen: Paz Sonzini Astudillo, quien se desempeña en la Cámara 12ª del Crimen; Florencia Zuliani, en la Cámara de Acusación; Mariana Lorenzatti, en una asesoría de la defensa; y Ana Ruiz Tamagnini, que trabaja en la misma asesoría de Caeiro.
La Fiscalía General debe analizar ahora qué acciones corresponde realizar a partir de la “noticia” que les llegó desde Sumarios y con el expediente de la investigación interna en la mano.
Los caminos en este plano pueden ser variados, como por ejemplo, desestimar la acusación, girar las actuaciones a un fiscal y eventualmente considerar si corresponde pedir un juicio de destitución de Caeiro en caso de considerar que puede ser juzgado por la comisión de algún delito.
En las últimas tres semanas se inició la investigación interna luego de que las autoridades del gremio de empleados judiciales provinciales (Agepj) presentaran una denuncia señalando a Caeiro como la persona que podría haber beneficiado a las cuatro empleadas que resultaron con las cuatro mejores calificaciones, mucho más altas que el resto.
Zuliani obtuvo 35 puntos, el máximo; Lorenzatti 34, y tiene una sanción anterior de Sumarios por dar clases de ingreso a Tribunales y presumir que tenía influencias; Ruiz Tamagnini y Sonzini Astudillo, obtuvieron 33 unidades. Del resto, unos pocos concursantes estuvieron debajo de los 30 puntos, situándose la gran mayoría de los aprobados por debajo del 70 por ciento.
Sonzini Astudillo es, según una testigo clave, quien confesó que Caeiro la había ayudado con el examen. La “testigo de oro”, señalada como “L”, dijo además que Caeiro le indicó a una de las concursantes qué material y bibliografía debía consultar para el examen.
En la denuncia del gremio, se sumó que las cuatro presuntas “favorecidas” tenían relación laboral, académica o familiar con el defensor oficial. Luego, se añadió el “rumor” de que una de ellas habría admitido haber recibido ayuda de Caeiro.
Ese rumor parece haberse confirmado con la recepción de varios testimonios “positivos”, en particular con uno muy directo y contundente, el de “L”. Ante este posible nivel de contundencia de la prueba, el TSJ de acuerdo a lo que venía anticipando desde el inicio mismo de la investigación: “Llegar hasta las últimas consecuencias”.
La resolución del TSJ indica, según el portal oficial del Alto Cuerpo, que material “reservado y estrictamente confidencial” habría sido revelado por el defensor público a cuatro agentes judiciales vinculadas con él por cuestiones académicas, personales y funcionales, que rindieron ese examen.
A su vez, los vocales Luis Angulo (presidente) y Sebastián López Peña firman otro escrito en el que anotician a la Fiscalía General del contenido de la investigación de Quiles. Allí se dice que de esas actuaciones “podrían surgir hechos que hacen a la competencia del Ministerio Público Fiscal”.
Caso complejo
Poco después de recibir esa comunicación, con la misma celeridad con la que actuó en su momento el TSJ, la Fiscalía General dio destino al expediente para que sea investigado por un fiscal.
El destinatario fue Gavier debido a que se considera un caso de Casos Complejos porque la resolución del Alto Cuerpo contiene “una serie de consideraciones” que lo enmarcan como un hecho de este tipo. Dos de ellas son la gravedad institucional y el perjuicio público.
El sumario administrativo (interno) iniciado formalmente este jueves sigue su curso, mientras Gavier va a investigar si hay un delito que pudiera haber sido cometido. Se especula en diversos ámbitos con la violación de secretos. Ese análisis queda a cargo de la fiscalía.
Eventualmente, de avanzar hacia una imputación (penal) debe distinguirse entre las empleadas y el funcionario, cuyo expediente puede terminar en un juez para que realice una investigación jurisdiccional. La posibilidad más grave es el pedido del jurado de enjuiciamiento.
Como se sabe, un funcionario judicial no puede ser llevado a juicio si conserva el privilegio de sus fueros.
Tras un par de semanas de discursos de preservación de la salud del sistema de concursos de acceso a cargos en el ámbito judicial, con algunas dudas y cuestionamientos respecto de la seriedad de la investigación y sus eventuales consecuencias, una alta fuente judicial comentó a La Voz: “Una cosa es decir ‘voy a investigar hasta las últimas consecuencias’ y otra es hacerlo”.
