La semana pasada, en la Cámara 9ª del Crimen de la ciudad de Córdoba, fue condenada a tres años y cuatro meses de prisión efectiva, en juicio abreviado, Sara Emilia Miranda (29), una mujer que arrastra varios procesos judiciales en los cuales ha sido acusada de denunciar a quienes considera una molestia, particularmente a hombres a quienes incrimina falsamente por violencia de género.
En esta última ocasión, el vocal de cámara Martín Bertone la halló responsable de varios delitos: “coacción reiterada”, “lesiones leves reiteradas”, “robo reiterado”, “hurto simple” y “falso testimonio”.
En esta oportunidad, la víctima de esas denuncias fue un funcionario de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) que terminó detenido cinco días en el Centro de Detención EP9 hasta que su defensor consiguió revertir los primeros efectos de la denuncia.
El motivo de la confrontación se debió a que ambos eran vecinos en un inmueble cuyos departamentos están en disputa entre algunos titulares y ocupantes de hecho debido a una causa de estafas inmobiliarias. Miranda habría pretendido sacar de su vivienda al aeroportuario por medio de una denuncia falsa: lo acusó de abuso sexual y de agredirla con un arma blanca.
La propiedad en cuestión es un edificio de varios pisos ubicado en la esquina de Saturnino Navarro y Nicanor Carranza, frente a la plaza de barrio Cerro de las Rosas, en una exclusiva zona de la ciudad. El edificio ha estado sujeto a causas judiciales de estafas y la posesión de las unidades habitacionales de quienes las ocupan es precaria.
Gracias a prueba fortuita aportada por un vecino que grabó con su teléfono la supuesta agresión, más otras evidencias y la inconsistencia de la denuncia de Miranda, el defensor del aeroportuario, el abogado Juan Pablo Rubio, pudo obtener el recupero de la libertad de su cliente.
Esto a su vez condujo al fiscal de instrucción Juan Pablo Klinger a la incriminación de “la China” Miranda, ya conocida en Tribunales 2 por otras causas similares.
En la reciente audiencia en la Cámara 9ª la acusada reconoció plenamente su culpabilidad y pidió disculpas, lo que sirvió para sentar las bases de un juicio abreviado con pena acotada.
La fiscal de cámara Mercedes Balestrini solicitó la condena que terminó validando el juez Bertone.
Entre los reproches más destacados, se adjudicó a Sara Emilia “China” Miranda agresión y amenazas (participación en agresiones físicas con el uso de objetos contundentes, como un palo de escoba, causando lesiones a las víctimas), coacción y amenazas (amenazar de muerte, con destruir propiedades y con provocar daños graves a las víctimas), robo y hurto (sustracción violenta de pertenencias, como morrales y llaves de vehículos, aprovechando situaciones de discusión), falso testimonio agravado (presentación de denuncias falsas ante la autoridad judicial, con el objetivo de perjudicar a terceros y desviar la investigación de sus propios actos).
Lo que pudo haber provocado
La suerte del funcionario de la PSA estuvo a punto de ser desgraciada si no hubieran mediado algunas cuestiones casi azarosas.
En principio, en la Fiscalía de Distrito IV, Turno 3 de Córdoba, la causa trataba el caso de un hombre detenido en horario inhábil bajo la imputación de robo calificado por el uso de arma en barrio Cerro de las Rosas. Esta persona trabaja como funcionario en el aeropuerto Ambrosio Taravella (en la PSA) y soportaba una acusación fuera de lo común para una vida sin antecedentes penales. Supuestamente, había utilizado un cuchillo para robarle el celular a una vecina y a su madre.
Al designar abogado, el defensor Rubio se presentó ante el fiscal Klinger y ofreció una versión diferente, además de prueba técnica que podría revertir la acusación. Era un viernes a la tarde y ya no había tiempo de realizar muchas diligencias. El “reo” (cuyo nombre se omite) debió pasar el fin de semana en la cárcel de Bouwer hasta que el lunes pudieron tomarle testimonio.
