Habiendo alcanzado un acuerdo de juicio abreviado, el ayudante fiscal echado de la Justicia por acoso laboral y sexual a dos empleadas a su cargo, Ernesto Martín Morales (55), fue condenado este viernes a la pena de tres años de prisión de ejecución condicional por el delito de “lesiones psicológicas graves agravadas por violencia de género”.
Además, la Cámara 8ª del Crimen le aplicó una inhabilitación para ejercer cargos públicos por tres años y la obligación de realizar tratamiento psicoterapéutico orientado a la violencia familiar y de género.
El agente judicial fue sumariado y exonerado de la Justicia provincial luego de las graves acusaciones formuladas en su contra a partir de una denuncia que originalmente llevó a cabo la Asociación Gremial de Empleados del Poder Judicial provincial (AGEPJ). La presentación fue originada por las máximas autoridades del agrupamiento sindical, Federico Cortelletti y Agostina Noccioni.
Morales era el titular de la Unidad Judicial 21 (UJ21) de barrio Los Naranjos, al oeste de la ciudad de Córdoba hasta que se ventilaron los hechos de acoso laboral y sexual en perjuicio de mujeres. Finalmente, dos empleadas que estaban a su mando sostuvieron los cargos y esto generó que se le iniciara un sumario administrativo, fuera echado de la Justicia por el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) e imputado por el fiscal de Instrucción Juan Pablo Klinger.
La acusación avanzó, fue elevada a juicio y recibió sendas confirmaciones del juez de Control 3 Agustín Cafferata y de la Cámara de Acusación de Córdoba, que a fines de 2023 confirmó el plenario.
El juicio llegó a la Cámara 8ª del Crimen, donde el fiscal Hugo Almirón celebró un acuerdo con los defensores Alejandro Pérez Moreno y Juan Pablo Rubio.
El acusador en cámara destacó la instrucción que realizó el fiscal Klinger y haber alcanzado que la causa llegue a juicio y a condena. Explicó Almirón que con el acuerdo abreviado se quiso preservar a las dos mujeres que su debían declarar volverían a ser victimizadas. Una de ellas sigue siendo empleada judicial y está cursando un embarazo.
Fuentes judiciales también destacaron que se haya llevado a juicio a un exfuncionario judicial, se lo haya condenado y que se lo haga con una figura de mobbing o acoso laboral.
La acusación
El expediente instruido por Klinger tiene numerosos méritos difíciles de sostener porque fue realizado puertas adentro del ámbito laboral y, con un tema delicado, no es sencillo recabar testimonios y sostenerlos.
Klinger acusó a Morales de “lesiones graves, agravadas por mediar violencia de género, reiteradas” tras la investigación realizada a partir de las denuncias de dos jóvenes mujeres que relataron el maltrato al que Morales las habría sometido durante meses en su propia oficina.
La calificación tiene que ver con severas “secuelas psicológicas” constatadas por peritos, lo que el fiscal interpreta que debe entenderse como lesiones graves. Es una novedad jurisprudencial que este tipo de maltrato laboral y sexual llegue a ser considerado como “lesiones”.
Una condena con esta calificación legal no tiene precedentes en nuestro medio, refirieron las fuentes relacionadas con el caso.
Primero el sumario
El caso fue expuesto por iniciativa de AGEPJ que hizo las presentaciones en 2019 y consiguió que en diciembre separaran a Morales de su cargo y del contacto con las supuestas víctimas.
Comisionada por el TSJ, la oficina de Sumarios Administrativos del Poder Judicial, a partir de un informe de María Celeste Rinaldoni, determinó la responsabilidad de Morales en dos de los cuatro hechos denunciados.
Finalmente, en mayo de 2021 se produjo la cesantía por parte del Tribunal Superior de Justicia (TSJ).
De ese sumario, pueden extraerse matices de la gravedad de los hechos: “Tomó contacto físico inadecuado con algunas de sus dependientes, abrazándolas, tomándolas desde la espalda o de la cintura, tocándoles el cabello, la pierna a la altura de los muslos o sentando a una de ellas en reiteradas oportunidades sobre su falda (...) introduciendo también su mano por debajo de la remera de la agente”.
También se destacan en las actuaciones otros detalles de maltrato y de expresiones soeces para con las mujeres, jovencitas y a su cargo en la UJ 21 donde era la máxima autoridad.
Se indicó en las denuncias que Morales suministraba a las mujeres la clave de acceso al SAC (Sistema de Acceso de Causas) si accedían a sentarse en sus piernas.
Se reportó también en aquel momento que aquellas mujeres que no accedían a sus imposiciones sufrían sanciones como cambios de turno o trabajo durante los fines de semana.
