Si algo faltaba para completar la prueba sobre una supuesta filtración de exámenes en un concurso de los Tribunales provinciales, se sumó esta semana la declaración de una empleada judicial que aseguró que escuchó directamente de una de las favorecidas su confesión de haber recibido por adelantado las preguntas de parte del defensor oficial Eduardo Caeiro.
Esta hipótesis a partir de la denuncia que formuló el gremio de empleados judiciales provinciales (AGEPJ) viene siendo confirmada en la investigación administrativa que realiza la Secretaría de Sumarios Administrativos, dependiente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Córdoba.
La semana pasada se informó, siempre según varias fuentes judiciales de Tribunales 1 y 2, que había cuatro testimonios que confirmaban lo denunciado por AGEPJ. De manera coincidente, sostenían de modo indirecto que habían escuchado el “quiebre” o la confesión. También se referían de modo directo a lo que habían escuchado de otras de las supuestas favorecidas.
Pero siempre quedaba pendiente escuchar a una trabajadora judicial que estaba de viaje y que había sido la destinataria “directa” de la confesión de “PSA”, una de las cuatro presuntas favorecidas por el examen. Las vacaciones en el Caribe terminaron y durante el fin de semana largo esa persona retornó a Córdoba dispuesta a declarar, según tuvo acceso La Voz.
Esa disposición “positiva” se cumplió al reabrir la actividad judicial, porque el testimonio fue brindado ante Sumarios Administrativos y confirmó la confesión. Si bien en esta oficina no brindan información, este diario pudo corroborar que “L” -la “testigo de oro”- dijo lo que las demás venían sosteniendo.
Otro de los testimonios que se recibieron, en este caso la semana pasada, sostenía que otra de las cuatro presuntas favorecidas, “FZ”, estaba reunida con una amiga (otra testigo) en su ámbito laboral y se retiró para recibir un llamado. Al regresar, según fuentes calificadas que conocen ese testimonio, “FZ” estaba sumamente alterada y comentó que un allegado al concurso (se omiten mayores detalles para no comprometerlo) le había hablado a Caeiro y le había manifestado su disgusto por las altas calificaciones de las cuatro ubicadas en el tope de la prueba escrita cuestionada.
Las cuatro favorecidas, según la denuncia de Agepj, estuvieron considerablemente por encima del resto de los concursantes. Obtuvieron entre 33 y 35 puntos (el máximo), mientras que sólo pocos del resto de los concursantes se situó ligeramente por debajo de 30. La gran mayoría de los que aprobaron el examen cuestionado no se acerca a esos guarismos porque no superaron el 75 por ciento del puntaje.
Esas cuatro favorecidas, siempre según las denuncias gremiales y de acuerdo a lo que ratifican otras fuentes judiciales de diversos sectores, son allegadas a Caeiro. Más allá de lo que menciona AGEPJ en su presentación sobre vínculos de parentesco, es más fácilmente comprobable que tienen con él relación académica o laboral; una de ellas es su auxiliar en la defensoría.
A esto se sumó la versión de la “confesión” de una de las señaladas, lo que viene a ser confirmado ahora por una testigo directa.
Cuando comenzó la investigación, ordenada de inmediato por el TSJ, se indicó que se iría “hasta las últimas consecuencias”. Ahora, en poco más de dos semanas se obtuvieron más de 40 testimonios y se sumó prueba documental de diverso origen, entre tribunalicia y académica.
Diversas fuentes judiciales indican que ya está todo “más que probado”, pese a lo cual se reconoce que hay resistencias. En Tribunales, todos repiten que Caeiro es de familia de judiciales, ya que es hijo de dos conocidos excamaristas.
Se espera la reacción del TSJ, que debe pronunciarse sobre este sumario, cuyos méritos serían más que suficientes a favor de los hechos que señala la denuncia gremial.
Si se avanza hacia una acusación, las responsabilidades de la filtración del examen recaen en dos extremos: en quien lo suministró y en quienes lo recibieron. Más allá de las medidas que puedan tomarse con Caeiro, está claro que las empleadas señaladas por la denuncia como favorecidas deberían ser sumariadas.
Por el momento, las cuatro siguen en carrera en el concurso y rendirán un nuevo examen en la nueva prueba escrita que se está preparando para el 14 de diciembre. En igualdad de condiciones con el resto de los aspirantes.
Legislador pide informes
Sobre este caso, el legislador provincial Walter Gispert (Punilla) presentó un proyecto en la Legislatura de Córdoba dirigido al gobernador Martín Llaryora y al ministro de Justicia, Julián López, como representante del Poder Ejecutivo ante el Consejo de la Magistratura. Curiosamente, el pedido no va dirigido al Poder Judicial.
Gispert requiere: “Si es de su conocimiento el posible hecho de corrupción que se hiciera público en los medios de prensa de la provincia, en el que se le atribuye a un alto funcionario judicial haber anticipado las preguntas de un examen de concurso público para ocupar cargos en la Defensoría Oficial, a cuatro concursantes”.
Sobre eso, pide el legislador que se informe “cuáles fueron las medidas adoptadas para garantizar la transparencia y la igualdad en el concurso público, y qué medidas se tomaron respecto del funcionario que habría sido señalado, informando si se han hecho las correspondientes denuncias a los fines de la investigación por la posible comisión de un delito por parte del funcionario judicial”.
Gispert afirmó que “la sociedad merece respuestas contundentes para preservar la confianza en las instituciones judiciales”.
En un comunicado dirigido a los medios, sostiene que la iniciativa persigue, además, asegurar que “cualquier irregularidad sea investigada con rigor, reforzando los principios de igualdad y mérito en el acceso a cargos públicos”.