La prueba contundente era un video de un vecino “anónimo y muy atemorizado” que logró captar el simulacro de robo que le habían fabricado al detenido. En las imágenes se apreciaba cómo la situación era totalmente distinta y que la víctima del robo del celular era él, y no ellas.
Cuando se escuchó al detenido, su versión aportó no pocos detalles que consiguieron aligerar notablemente el peso acusatorio. Klinger instó su sobreseimiento, concedido por el juez de Control y Faltas Carlos Romero. En los pasillos de Tribunales 2 todos coinciden que, sin el “video milagroso”, la situación de este hombre hubiera sido muy complicada.
Pese a todo, sufrió no pocos perjuicios laborales por tratarse de un funcionario público.
A la par, el fiscal dispuso abrir una nueva investigación. Comenzó solicitando antecedentes de la “denunciante” que, según comenzó a verificar, tenía por costumbre hacer simulacros para luego llegar primero a la comisaría y “primerear” con una denuncia falsa. En el caso del funcionario aeroportuario, la subcomisaría de calle Malbrán al 4.000 recibió lo que terminó con su detención por esa denuncia maliciosa.
La evidencia reunida permitió a Klinger detener a “la China” Miranda y a sus padres Héctor Daniel Miranda (68) y Silvia Norma Barberis (60), quienes también participaron de algunas acciones en contra de este y otros vecinos, y habían acompañado a su hija en las denuncias que se califican como presuntamente falsas.
Ambos progenitores de “la China” terminaron reconociendo a mediados de este año su responsabilidad y fueron condenados en juicio abreviado a penas de prisión en suspenso. Barberis falleció poco después.
Con la misma modalidad
La condena en Cámara 9ª remarca la gravedad de sus actos y la conducta delictiva de Miranda, que tiene sus antecedentes.
Además de esta condena de 3 años y 4 meses de prisión, a “la China” le queda pendiente de unificación otra sentencia de la Cámara 12ª en su contra de tres años de prisión de setiembre de 2024 por defraudación por estelionato (vendió bienes de su pareja) y coacción (también a su pareja). Esta causa tiene resolución pendiente en el Tribunal Superior de Justicia ante una casación de la defensa.
En aquella causa también denunció a su pareja por violencia de género y le hizo saber que ella tenía contactos en la Justicia que podían perjudicarlo. También en ese expediente, el hombre estuvo detenido varios días a raíz de sus denuncias. Como un mecanismo repetido, durante el juicio el abogado Luis León -que patrocinaba a su ex- también fue denunciado por supuesto acoso a ella en los pasillos de Tribunales 2. Esto fue totalmente desestimado.
En aquella sentencia, el vocal Gustavo Reinaldi le indicó que el sistema de protección de las mujeres frente a la violencia de género no debía utilizarse para esos fines.
El juez añadió que esa reivindicación se ve dañada “cuando esta misma perspectiva de género de las mujeres es utilizada en beneficio personal”.
Mentir para lograr detenciones
El aporte que Juan Pablo Rubio hizo a Klinger para revertir la falsa denuncia, consiguió que el fiscal advirtiera que la denunciante había sido condenada dos meses antes en la Cámara 12ª por una situación similar: denunciar a un hombre por hechos que no había cometido y para lograr sus propósitos.
El querellante Rubio, comentó a este diario que la reciente condena fue ajustada a derecho y manifestó que a pesar de que Miranda pidió disculpas, estas no fueron genuinas.
Luego, el penalista añadió que “es la segunda vez que la condenada Miranda por intermedio de testificar, denunciar falaz y mendazmente logra su cometido: privar de la libertad a quien se le interponga en su camino”.
El abogado penalista manifestó que “tal actitud de utilizar y enarbolar la violencia de género como medio coactivo, le quita seriedad y mancha aquella lucha genuina que las verdaderas víctimas vienen sosteniendo”.
